El problema de la vivienda sigue siendo uno de los grandes dramas para amplias capas de las clases populares. Se trata de uno de los mercados en los que la especulación está haciendo auténticos estragos.

Las grandes ciudades son las que más sufren este problema, entre ellas Barcelona. Sin embargo es precisamente en la ciudad condal en donde empiezan los vecinos a organizar los llamados “ sindicatos de inquilinos” para paralizar algunos de los múltiples desahucios que se ejecutan diariamente y exigir alquileres justos.

De esta manera en 2017 se creó el “sindicat llogaters” que agrupa a centenares de activistas. Como los propios miembro de este sindicato declaran se enfrentan directamente a muchos de los grandes fondos de inversiones en manos de los principales bancos del mundo. De esta manera solo en Barcelona la cuarta parte de los pisos en alquiler pertenecen a estas corporaciones que en multitud de ocasiones forman parte de supuestos planes sociales de la Administración Pública. Es decir es el Estado y los distintos gobiernos, tanto autonómicos como centrales y ayuntamientos, quienes dejan en manos de los principales causantes de los precios desorbitantes de los alquileres para dar solución al problema de la vivienda a las familias más vulnerables.

En el caso de Barcelona la hipocresía tanto de la Generalitat como del propio consistorio liderado por la ex activista anti desahucios Ada Colau es escandalosa. Los planes para `paliar este problema han quedado incluso por debajo de los anuncios hechos por ellos mismos. El gobierno catalán tenía previsto destinar mil viviendas para alquileres sociales, pero de esta a finales de 2021 no habían llegado ni siquiera a las 180.

La actitud de la alcaldesa, en otra época adalid de la defensa de una vivienda digna y cuyo activismo en este terreno la catapulto en su carrera política, no es muy diferente. Hace muchos años que la propia organización que representaba, la PAH ( Plataforma anti desahucios), rompió con ella por su desidia con esta cuestión.

Por su parte el gobierno central también ha tenido a la cuestión de la vivienda y los alquileres como una de sus grandes promesas incumplidas, siendo 2021 un año donde han vuelto a subir el precio de los alquileres en las principales ciudades, mostrando que las medidas que tomaron eran puramente cosméticas.

Frente a esta dura realidad que tiene como principales beneficiarios a los grandes empresas y fondos buitres son las acciones de los sindicatos de inquilinos los únicos que vienen realmente enfrentando esta situación y paralizando muchos de los desahucios mediante la movilización social. Muchos de los vecinos y activistas que participan de estas acciones denuncian la violencia sistemática por parte de la policía en estos operativos y la utilización, de la nunca derogada, Ley Mordaza para castigar a quienes desafían a los especuladores.

El fortalecimiento de estas organizaciones vecinales y la necesidad de que las principales organizaciones del movimiento obrero se involucren, especialmente los sindicatos mayoritarios que durante años han ignorado este problema, es la única manera de conquistar el derecho a una vivienda digna y la expropiación de todas la casa vacías y en manos de los especuladores para acabar con esta situación delirante de gente sin casas y casas y sin gente.