La Corte Suprema de Justicia de la Nación validó la resolución 1608 de la Cámara de Diputados mediante la cual fueron designados como representantes ante el Consejo de la Magistratura los diputados Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes, ordenando se les tome juramento. Eso ocurrirá el miércoles próximo.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti dictaron la acordada 34/2022 “para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura” y dieron por válida la resolución suspendida por Cecilia Moreau, presidenta del cuerpo de Diputados.

Más temprano, la Corte también hizo otra movida política, fallando a favor de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y confirmando la condena a Milagro Sala.

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La asunción de los diputados venía frenada luego de una sentencia de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal contra la designación de Reyes (UCR) por un amparo presentado por Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, y la suspensión por Cecilia Moreau de la resolución 1608 que designaba como representantes a Siley, Tailhade, González y Reyes. El Frente de Todos buscó equiparar la situación en Diputados, de Reyes, con la del Senado, dondelos jueces de la Corte decidieron darle la razón a Luis Juez, senador del PRO que reclama el puesto en la Magistraturaque corresponde a la segunda minoría del Senado, contra la resolución de Cristina Fernández que dividió el bloque en abril para que Doñate del Frente de Todos pueda ocupar ese lugar. Sin embargo, fue sobre el mandato anterior de los consejeros y la Corte tiene pendiente resolver este conflicto nuevamente.

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El Consejo de la Magistratura tiene 20 miembros desde que la Corte resolvió la inconstitucionalidad de la conformación anterior en diciembre del 2021, que había estado vigente desde el 2006. Sin embargo, por el momento solo hay 12 miembros. Además del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que volvió a ser la cabeza de la Magistratura luego del fallo que él mismo dictara, juraron los representantes de los jueces, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alejandra Provítola; de los abogados, Miguel Alberto Piedecasas, Héctor Pedro Recalde, María Isabel Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez; de los académicos, Hugo Galderisi y Guillermo Ricardo Tamarit, y del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

Había quedado trabada la jura de los cuatro representantes del Senado de la Nación y también la de los Diputados. Con esta decisión de la Corte, solo queda que juren los representantes del Senado.

El Consejo de la Magistratura viene siendo históricamente un terreno de disputa entre el oficialismo y la oposición, un lugar de verdadera rosca para acomodar jueces afines a uno u otro sector y ante eventuales acusaciones a un lado u otro de la grieta. Durante el 2022 la ofensiva judicial sobre el Gobierno estuvo marcado por avanzar sobre este organismo, sumado al avance del juicio de Vialidad y la sentencia persecutoria contra Cristina Kirchner mientras no se investiga realmente los entramados de corrupción que existieron bajo todos los gobiernos, los sobreseimientos que dan impunidad a Mauricio Macri y sus funcionarios en las causas de espionaje. Sin embargo, estas disputas por cuotas de poder que se profundizaron en el terreno judicial, se cerraron en acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio a la hora de votar el acuerdo con el FMI o el Presupuesto 2023, como parte de gobernar y aplicar el ajuste sobre millones.

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Estas idas, vueltas y disputas por parte de los partidos mayoritarios alrededor del Consejo de la Magistratura, es decir, por manejar la designación y remoción de los jueces, en nada modifican el carácter profundamente corrupto del poder judicial, siempre ligado a los poderes de turno, como volvió a mostrar la filtración del viaje a Lago Escondido. Un sistema perpetuado bajo los gobiernos de distinto signo político, peronistas, kirchneristas y macristas. Un poder ajeno a la influencia de la voluntad popular, que juzga y decide en función de preservar siempre los intereses de una minoría privilegiada en el actual sistema social.

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Por eso es necesario que los jueces y fiscales sean electos por el voto popular, junto a la revocabilidad de sus cargos. También terminar con sus sueldos y jubilaciones de privilegio y que los juicios sean definidos por jurados, entre algunas medidas elementales que podrían avanzar en terminar con los privilegios de esta verdadera casta parasitaria.