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EDUCACION PÚBLICA

La derecha andaluza pide que el dinero siga fluyendo a la escuela concertada

La Junta de Andalucía pedirá al Gobierno central que la educación concertada andaluza reciba dinero del fondo que Madrid destina a la educación como consecuencia de la pandemia.

Viernes 12 de junio | 13:36

Javier Imbroda (Ciudadanos), Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, ha expresado su posición en una reunión sectorial de las Comunidades Autónomas con la ministra de Educación Isabel Celaá: quiere que los centros de educación concertada de Andalucía reciban dinero público por parte del Gobierno Central. El fondo que maneja el Gobierno es de 2000 millones de euros para el conjunto del Estado y su reparto se decidirá en Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esta preocupación porque el dinero fluya a manos privadas es una característica de los gobiernos andaluces, tanto del PSOE como ahora de la derecha andaluza, que llevan años recortando a la escuela pública y a las universidades. El recorte a la escuela pública por mucho que insista Susana Diaz y sus diferentes palmeros en su organización o entre sus aliados, no comenzó con la llegada de la derecha al poder. Sectores de docentes en luchas o desde el movimiento estudiantil llevan años denunciando las políticas de recortes del PSOE andaluz en temas educativos, como la eliminación de líneas educativas en institutos o los recortes en la universidad. Javier Imbroda, ante esta situación, solo llegaría a hacer explícita esa mercantilización de la educación, esa promoción del negocio en que se está convirtiendo los centros educativos en la región.

Decimos que se promociona el negocio privado, porque Imbroda, antes de ser Consejero de Educación, poseía una empresa de formación profesional privada, un tipo de negocio que no ha dejado de favorecer desde su llegada al Ejecutivo andaluz. Con decretos de escolarización que favorecían a la educación concertada que introducían un centro de este tipo en cada área de influencia, vaciando la escuela pública como denunciaba la CODAPA (Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública) en febrero. Al otorgar a las familias la máxima puntuación para acceder a colegios concertados, aunque estén fuera de su distrito educativo, se buscaría asegurarles el alumnado al mismo tiempo que se reduce el de las escuelas públicas. Esto se complementaba con el cierre de centros educativos públicos bajo la excusa neoliberal de la eficiencia económica, algo que llevó a principios de años a procesos de lucha y huelgas en el sector de la educación, como fue el caso de Granada donde se logró parar temporalmente parte de las medidas.

A esto se suma que hace poco se recortaron 135 millones de euros del presupuesto de las Universidades Públicas andaluzas, lo que supone un duro golpe al futuro de las estudiantes, docentes e investigadoras de Andalucía. En un contexto próximo de crisis económica, parece tomar forma la manera en que la derecha andaluza pretende salir de la crisis, abriendo nuevos mercados al privatizar los servicios públicos, de la misma forma en que lo hacen en otras regiones del Estado español.






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