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OPINIÓN

La letra pequeña del preacuerdo de la huelga del metal en Cádiz

Este 24 de noviembre de 2021 los representantes de CCOO y UGT y la patronal del Metal en Cádiz (FEMCA) han llegado a un preacuerdo sobre la renovación del convenio colectivo del metal en la Provincia de Cádiz, que básicamente afecta a las empresas auxiliares de Construcción naval y aeronáutica, poniendo fin a la huelga.

Juan Carrique

Abogado laboralista

Jueves 25 de noviembre | 12:36

Tras la típica declaración de que ambas partes han cedido y que ninguno está de acuerdo “cien por cien” con lo firmado, los representantes de CCOO y UGT dicen que el preacuerdo que ha puesto fin a la huelga del metal de Cádiz recoge la esencia del contenido de las reivindicaciones planteadas para este convenio colectivo: la subida salarial ligada a la variación de la inflación y garantías de los derechos del personal temporal. Pero, aunque el preacuerdo asuma una parte de esas reivindicaciones, lo abierto y ambiguo del mismo, no permite afirmar que se hayan alcanzado esas reivindicaciones.

La primera cuestión es el ámbito temporal del convenio, que es de tres años, con expresa ultraactividad de dos años (eso es, que despliegue efectos dos años más allá de la fecha de caducidad). Esto es una concesión a la patronal, ya que la petición sindical era de un año, para que el Convenio se pudiera adecuar al despliegue de la inflación.

En relación con la salvaguarda de los derechos de los trabajadores temporales se establece una comisión de seguimiento para controlar la temporalidad de las plantillas, el control de las jornadas y el pago de las horas extraordinarias, con invitación a la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y otros organismos públicos. Pero el problema de la precariedad laboral en las empresas del sector se debe a la actitud antisindical y autoritaria de las empresas, que impiden la organización sindical de los trabajadores mediante el abuso de la contratación temporal, lo que en buena medida permite la propia reforma laboral del 2012. Una situación que las burocracias de CCOO y UGT permiten que suceda hace años. Lo que hace falta no es una comisión para examinar los incumplimientos laborales, lo que hace falta es imponerles a las empresas que respeten la actividad sindical de control de las condiciones laborales en su seno.

El punto más importante del preacuerdo es el de los incrementos salariales para los años 2021, 2022 y 2023, de forma que respecto de los mismos tendríamos que:

· En el año 2021 se cobraría el 2% + el 80 % la diferencia entre el IPC real 2021 (calculado en enero 2022) -2% a partir del 1/1/2022; con lo que se perdería el 20 % de la diferencia entre el IPC real 2021 del exceso del 2% del IPC 2021, y el 80% la diferencia entre el IPC real 2021 -2 % que correspondería de enero a diciembre de 2021.

· En el año 2022, habiendo consolidado la subida de 2021, se cobraría el 2% + el 80 % la diferencia entre el IPC real 2022 (calculado en enero 2023) -2 % a partir del 1/1/2023; con lo que se perdería el 20% de la diferencia entre el IPC real 2022 del exceso del 2% del IPC 2022, y el 80 % la diferencia entre el IPC real 2021 -2 % que correspondería de enero a diciembre de 2022.

· En el año 2023, habiendo consolidado la subida de 2022, se cobraría el 2 % + el 80 % la diferencia entre el IPC real 2023 (calculado en enero 2024) -2 % a partir del 1/1/2024; con lo que se perdería el 20 % de la diferencia entre el IPC real 2022 del exceso del 2% del IPC 2022, y el 80 % la diferencia entre el IPC real 2021 -2 % que correspondería de enero a diciembre de 2023.

Y finalmente contiene una cláusula de desviación de la inflación de manera que, una vez conocido el IPC de los años 2021, 2022 y 2023, la diferencia del IPC real incrementaría las tablas de salarios a fecha 1/1/2024, de cara al siguiente convenio colectivo, pero sin que se pague con efectos retroactivos anteriores a dicha fecha, con lo que se perdería esa diferencia del IPC real que se haya producido antes del 1 de enero de 2024.

Ahora bien, independientemente de las cantidades que se pierden por el aumento del IPC real que hemos descrito, hay que tener en cuenta el problema de la temporalidad. El 75 % de los trabajadores del metal en Cádiz son eventuales, de forma que en muchos casos el contrato finalizará antes de que se haya calculado el IPC anual del año en que han trabajado. El preacuerdo prevé que se le pague la subida del 2% a cuenta, pero ¿y el resto del incremento pactado? Inevitablemente tendrá que acudir el trabajador a la empresa cuando se le ha acabado el contrato y ya ha firmado la liquidación para que les paguen las cantidades por el desvío de la inflación, con las posibles represalias relativas a futuras contrataciones, ¿por qué no se ha acordado una cantidad fija a cuenta de esa desviación pensando en el personal eventual? Y, sobre todo, ¿por qué no se ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner fin al verdadero sistema de trabajo precario que significa la temporalidad en el metal?

Todos estos puntos negros del preacuerdo se podrían haber resuelto si se hubiera mantenido la presión de la huelga contra la cerrazón patronal y se hubiera planteado como estrategia extender la huelga a las grandes empresas del sector, extendiendo las asambleas y reforzando los piquetes. El acuerdo a última hora, a espaldas de los propios trabajadores que pusieron el cuerpo en los piquetes y garantizaron una dura huelga durante 9 días, a pesar de la represión del Gobierno y el amedrentamiento de la patronal, es la culminación de una política derrotista de la dirección oficial del conflicto.

A pesar de ello, los trabajadores del metal de Cádiz han mostrado una combatividad y determinación que hace tiempo no se veía. Este ha sido solo un primer asalto en un proceso de recomposición de la capacidad defensiva de lucha de nuestra clase, que más temprano que tarde logrará superar las trabas burocráticas y pasar a la ofensiva por recuperar sus derechos.






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