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La fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para Laura Borràs

La fiscalía acusa de prevaricación a Laura Borràs, presidenta del Parlamento de Catalunya. El Régimen del 78 solo tolera las prácticas corruptas de los suyos. A pesar de esto, los herederos del pujolisme nunca serán de los nuestros.

Arsen Sabaté

Jueves 14 de julio
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Este jueves se ha hecho público que la Fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental a Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya. En el escrito de acusación presentado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el fiscal acusa Borràs de haber adjudicado contratos menores sin concurso desde la Institució de les Llengues Catalanes entre 2013 y 2017, mientras la actual presidenta era directora de esta institución.

El juez de instrucción ya procesó Borràs por los mismos supuestos hechos, por delitos de malversación y fraude administrativo antes de cerrar la investigación el pasado 26 de junio. Ahora es el turno de la defensa y los recursos presentados por Gonzalo Boye.

Las supuestas prácticas corruptas de Borràs no pueden sorprender a nadie. La formación política de la cual también es presidenta Laura Borràs, JxCat, es heredera directa del pujolisme. Su partido proviene directamente de la vieja Convergència Democràtica de Catalunya y sus sucesores. Partidos de los cuales nunca han renegado y que tienen un enorme prontuario de casos de corrupción sin fin, bajo la dirección de los “honorables” Jordi Pujol o Artur Mas.

Solo para recordar los más sonados podemos nombrar el caso Palau, el 3%, todas las sedes de Convergència embargadas, las ITV de Oriol Pujol o las cuentas del padre Florenci en Andorra. Escándalos con los cuales se han enriquecido durante años los representantes directos de Fomento y el círculo de Economía y que han contado con la connivencia del Régimen del 78 y su Judicatura.

Este trato de favor fue desapareciendo al tiempo que se llevaría la persecución política contra el independentismo. Tampoco puede sorprender a nadie este cambio, y nadie puede pensar que se hace para luchar contra la corrupción por parte de los mismos que la han consentido y lo siguen haciendo todavía por sus políticos afines.

El Régimen del 78, con la justicia española al frente, sigue manteniendo en pie una ofensiva de persecución y represión contra el movimiento democrático catalán y sus dirigentes. Lo vimos recientemente con el caso del espionaje del Catalangate o las más de 4.000 causas judiciales desde el uno de octubre de 2017. La judicatura lleva muchos años haciendo el trabajo sucio que necesita la Monarquía y el Régimen para liquidar definitivamente las aspiraciones democráticas del pueblo catalán.

Si parte de esta campaña cuenta con la facilidad de que una parte de estos dirigentes son los mismos corruptos y aplicadores de las peores políticas neoliberales en Catalunya, la tarea resulta todavía más fácil. Esta es la lectura completa del caso Borràs.

La noticia de la Fiscalía llega el mismo día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anunciaba que rehúsa la decisión belga de no extraditar al ex conseller Lluis Puig, avalando así la persecución al independentismo desde Europa.

El cliché del Europa ens mira parece hundirse y para entender esto hay que ver la fotografía ampliada de un viraje a la derecha en el conjunto de la Unión Europea a raíz de la guerra en Ucrania y la política belicista del imperialismo europeo.

Rechazar y enfrentar toda esta escalada represiva contra el movimiento democrático catalán, pasa por no comprar ni el argumentario de los jueces luchadores contra la corrupción, ni de la corruptela convergente que se quiere esconder detrás de la senyera para mantener la impunidad.

Se vuelve más necesario que nunca retomar una gran movilización por la amnistía de todas y todos los encausados y por el derecho a decidir, desde una perspectiva de independencia de clase, es decir sin depositar ninguna confianza ni en la JxCat de Borràs ni en la ERC de Aragonés.


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