Este pasado jueves se ha debatido en la Asamblea de Madrid la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad. Se la denomina informalmente "ley anti Celaá", ya que ha sido elaborada en oposición a la LOMLOE del Gobierno central. Esta ley educativa de Ayuso, entre otras cosas, pone en el centro el español como lengua vehicular, algo que en el contexto madrileño carece de sentido y que pretende defenderse de un supuesto ataque a la identidad cultural del españolismo más rancio.
Según denuncian sindicatos y organizaciones educativas, el texto del anteproyecto de la Ley Maestra de Ayuso ha sido elaborado de espaldas a la comunidad educativa, sin la sorpresa de nadie.
La Ley Maestra busca reproducir en la práctica muchos de los preceptos en los que se basaba la LOMCE, ley hija del Partido Popular. Además, este nuevo texto busca blindar aun más la educación concertada escudándose en un hipócrita mensaje de "libre elección para las familias". Muchos y muchas se preguntan dónde está la libertad de elección con la que a la señora Ayuso se le llena la boca cuando la actual educación pública está atravesada por un rígido sesgo de clase, además de la grave falta de financiación para recursos y personal.
Organizaciones sindicales han denunciado, además, que esta ley que Ayuso busca implantar en la Comunidad de Madrid, apoya a los centros que segregan por sexo. El blindaje que Ayuso sigue queriendo imponer a la concertada no es sino una continuidad de una realidad que ya estamos viviendo en las aulas madrileñas. En la Comunidad un 50% de centros educativos son privados, de los cuales la mitad son concertados. Con esta Ley se busca crear, además, conciertos en los centros de educación especial, de los que Ayuso y el PP se abanderan de forma hipócrita, ya que la escuela pública lleva décadas exigiendo recursos para poder garantizar una verdadera inclusión para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
En los próximos días se comenzará a modificar el texto del anteproyecto de la ley educativa de Ayuso en la comisión de Educación con las enmiendas parciales de los grupos. Se calcula que volverá al pleno regional en diciembre para su votación.
La Ley es presentada por Ayuso como "ley anti Celaá" en oposicióna la última Ley edicativa del Gobierno PSOE-UP, la LOMLOE, conocida como Ley Celaá. Sin embargo, aunque esta ley en su día fue aprobada por el Congreso entre gritos de libertad de PP, Cs y VOX, todo fue puro teatro. La ley Celaá no rompe con la concertada.
Si bien prohibe que los centros concertados “perciban cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito” no detalla ningún mecanismo para evitar que suceda ante una patronal educativa con amplia experiencia en sortear leyes, como en el caso del “fraude” que realizan con las cifras de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAEs), que están obligados a matricular para recibir el dinero público, pero que en ocasiones probadas suelen trucar para evitarse los costes derivados y cobrar igualmente. Esto es solo un ejemplo.
También como ya denunciaron en su momento sindicatos como CGT, esta ley “deja en manos de las comunidades autónomas el aumento de la privatización, la competitividad entre las escuelas y, como resultado, la segregación escolar”.
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Ningún partido concede tregua al constante ataque contra la educación y la única alternativa es la lucha conjunta por nuestros derechos. Esto pasa por la unidad de estudiantes, profesores y trabajadores de la educación y por una lucha constante por los recursos para la pública y por echar a las empresas privadas fuera del marco educativo. En última instancia, esta es una ofensiva que no se para con votos, sino con lucha y organización en las calles y en los centros educativos.
