El gobierno de PSOE y Unidas Podemos está encontrando dificultades para aprobar el Real Decreto Ley de su reforma laboral. Tres de sus socios de la investidura, ERC, EH-Bildu y BNG, mantienen un no de entrada ante la permanencia en el texto de gran parte de los ataques de la reforma laboral de 2012. La CUP por su parte ya ha confirmado que votará en contra por estos mismo motivos.
El relato de que estamos ante un “acuerdo histórico” o una “derogación” de la reforma laboral del PP cada vez tiene más problemas para sostenerse. Por un lado las alabanzas y delcaraciones de la patronal en defensa del texto y de la supervivencia en el mismo de la mayor parte de las desregulaciones y pérdida de derechos que consiguieron en 2012. Por el otro las voces de abogados laboralistas, la izquierda sindical y el sindicalismo vasco, catalán y gallego, que han convocado las primeras movilizaciones para finales de mes, y que denuncian que estamos ante una revalidación de la contrarreforma que impuso Rajoy con su mayoría absoluta.
El portavoz de ERC se ha quejado este jueves en el Congreso de que la ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, está “intoxicando” las negociaciones al afirmar que el gobierno ya contaría con sus “síes”. La negativa a recuperar el control administrativo de los ERE por parte de la ministra de Unidas Podemos sería a día de hoy el principal escollo para conseguir los votos de los independentistas catalanes de Rufián.
EH-Bildu ha confirmado a su vez que están trabajando en un “frente común” con otros socios de investidura, como el BNG, Más País, Compromís y el PNV, para que el Decreto no sea revalidado y se fuerce así a su tramitación como un proyecto de ley en el que se podrían incorporar enmiendas. En palabras de su portavoz se pretende "no dejar pasar esta oportunidad histórica de poner fin a la estatalización, recuperar la indemnización de 45 días y aumentar el control público sobre EREs".
Más País y Compromis han pedido al ejecutivo a que aproveche la mayoría progresista del Congreso para que mejore el texto. Íñigo Errejón ha señalado que “el gobierno, si quiere sacar adelante la reforma, tiene que tener mayoría en el Congreso y tiene que decir con quién quiere sacarla. Si la saca con Cs, está eligiendo un rumbo”.
Si bien la ministra de Trabajo apuesta por lograr los votos del bloque de la investidura, el PSOE estaría ya valorando la posibilidad de buscar los votos de Ciudadanos. Su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, a salido a tender la mano al ejecutivo – y sobre todo a la patronal que trabaja entre bambalinas desde hace días para convencer a los naranjas – abriéndose a convalidar la norma “si no se toca ni una sola coma” de lo acordado con los agentes sociales.
Entre los defensores de que no se cambie nada, tampoco en favor de las y los trabajadores, ha vuelto a destacarse el secretario general de CCOO. Como ya hiciera la semana pasada, Unai Sordo ha vuelto a pedir a los socios de la investidura a que convaliden la norma sin pedir ninguna modificación. La burocracia sindical se negaría así a incorporar mejorar en las condiciones de despido, la causalidad del mismo o la negociación colectiva, para preservar el apoyo de la patronal.
Estas grietas en el bloque de la investidura y en el seno del mismo gobierno ponen en dificultades la aprobación de la medida estrella del ejecutivo de coalición y, muy especialmente, de Unidas Podemos. El relato de una reforma en favor de los y las trabajadoras va a encontrar serios problemas para sostenerse de la mano del partido del IBEX35 por excelencia, Ciudadanos.
Una oportunidad que desde las fuerzas sindicales y la izquierda política que se vienen oponiendo a esta reforma por “insuficiente” o por avalar el legado de precariedad heredado debería aprovecharse. Las manifestaciones previstas para finales de mes en varias ciudades deberían ser el pistoletazo de salida para una gran campaña unitaria en los centros de trabajo para informar del fraude que supone esta no derogación e iniciar un plan de lucha ascendente por la derogación total de las contrarreformas laborales de 2012 y anteriores.
