Este martes la sección cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo comenzará el proceso en el que se decide si finalmente se ejecuta el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos a destinos como el Cementerio de Mingorrubio en El Pardo (costeado con dinero público) o la Catedral de la Almudena en Madrid (sorpresa, mantenida con dinero público).
Esa misma sala decidió en febrero que el impuesto hipotecario que era válido, no aclarando que las aseguradoras con las que los bancos contratan el pago de los planes de pensiones debieran cumplir las mismas normas de transparencia que rigen para la banca y de esa manera aclarar en qué condiciones se dan esos contratos con la total transparencia y aprobación de los ahorradores.
¿Qué antifranquismo se puede esperar del Tribunal Supremo? Durante estas cuatro décadas de democracia pactada con la dictadura, el TS se ha negado a anular los juicios sumarísimos porque “se ajustaba a la legalidad de aquella época”. El 4 de junio, la misma sala ya acordó por unanimidad suspender la exhumación del dictador Francisco Franco a la espera de estudiar el recurso presentado por la familia Franco y poder resolver sobre el fondo del asunto.
El Valle de los Caídos fue construido mayoritariamente por presos del bando republicano en condiciones de semiesclavitud, una gran parte de los que trabajaron en la construcción del Valle de los Caídos se dejaron la vida en la misma, debido a las extremas condiciones de trabajo a las que fueron sometidos.
Finalmente el mismo Franco fue enterrado en esta Basílica en noviembre del 75 con honores propios de un Papa. Desde entonces este complejo se convirtió también en una lucrativa fuente de negocios bajo gestión directa de la Iglesia, con ingresos provenientes de los turistas de alrededor de dos millones de euros al año.
Según cifras historiográficas fueron alrededor de 400 mil los presos políticos que el Régimen utilizo como trabajadores forzados. Esta práctica fue habitual en los países que cayeron bajo las botas del fascismo. Pero a diferencia de Alemania o Italia, en España estas empresas nunca fueron obligadas a reconocer y reparar económicamente a las víctimas que pasaron por esta situación. Por tanto muchos de los que actualmente deben sus grandes fortunas al trabajo esclavo franquista gozan hasta el día de hoy de una impunidad absoluta.
Ahora cuando de nuevo estamos en medio de una crisis del Régimen del 78, el ADN franquista sale a relucir. De esta manera en los últimos meses asistimos a una ola represiva que ha llevado a la cárcel a dirigentes independentistas, raperos, tuiteros, periodistas y líderes sindicales. Queda abierta la cruzada por vía judicial y sin cuartel que se abre contra los derechos y las libertades por parte del Régimen del 78 hacia todos los sectores populares del conjunto del Estado español que vienen cuestionando el sistema.
