Los orígenes de esta discriminación datan de 2012. El Gobierno del PP recortó los derechos sanitarios a inmigrantes irregulares, que solo podían ser atendidos en urgencias o en los servicios de maternidad.

Aunque con la subida del PSOE al gobierno en 2018 se impulsó un decreto que buscaba recuperar esta asistencia, la norma siguió dejando fuera a miles de personas, incluidas embarazadas y niños, que debían ser atendidos incluso con la regulación anterior.

Un documento de recomendaciones emitido por el propio Ministerio de Sanidad en 2019 mantuvo el resquicio burocrático de la necesidad de un empadronamiento de por lo menos 3 meses antes en el país para tener derecho a acceder a la atención primaria.

Esto no solo deja fuera a las personas que todavía no llevan ese tiempo y necesitan atención, sino también a quienes llevan más y no lo pueden acreditar.

La norma en vigor deja este resquicio de arbitrariedad. Y cada comunidad autónoma lo gestiona a su manera. Si bien no hay datos oficiales, son varias las organizaciones que atienden a estas personas que señalan a Madrid, por ejemplo, como una de las más problemáticas para acceder, donde hasta que no se acreditan los 90 días de residencia no se puede empezar a pedir la solicitud para la atención sanitaria, que tiene otra lista de espera.

Se denuncia la falta de recursos y una gestión completamente saturada. En Vallecas, por ejemplo, la demora está en 176 días, adicionales a los tres meses.

Para muchas personas, unos meses o unas semanas de demora pueden ser críticos. Veáse el caso de pacientes pendientes de un transplante, pacientes oncológicos, personas embarazadas o que buscan acceder a su derecho al aborto. Son miles las personas migrantes en situación irregular que se encuentran con estas barreras, donde la única solución que les ofrecen es pagar una suma desorbitada de dinero por la atención solicitada.

En casos como el aborto, que cuenta con una ley que reconoce el derecho bajo unos plazos muy estrictos, intentar conseguir el empadronamiento de 90 días puede hacer que se pasen del plazo y simplemente haya migrantes que no puedan acceder al aborto.

Organizaciones que acompañan a mujeres en esta situación destacan la realidad de migrantes atrapadas en la prostitución o víctimas de trata sexual, quienes a veces se quedan embarazadas por agresiones que sufren mientras ejercen la prostitución.

Este tipo de políticas y la falta de acciones reales por cambiarlas reflejan una vez más el abierto racismo, rechazo y discriminación institucional a la que se enfrentan los y las migrantes irregulares en el Estado.

La ley de extranjería del Estado español y toda la burocracia que existe antes, durante y posterior a obtener los papeles, hace de este proceso un camino altamente restrictivo y configuran así unas políticas migratorias que se centran en la persecución de la población migrante.

Vemos una vez más que el “gobierno progresista”, posicionándose en el mismo bando que la derecha, se encarga de mantener un régimen y unas políticas que criminalizan y oprimen a la población extranjera, especialmente a las mujeres.