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MADRID

La Judicatura tumba las restricciones del gobierno central

El TSJM da la razón a la Comunidad de Madrid y tumba las restricciones de movimiento aprobadas por el gobierno central. Ambos se disputan quien quedará como responsable de la segunda ola. Ninguno presenta un plan de emergencia que preserve realmente la salud pública.

Jueves 8 de octubre | 11:28

La Judicatura vuelve a golpear al gobierno de coalición. Ayer se conocía la instrucción del juez de la Audiencia Nacional para solicitar la imputación al vicepresidente Iglesias en el Supremo. Hoy ha sido el Tribunal Superior de Justica de Madrid quien ha tumbado las restricciones de movilidad en la capital y una decena de municipios más en la Comunidad.

Estas medidas fueron aprobadas hace seis días desde el ministerio de Sanidad y la mayoría del Consejo Interterritorial de Salud, con la oposición de los gobiernos autonómicos de Madrid, Galicia y Andalucía, en manos del PP.

El plan de Illa ponía fin a los confinamientos selectivos y de clase de Ayuso, que habían apoyado desde Moncloa en un principio e incluso colaboraron en sostener con el envío de policías nacionales. Unas medidas segregadoras generaron diversas protestas, algunas de las cuales fueron reprimidas por los antidisturbios a cargo del ministro Marlaska y el delegado del gobierno en Madrid.

Jurídicamente el dictamen del TSJM está cargado de arbitrariedades. Acusan al ministerio de Sanidad de vulnerar con sus medidas derechos fundamentales y le exigen que para ellos modifique la Ley de Salud Pública mediante una nueva ley orgánica u ordinaria.

No vieron estos mismos jueces ninguna vulneración de derechos sin respaldo en una nueva ley cuando las restricciones afectaban a los barrios populares del sur de Madrid. Tampoco la Judicatura ha visto esta vulneración en las más de 20 ciudades de fuera de la Comunidad de Madrid donde se están aplicando. Sánchez ya ha adelantado desde Argelia, donde está de viaje oficial, que no descartan volver a declarar el estado de alarma si es necesario.

En esta disputa entre la Judicatura, en esta ocasión alineada detrás del PP, y el gobierno central, no hay un bando a favor de la defensa de la salud pública. Tanto Ayuso, como el gobierno Sánchez-Iglesias, siguen sin presentar ningún plan serio y siguen apostando todo a recurrir a la medida medieval del cierre de barrios o ciudades. Para ello tanto unos como otros hacen uso de herramientas bonapartistas, bien sea el brazo de la Judicatura que hace años actúan de árbitro de los sectores más búnker del régimen, bien sea tirando de legislación de excepción como el estado de alarma.

Los dos bandos quieren hacer responsable unilateral al otro del crimen social que se está produciendo en la Comunidad de Madrid y que se va extendiendo al resto del Estado. Pero unos y otros son responsables. Mientras se siguen peleando por las culpas, los muertos los siguen poniendo las clases populares, una vez más las más golpeadas por esta pandemia.

Ni Ayuso, ni Sánchez e Iglesias, han dispuesto en estos meses los recursos necesarios para la contratación urgente de sanitarios, el aumento de rastreadores, el refuerzo de la atención primaria, de los recursos necesarios para un retorno seguro a las aulas... Todas las reivindicaciones de los sindicatos de sanidad y educación han sido sistemáticamente ninguneadas por el gobierno central y el autonómico.

Muchos menos han tratado de intervenir los recursos disponibles para atajar la segunda ola. Ni se han intervenido y habilitado hoteles e inmuebles de los especuladores para garantizar aislamientos en condiciones dignas, ni mucho menos se ha intervenido la sanidad privada y los laboratorios para incorporar todas sus camas, UCIs y capacidad de testeo a un sistema único de salud bajo control de sus trabajadores y trabajadoras.

Para garantizar sus planes solo se necesitan policías y multas. Para garantizar un plan que realmente pusiera por delante la salud pública de las mayorías sociales sería imprescindible la imposición de impuestos a las grandes fortunas para financiarlo y medidas punitivas contra la gran propiedad. Ni “progresistas” ni “conservadores” están por cruzar esa línea.

Un plan así no saldrá ni de Moncloa, ni de la Puerta del Sol. Para imponerlo será necesario que los sindicatos, junto a las organizaciones sociales, vecinales y la izquierda que no es parte del gobierno “progresista” impulsemos un proceso de organización y movilización.

Desde la CRT venimos apoyando la convocatoria de huelga general lanzada por la CGT en Madrid. Lo hacemos defendiendo que ésta debe ir acompañada de impulsar asambleas en los centros de trabajo, estudio y barrios, para lograr imponérsela a loas direcciones de los sindicatos mayoritarios.

Podemos, IU y el PSOE quieren que los sectores populares actúen como una base social de apoyo pasivo a sus decisiones “en contra de la derecha”. Esto es tanto como condenarnos a ser convidados de piedra mientras la pandemia y la grave crisis social siguen avanzando. Es hora de pelear de forma independiente y con nuestros propios métodos por imponer un programa de emergencia que incluya, entre otras medidas urgentes, el aumento del presupuesto para sanidad, la expropiación de la sanidad privada, licencias pagadas para las cuarentenas y el cuidado de dependientes, un refuerzo del transporte público controlado por sus trabajadores, las medidas que garanticen un retorno a las aulas seguro, una renta de emergencia para todos los que se hayan quedado sin ingresos, la derogación de las reformas laborales, la prohibición de los despidos, impuestos a las grandes fortunas y el fin de la militarización de nuestras calles y barrios.






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