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La Fiscalía archiva la denuncia por las cargas de la policía y nueve detenciones ilegales en la huelga del metal de Cádiz

Concluye que el uso de una tanqueta y de abundante material antidisturbios de forma desproporcionada, denunciado por la Coordinadora de Trabajadores, "no es nada inhabitual" en un conflicto socio laboral.

Alejandra Correa

Miércoles 16 de noviembre
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La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado la denuncia presentada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) por una actuación desproporcionada de la policía y detenciones ilegales de manifestantes en la huelga del metal en Cádiz. La organización sindical solicitó que se investigara la actuación policial, es especial el lanzamiento de 900 pelotas de goma en sólo dos días y de 800 disparos de salva en una mañana.

A esta petición se le añadieron como prueba diferentes partes de lesiones producto precisamente de la actuación policial.

El pasado mes de enero, la CTM presentaba una denuncia donde detallaba “mala praxis policial” durante los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021, jornadas intensas en las calles, donde se produjeron fuertes enfrentamientos entre agentes de las fuerzas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y trabajadores del metal.

En las dos primeras jornadas, las fuerzas antidisturbios, además de pelotas de goma y cartuchos de salva, lanzaron entre 50 y 60 botes de gas lacrimógeno cada día contra lxs trabajadorxs del metal, según se aseguraba en el escrito presentado ante la Fiscalía.

Además, la denuncia incorporó vídeos de una tanqueta de la policía "arrasando" con todo lo que encontraba a su paso, en su recorrido por la localidad de San Fernando y el barrio obrero de Río San Pedro, en Puerto Real.

La Fiscalía, según la resolución firmada el pasado junio, entiende que no se aporta en la denuncia ningún "elemento indiciario" con un supuesto "designio criminal" que hubiera inspirado la actuación policial contra los manifestantes y que determinase la apertura de una investigación judicial por parte del ministerio público: "El que durante momentos de conflictividad socio laboral como el vivido en Cádiz durante el mes de noviembre de 2021 se produzcan hechos como los mencionados en la denuncia no es nada inhabitual y no refleja tampoco la existencia de un diseño policial que entrañara tintes de tipicidad penal", se subraya en el decreto de archivo.

El decreto de la fiscalía básicamente asume como válida la represión policial sufrida por lxs trabajadorxs mientras ejercían su legítimo derecho a huelga, si bien no es nada de lo que sorprenderse al ver una vez más a la justicia del régimen actuando en contra de los intereses de la clase trabajadora y defendiendo sus propios instrumentos de control y represión.

Así lo vemos también en el hecho de que la Fiscalía da crédito por completo al informe policial, en el que se alega que los hechos sucedidos entre los días 22 y 24 de noviembre "tienen como antesala un aumento progresivo, exponencial y un mantenimiento de la violencia contra los funcionarios policiales y bienes públicos y privados –del que se da cuenta exhaustiva en el oficio del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cádiz que consta en las actuaciones- enmarcados dentro del conflicto del metal que se extendió a prácticamente toda la Bahía".

En su decreto de archivo, contra el que no cabe recurso, la Fiscalía de Cádiz también rechaza que hubiese alguna ilegalidad en la detención de nueve personas en el transcurso de las manifestaciones que recorrieron la ciudad de Cádiz y el barrio Río San Pedro de la vecina Puerto Real entre los días 22 y 24 de noviembre, y que, según la CTM, fueron totalmente discriminatorias, contrarias a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a las propias instrucciones internas de la policía.

El abogado de la CTM, Pedro Castilla, denuncia que el decreto de la Fiscalía quebranta el Principio de Igualdad, según el cual las partes deben acudir en un plano total de equidad para la práctica de la prueba y el despliegue de sus alegaciones. El decreto de archivo se basa de forma exclusiva, a juicio del abogado, en un informe policial redactado al efecto, sin haber indagado nada sobre las alegaciones interpuestas por la CTM, acreditadas, a su entender, con la aportación de suficientes pruebas y documentación.

La denuncia de la Coordinadora de los Trabajadores del Metal incluía partes de lesiones de varias personas que sufrieron heridas a consecuencia de las cargas policiales y el uso de material antidisturbios, una de las cuales, además, tuvo que darse de baja en el trabajo por un fuerte hematoma originado por el impacto de una bala de goma.

Igualmente, incorporaban partes de daños en vehículos estacionados, que, presuntamente, fueron ocasionados por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Todas estas han sido desestimadas por la Fiscalía y, en palabras del abogado, “no se ha hecho un esfuerzo por aclarar nada”.

La actuación de la Fiscalía en este caso, si bien indignante y denunciable, no es nada fuera de lo común. Es a través de estos métodos como se legitima no solo la existencia de las fuerzas represoras del Estado sino su papel para “preservar el orden”, atacando directamente a la clase trabajadora y otros sectores oprimidos que intentan luchar contra él, especialmente en momentos de lucha tan cruciales como es una huelga en un sector de producción esencial para la industria. Se demuestra que la “justicia” que se busca impartir desde el sistema no es más que una defensa de los intereses capitalistas y el orden establecido.


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