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EDUCACIÓN

La ley de educación del Gobierno, lejos de revertir los recortes de los últimos años

El nuevo proyecto se limita a retrotraer la ley a la LOE del PSOE aprobada en 2006. Mantiene la desinversión presupuestaria, la financiación a las concertadas y el lobby de la iglesia en la educación.

Federico Grom

Barcelona | @fedegrom

Miércoles 4 de marzo | 17:58

La conocida como "Ley Celaá" o la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), su nombre oficial, derogará la LOMCE conocida como ley Wert aprobada por el PP en 2013.

La ministra de Educación Isabel Celaá, presentará el mismo texto que aprobó el Gobierno hace casi un año, el 15 de febrero de 2019, que no llegó a tramitarse por las elecciones. No hará cambios, según la ministra, para no tener que empezar toda la tramitación de nuevo, lo que supone por ejemplo que vuelva a pasar por el Consejo Escolar del Estado.

Aprobado este martes en el Consejo de Ministros, el documento será presentado en el Congreso para su debate parlamentario. En esta fase será susceptible de sufrir enmiendas. De hecho Celaá en una entrevista decía "Pido un pacto de Estado. Enmienden este texto".

Su propio socio de gobierno en la coalición, Unidas Podemos, ya anunció que presentará enmiendas al texto ya que este no contempla la no subvención del Estado a colegios que "segregan a sus alumnos por sexo".

Sin embargo Celaá lo deja claro, hay cosas que no se tocan. Hay que ir más allá según ella de “los dos mantras” de religión ’sí o no’, o de la escuela concertada, porque “la ley no formula, de ninguna de las maneras, ningún otro tratamiento alternativo para la concertada más allá del que venimos teniendo desde la Constitución” ya que “Transita sobre los consensos sociales".

En la nueva propuesta, aunque la religión será voluntaria para los alumnos sin asignatura alternativa y su nota no contará a la media para el acceso a la universidad, los centros deberán ofrecerla.

Se elimina el concepto de “demanda social” que permitía la apertura y el mantenimiento de centros concertados en donde la educación pública no cubría las necesidades.

Se mantendrá la financiación pública de los colegios concertados priorizando los conciertos mixtos por sobre los que segregan por género u orientación sexual.

Las "reválidas" o pruebas de final de etapa de la LOMCE, serán reemplazadas por pruebas de diagnóstico al finalizar Primaria y la ESO.

Aunque en esta nueva ley se dé marcha atrás con aspectos de la última reforma educativa aplicada con el PP en solitario, la Ley en materia de educación antes de ésta lejos estaba de ser idílica.

La nueva norma, en la mayoría de los casos, se limita a volver a la situación previa a la reforma del PP, es decir, a los tiempos de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, aprobada por el PSOE en 2006. Algo absolutamente insuficiente teniendo en cuenta el estado actual de la educación y muy lejos del objetivo que se proponía Podemos en su programa, cuando prometía que “La nueva ley será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social.”

Esta Ley no toma medidas de fondo a la altura de la situación. La educación privada y concertada en manos de la iglesia sigue intacta, así como la desinversión estructural en la educación pública.

La propia UGT se ha mostrado crítica respecto al gasto público previsto en el proyecto, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5 % del PIB que consideran "insuficiente" porque debería llegar hasta el 7 % para alcanzar la media europea.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige la contratación de 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones para revertir el déficit que se arrastra durante la última década de recortes.

El 20% de los profesores son interinos en el Estado español. Y se lleva arrastrando un déficit de inversión en la última década tras los efectos de la política de recortes de la etapa anterior que esta ley no viene a revertir.

Producto de los recortes presupuestarios 32.000 profesores que han perdido sus puestos de trabajo; más de 100 mil estudiantes han sido expulsados de la universidad pública por no poder pagar unas tasas que no paran de subir año tras año; decenas de miles de interinos han sido despedidos; millones de jóvenes sufren en sus institutos y colegios la degradación de su educación, la masificación y la falta de recursos humanos y materiales. Todo amparado por un entramado jurídico para transformar a la educación en una mercancía más.

La educación pública ha sido uno de los grandes objetivos de la ofensiva neoliberal de los últimos 30 años en la que especialmente del PP pero también el PSOE junto a la jerarquía de la Iglesia católica y las patronales de la educación privada, han estado a la cabeza.

Defendemos el derecho del pueblo trabajador a recibir una enseñanza pública de calidad, gratuita, democrática y laica. Por la separación de la Iglesia y el Estado, fuera la religión de las aulas así como la iglesia de la educación.

Luchamos por el fin de los conciertos educativos y el pase de esos centros y sus trabajadores a una red única de educación pública. Por el fin de las subcontrataciones y el interinaje en el sector, que degrada el trabajo, sus condiciones y la calidad de sus resultados.

Por una transformación radical de la educación para que esta esté al servicio de la clase trabajadora y el pueblo y no de las necesidades de los capitalistas y sus ganancias.






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