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La Ley Aragonés no se aprobará en el Parlament de Catalunya

Definitivamente la Ley Aragonés no se aprobará en el Parlament de Catalunya. La comisión de Economía y Hacienda por medio de los partidos de la oposición han votado en contra y no entrará al pleno del Parlament.

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Martes 4 de febrero

EFE/Quique Garcia

Definitivamente la Llei Aragonès no se aprobará en el Parlament de Catalunya. La comisión de Economía y Hacienda por medio de los partidos de la oposición ha votado en contra y no entrará en pleno del Parlament.

Tan solo han votado a favor del borrador de la Ley de contratos de servicios a las personas ERC, la formación que lo impulsaba, y JxCat, que ya anunció que "con esta Ley el Gobierno de la Generalitat da un paso hacia la gestión pública-privada en Catalunya". Por su parte, la CUP y En común Podem, así como PP, Ciutadans y el PSC han votado en contra.

De esta forma, la Ley Aragonés ve truncado su camino hacia una aprobación que pretendía ser exprés por su lesividad en las consecuencias laborales en materias como educación, sanidad y cuidados.

Y es que el borrador de Ley que llevaba la autoría del vice president de la Generalitat de Catalunya y dirigente de ERC, Pere Aragonès, tenía como objetivo impulsar un marco más concreto para la externalización de los servicios públicos.

Es decir, con la regularización administrativa de las privatizaciones por parte del Govern de la Generalitat, servicios como la educación, la sanidad o los trabajos de cuidados hacia los sectores más necesitados se verían reducidos en manos de los intereses capitalistas, repercutiendo en los necesidades básicas de los usuarios. Además, con la aprobación de esta Ley se profundizaba en una precariedad laboral que, a la vez, viene siendo la principal palanca para la recuperación económica del Estado español durante estos últimos años.

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Así lo ha venido denunciando y combatiendo la Plataforma Aturem la Llei Aragonès. Una plataforma de la cual forman parte más de un centenar de colectivos sociales, junto a diferentes organizaciones políticas y sindicales, y que lleva meses movilizandose con el objetivo de parar la tramitación de la ley y que se apruebe en el Parlament.

No obstante, no es puede perder de vista que la mercantilización de los servicios públicos está al orden del día para los partidos y que la regularización de esto, de una forma u otra, será el leitmotiv sobre el cual girará el modelo capitalista de las administraciones públicas de las próximas décadas. En este sentido, precisamente, el PPC ha votado en contra de la Ley porque no se habían asumido ninguna de sus enmiendas destinadas a hacerla todavía más agresiva.

Por otro lado, la batalla de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya sigue en pie. Si bien En común Podem ha votado en contra de la aprobación de la Llei Aragonès, en ningún momento ha querido vincular esta decisión al pacto que mantiene con el Gobierno para la aprobación de unos presupuestos que no consiguen ofrecer un gasto social que dé respuesta a las necesidades de los sectores populares y la clase trabajadora.

Una cuestión que, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad que después de la aprobación de los presupuestos En común Podem no se oponga a una nueva Ley que abra la puerta (todavía más) a las privatizaciones y la precariedad laboral.

Ante esto, es necesario que la Plataforma Aturem la Llei Aragonés continúe luchando y defienda unos “servicios públicos de calidad, de titularidad, gestión y provisión 100% pública, con la participación activa de usuarios/as y trabajadores/as, como garantía de los derechos universales y como principal motor de la economía”, tal como plantea en su manifiesto.

Pero, además, masivizar la movilización en las calles y en los centros de trabajo entre todos los sectores públicos para imponer medidas como la internalización de los servicios que hoy ya están en manos de grandes empresas privadas, sin ningún despido, bajo gestión de los propios trabajadores y sin esperar ninguna "medida de gracia" por parte de PSC o los comunes, es el primer paso para empezar a poner los cimientos para garantizar en su conjunto la gestión pública y atacar consecuentemente el grave problema de la precariedad laboral y la desocupación.






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