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La Fiscalía inicia la persecución, la única respuesta posible es una gran movilización social

Mesa del Parlament y Govern querellados y todas las policías llamadas a frenar el 1O. La desobediencia institucional toca su techo. Solo la movilización social puede frenar esta ofensiva.

Santiago Lupe

Jueves 7 de septiembre de 2017
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Foto: FERNANDO VILLAR / EFE

El Fiscal General del Estado ha sido el primero en anunciar medidas contundentes contra la aprobación de las leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica aprobadas por mayoría en la tarde de ayer por el Parlament de Catalunya. En una breve comparecencia ha anunciado la presentación de dos querellas criminales ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Una contra los miembros de la Mesa del Parlament que aceptaron a trámite ambas leyes -solo los que votaron a favor- y otra contra todos los miembros del Govern que firmaron anoche el Decreto de convocatoria del 1 de Octubre.

Así mismo, y antes incluso que la convocatoria de referéndum haya sido anulada por ningun juez -algo que sucederá en horas de manos del Tribunal Constitucional- ha emitido órdenes a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra para investigar cualquier paso que se de encaminado a hacer posible la votación del 1O. Todo con el apoyo de los Fiscales Generales de Catalunya, Girona, Tarragona, Lleida y Barcelona.

La Guardia Civil, como alumno aventajado de esta escuela de persecución, ya viene realizando estas funciones sin necesidad de ningún requerimiento judicial. Agentes de la Benemerita están desde la tarde de ayer instalados en las puertas de una empresa gráfica de Constantí (Tarragona) parando a todos sus trabajadores y registrando sus vehículos a la salida de la fábrica.

Los anuncios del Fiscal son solo la primera de las medidas que se sucederán en las siguientes horas y días. El Consejo de Ministros está reunido y preparando cuatro recursos de anticonstitucionalidad. Previsiblemente el Constitucional anulará todo lo aprobado en el Parlament en relación al 1O en las siguientes horas.

El PP y la Judicatura cuentan en esta ofensiva con el apoyo de la Corona, del PSOE y Cs y de la mayor parte de la prensa y televisión, que vienen haciendo una brutal campaña contra el 1O al que incluso tachan de golpe de Estado. Lamentablemente la izquierda institucional, com IU y Podemos a la cabeza, mantienen una ambigüedad cómplice. Se niegan a apoyar el referéndum y aunque rechazan las medidas represivas en curso, su defensa a rajatabla de la legalidad constitucional es un apoyo al fundamento en que estas medidas del gobierno central, los jueces y las policías se basan.

La desobediencia institucional que ahora parece asumir Junts pel Sí tiene también las horas contadas. Su límite se llama Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Como evitar que estas policiales judiciales cumplan las órdenes de Fiscalía y TC?

La pelota está, más que nunca, en impulsar una gran movilización social. Que los sindicatos convoquen paros y asambleas en los centros de trabajo, que la izquierda independentista de la CUP rompa con su confianza en que Puigdemont y Junqueras irán hasta el final, y llame a manifestaciones en la calle, que el curso estudiantil comience con asambleas, paros y huelgas en defensa del 1O, que en el resto del Estado se organicen por los sectores que apoyan el derecho de autodeterminación movilizaciones de solidaridad... Y al mismo tiempo que los sectores de Podemos, IU y los “comunes” que honestamente defienden el derecho a decidir, rechacen el giro constitucionalista de sus dirigentes y se sumen a estas movilizaciones en Catalunya y el resto del Estado.

Estas son las únicas medidas que pueden hacer posible el referéndum y derrotar la ofensiva que acaba de anunciar el Fiscal General.


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Santiago Lupe

Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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