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CONSEJO DE MINISTROS

La farsa del escudo social: El Gobierno retrasa la prohibición de los desahucios y el corte de servicios básicos a los más vulnerables

El Consejo de Ministros “más progresista de la historia” retrasa las dos medidas sociales que aunque insuficientes son las de mayor impacto, la prohibición de los desahucios y la prohibición de cortar a los colectivos más vulnerables servicios básicos como la luz o el gas.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Miércoles 9 de diciembre de 2020 | 17:57

La carta a los Reyes Magos enviada por los Fondos Buitre, Bancos y Energéticas ha sido leída y aceptada por el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez e Iglesias. Esto, en medio de una pandemia sin precedentes, con un paro “camuflado” por los ERTEs que aun así alcanza el 16% este tercer trimestre del 2020, según datos de la EPA publicados en el INE, y con más de 1.000 desahucios en el mismo periodo de tiempo.

Es en este contexto que desde Moncloa han considerado oportuno retrasar hasta final de año la decisión de prohibir los desahucios y los recortes en servicios esenciales en estas fechas como la luz y el gas.

Por contra, desde el Consejo de Ministros han decidido ampliar las ayudas que se están otorgando dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el 2022. Pero estas ayudas, al calor de las duras cifras especialmente en materia de desahucios, parecen más bien ineficaces.

Según cifras del INE, entre julio y septiembre (tercer trimestre) se produjeron 1.804 desahucios de viviendas, un 82,2 % más que en el mismo trimestre de 2019. Es decir, tras la moratoria por el Estado de alarma que se extendió durante el segundo trimestre, hubo barra libre para los especuladores de la banca y los fondos buitre.

Los mismos datos del tercer trimestre reflejan que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 55 % del total. De ellas, 1.804 eran lugar de residencia habitual. Mientras gastan millones en campañas y en controles y despliegues policiales para decirnos que nos quedemos en casa, nos echan a patadas de las mismas.

¿Qué clase de escudo social han lanzado desde el Gobierno? ¿Para quién era ese escudo? Las solicitudes del (selecto e insuficiente) Ingreso Mínimo Vital se acumulan y a fecha de hoy apenas el 30% han sido tramitadas. Al menos ocho de cada diez solicitantes no han visto aún resuelto su expediente, mientras el Instituto Nacional de la Seguridad Social continúa desbordado, como aseguran fuentes oficiales.

Ahora bien, las grandes multinacionales del Ibex35 se amontonan a las puertas de Moncloa para solicitar suculentas ayudas de los fondos europeos para “digitalizar” o “ecologizar” sus sedes. Vamos, sanear sus cuentas y aumentar los dividendos pero dicho de forma “cool”. Y son atendidas con celeridad para cumplir sus peticiones. Eso sí es un verdadero escudo.

Ya no son sapos “lo que se tragan” Podemos e Izquierda Unida, más bien podríamos hablar de hipopótamos, pero más allá de la comparación que podamos buscar para expresar esta última noticia, lo cierto es que es esto no es nada que pueda sorprender, dada la absoluta integración de estas dos formaciones en el Régimen del 78, donde a duras penas les queda el papel de “sector crítico” del Ejecutivo. Algo que a la vista de los presupuestos aprobados y las últimas medidas también se podría discutir.

Ante la voluntad de las empresas del Ibex35 de hacer negocio a costa de nuestra salud y de la complicidad del Gobierno y las burocracias sindicales de CCOO y UGT para que así sea, hay que plantear un programa con medidas radicalmente opuestas. El problema de la vivienda sigue siendo una de las necesidades más acuciantes de una inmensa parte de la población. Por ello es necesario imponer un programa que ponga en el centro nuestras vidas, empezando por prohibir los desahucios y expropiar las viviendas vacías de los fondos buitres, bancos y grandes tenedores, para ponerlos al servicio de aquellos que hoy no tienen un techo o deben aislarse por estar contagiados por la covid19.

Además esto debe hacerse para que estas viviendas expropiadas sean la base de un parque de viviendas público cuyos alquileres no superen el 15% del salario familiar. Al mismo tiempo, es necesario imponer la derogación de la Ley del Suelo y la socialización de todo el suelo urbano y establecer un plan urbanístico al servicio del pueblo. Y por supuesto que no se corte el acceso a los suministros básicos, y mucho menos en estas fechas de frío.

Es hora de levantar un proyecto político anticapitalista y de clase para defender los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. No permitamos que descarguen esta crisis nuevamente sobre nosotros, que esta vez la paguen los capitalistas.






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