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La Transición y la ley de Amnistía no se tocan

A pesar del revuelo causado por el apoyo de Bildu a la ley de Memoria Democrática y la ampliación de los hechos investigados hasta 1983, el PSOE deja claro que la Ley de Amnistía de 1977 es inamovible y por lo tanto todo quedará, como siempre, en meras reparaciones morales y simbólicas.

Jorge Calderón

Miércoles 13 de julio
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El jueves 14 de julio la ley de Memoria Democrática saldrá adelante al contar con los apoyos suficientes, ya que además de EH Bildu y evidentemente PSOE y UP, votarán a favor en el Congreso otras formaciones como el PNV, PdeCAT, Más País o Compromís. Votarán en contra además de toda la derecha y extrema derecha (PP, Cs y VOX), los republicanos catalanes, ERC, que critican que la ley se queda corta en muchos aspectos.

Algunos cambios, pero mismo espíritu que la aprobada por el Consejo de ministros
Durante su largo tramite parlamentario, la ley ha sufrido algunos cambios con respecto a la que fue aprobada por el Consejo de ministros hace un año y que ya analizamos detalladamente en un artículo anterior. Sin embargo estos cambios, no cambian el “espíritu” y la finalidad última de la ley, es decir, perpetuar el “pacto de silencio y olvido” impuesto en la Transición.

Toda la ley se basa en reparaciones morales o simbólicas, pero en ningún momento penales, ya que para ello habría que derogar la “sagrada” ley de Amnistía de 1977. Tampoco se detalla con exactitud, si va a ver algún tipo de compensación económica a aquellos y aquellas que su patrimonio fue “robado” por la dictadura franquista.

Las enmiendas introducidas en sede parlamentaria hacen referencia a algunos aspectos concretos pedidos por las asociaciones de víctimas y memorialistas. Lo más importante es que ahora será el Estado el encargado de buscar, identificar y, en su caso, exhumar los restos de los desaparecidos, más de 100.000.

Mediante la puesta en marcha de planes estatales y plurianuales de exhumaciones, la Administración será la responsable de buscar los restos de miles de personas represaliadas. Y lo hará de oficio o por solicitud. Hasta ahora, esta labor la llevan a cabo asociaciones de memoria histórica a través de subvenciones.

Otros cambios hacen referencia a la resignificación del Valle de los Caídos, como lugar de memoria, con el nombre de Valle de Cuelgamuros, el nombre del campo de concentración que allí hubo. Para ello también se exige la salida del cadáver del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

También se habla de fortalecer el estudio histórico de la época, a través del fortalecimiento y mejora de los archivos y los contenidos educativos en las aulas. Por último, se concede la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, pero llega tarde y, por edad, es difícil que signifique algo, ya que el último superviviente del que se tenía constancia falleció el año pasado. Por eso, se ha incluido una enmienda de UP que prevé otorgársela a los descendientes.

A pesar de incluir algunas demandas históricas de las asociaciones de víctimas, como que sea el estado el responsable de las exhumaciones de fosas, el texto definitivo de la ley sigue sin incluir algunas de sus principales reivindicaciones como reconocer explícitamente el derecho a la indemnización económica como parte de la reparación integral de las víctimas.

O la principal, derogar la ley de amnistía de 1977, para poder juzgar a los asesinos y torturadores de la dictadura. Por ello, estas asociaciones, siguen calificando la ley de “tibia, timorata y tímida” y oponiéndose a ella.

¿Realmente se van a estudiar y juzgar los crímenes de la Transición?

Sin lugar a duda el cambio que más polémica ha suscitado y que más ha hecho levantarse a la caverna mediática y política, es la enmienda pactada con Bildu, para que esta formación dé su apoyo final a la ley. Se trata de la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado “por la consolidación de la democracia”. Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González.

La ley, señala que “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación”.

En cuanto a su composición pocos detalles se conocen al respecto. Solo se indica que tendrá carácter de estudio, estará compuesto por historiadores y especialistas y servirá solo para identificar a estas víctimas.

A pesar de estas bonitas palabras, el propio Pedro Sánchez, en el reciente Debate del Estado de la Nación, ha dejado claro literalmente que “La transición, la constitución y la ley de amnistía no se tocan”. Es decir, la comisión solo va a servir para identificar a las víctimas, pero en ningún momento para juzgar a los verdugos.

Casi 600 muertes por persecución política yviolencia policial quedarán sin resolver

Como vemos, la respuesta a la pregunta que hacíamos en el aparato anterior es clara; no. Todos los asesinatos, casi 600 según numerosos historiadores, cometidos por los cuerpos y fuerzas represivas del Estado o por miembros de la extrema derecha producidos durante la transición o los años posteriores quedarán impunes.

Casos como el asesinato a mano de la Policía Armada de Germán Rodríguez durante las fiestas de Sanfermines en Pamplona el 8 de julio de 1978. El de Gustavo Muñoz, un joven activista de 16 años asesinado por un agente de la Policía Nacional en Barcelona durante la manifestación de la Diada de 1978. Crímenes tan conocidos como el asesinato de Yolanda González, estudiante de electrónica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, a los 16 años por dos miembros de Fuerza Nueva en febrero de 1980. Incluso casos tan conocidos, como el de los jóvenes vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala, torturados, asesinados y enterrados en cal viva por los GAL en otoño de 1983. Todos ellos seguirán quedando impunes y sus verdugos libres, como hasta ahora.

Estos crímenes rompen con la idea que nos han querido vender de una transición modélica y pacífica. Como señala, en declaraciones a Público.es el periodista Mariano Sánchez, autor del libro “La Transición sangrienta” (Península), donde documentó 591 muertes por persecución política y violencia policial entre 1975 y 1983: “Pese a aprobarse la Constitución, se asesinaron a tiros a personas porque sí. La mayoría de estos asesinatos eran ejecutados por los propios cuerpos de seguridad del Estado y por grupúsculos de extrema derecha asociados a estos. Esta vinculación de ultraderechistas con los servicios de información del régimen franquista, primero, y una vez muerto Franco, con funcionarios del aparato en activo, se conoce como tramas negras. Durante la Transición, se cambiaron los nombres de las instituciones, pero las personas que trabajaban para ellas y ordenaban eran las mismas”.

Acabemos con la impunidad del franquismo

Vemos claramente como esta ley solo intenta mantener el pacto de silencio y olvido, basada en la ley de amnistía de 1977 y el relato falso de la Transición. Solo busca un reconocimiento moral y simbólico, pero en ningún momento devolver lo robado, o juzgar a los asesinos ni juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura y la posterior transición y primeros años de la actual “democracia”.

El ejemplo más claro es la creación de esta comisión. ¿De verdad alguien puede confiar que una comisión creada y formada por el mismo Estado y partidos del Régimen que llevan años ocultando y amparado los crímenes pasados va a aportar algo de luz?. ¿Los verdugos se van a juzgar a sí mismos? Está claro que no.

Solo una comisión formada por historiadores independientes y sobre todo asociaciones de víctimas, sin ninguna representación estatal ni de ningún cuerpo y fuerza represiva del Estado podrán juzgar estos crímenes. Solo las víctimas, sin los verdugos, pueden juzgar y condenar.
Los luchadores, la clase obrera, pusimos la mayoría del medio millón de asesinados por el franquismo y los cientos de miles más que tuvieron que irse al exilio o pudrirse en las cárceles y campos de concentración franquistas.

Para nosotros no hay placas, ni homenajes, ni grandes actos, sólo silencio y olvido por parte del Régimen del 78. Como hijos y nietos de los represaliados por el franquismo no nos fiamos de ellos. Estamos en contra de cualquier intento de lavar la cara al Régimen heredero del franquismo, a la vez que se condena institucionalmente la Revolución española. Este Régimen no ha juzgado, ni lo pretende, a ningún asesino y torturador. Solo busca reactualizar el falso “consenso de la Transición” en nuestros días, para apaciguar todas las voces que podrían salirse del marco constitucional.

Sabemos que, bajo este Régimen del 78 surgido de la “Transición” pactada y de la “traición” de los principales dirigentes de la oposición antifranquista de izquierdas es imposible. Ya no solo el gobierno de PSOE-UP, representantes de esta oposición traidora, apoya leyes como la actual de Memoria Democrática, que perpetúan el olvido, silencio y amnistía de la Transición, sino que vemos ahora como se suma la izquierda abertzale, representada hoy en día por EH-Bildu, una de las fuerzas políticas que más sufrió la represión y el asesinato en durante la transición y durante estos años de “democracia”.

Por todo ello, hoy más que nunca, reivindicamos la memoria de tantos compañeros y compañeras que dieron su vida o fueron represaliados por luchar contra la dictadura, y el régimen continuador que vino después. Nosotros y nosotras queremos mantener viva esa llama de lucha para acabar con este Régimen corrupto.


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Jorge Calderón

Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza

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