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Las familias contra Ayuso: “Lo último que se cierra y lo primero que se abre han de ser las escuelas”

Desde el Sindicato de Familias alzan la voz tras la intención de la Comunidad de Madrid de cerrar los centros educativos ante el impacto de la sexta ola del Covid

Viernes 31 de diciembre de 2021 | 08:12

Hace unos días se reunió el Consejo de Salud Pública, compuesto por el Gobierno Central y los autonómicos, para buscar salidas a esta nueva ola de variante ómicron, que ha disparado los contagios, volviendo a una situación de pandemia que creíamos ya superada, con miles de nuevos contagios y cientos de nuevos muertos. En esta reunión, el gobierno de Madrid encabezado por Isabel Díaz Ayuso propuso como medida el cierre de centros educativos y el retorno a la educación semipresencial.

La excusa es la alta incidencia de contagio. Estamos hablando de más de 10.000 alumnos confinados, 365 aulas cerradas y decenas de focos de infección en los centros educativos, casi 40, antes de las vacaciones de navidad. Ya entonces se rumoreaba en los centros educativos la imposibilidad de volver a las aulas. Muchos centros se preparaban para el cierre preventivo. La peor parte se la han llevado las escuelas infantiles. Con la vacunación de adolescentes los institutos han podido resistir mejor a la infección. No pasa lo mismo con los niños y docentes de escuela, que se han expuesto con mayor intensidad al contagio.

Los primeros que han protestado contar esta medida han sido las familias, y lo han hecho destacando en un comunicado la hipocresía del Gobierno de Madrid y su gestión de la pandemia, a todas luces guiada para satisfacer intereses políticos y, sobre todo, los bolsillos de las empresas.

En primer lugar, destacan la doble vara de medir del Gobierno. Al tiempo que fingen preocupación por las escuelas llamando a su cierre, permiten aglomeraciones y macro-fiestas de cara a las navidades. Han permitido la apertura de salas de fiestas, lavándose las manos apuntando que deben hacerlo obedeciendo las «medidas sanitarias pertinentes». Han permitido que la gente se junte en centros comerciales, bares y discotecas. No han puesto medidas para evitar el contagio en el ámbito laboral o en los transportes.

En este último caso, han ido más lejos. Para evitar pérdidas a las empresas, Ayuso anunció, ante la imposibilidad de comprar antígenos ser atendidos por una sanidad recortada y saturada, que el tiempo de cuarentena se reducía a siete días. El Ayuntamiento de Madrid también obligará a trabajar a aquellos que hayan dado una PCR positiva según el caso.

En resumen, no parece que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento estén haciendo nada por frenar esta ola. Todos sus esfuerzos están enfocados a que prevalezca el beneficio en las navidades a costa de la vida de las personas. El cierre de los centros educativos es una medida, como ha dicho el Sindicato de Familias, que no resuelve nada y atenta contra la conciliación laboral y el derecho a la educación.

De hecho, advierten que la política de la Comunidad de Madrid para con la educación ha sido, más que fomentar la prevención, recortar y desmantelar frente a la pandemia. En lugar de contratar a más docentes para bajar las ratios, en lugar dar recursos para una vuelta segura y de calidad a las aulas, la política de Ayuso ha sido cerrar escuelas infantiles, aumentar las ratios, hacinar a los más pequeños todavía más con la excusa de acabar con las listas de espera. «Nuevamente vemos cómo una administración incompetente arremete directamente contra las familias, negando el carácter esencial de la institución educativa».

Igualmente han señalado el problema que supone para la conciliación laboral. Que los alumnos se queden en sus casas no exime a los trabajadores de ir a sus trabajos, de coger el transporte público, incluso, como hemos señalado, de ir al trabajo siendo transmisores.

A este respecto han apuntado que estas medidas tienen un claro sesgo de clase, al ser profundamente «elitistas». Aquellas familias que puedan permitirse un cuidador o tengan recursos para cuidar y educar a los hijos en casa se verán menos afectados que aquellas de clase trabajadora. Esta medida lo único que hace es echar sobre los hombros de las familias humildes a sus propios hijos.

Las familias han afirmado «no poder más» y no tener medios para asumir este nuevo cierre de centros. La Comunidad de Madrid vuelve a abandonarlas y a convertir un problema institucional en una cuestión individual, en un «sálvese quien pueda», dejándolas a su «autocuidado», completamente desamparadas, sin ayudas económicas, sin medidas para, al menos, teletrabajar en sus casas. Para ellas supone un nuevo ataque contra la educación y contra las familias.

Frente a esta medida, ellos proponen como solución el refuerzo de la atención sanitaria y educativa, invertir en los recursos necesarios para un seguro retorno a las clases en todas las etapas educativas, no escatimando en gastos. Será el 4 de enero que se reúnan definitivamente y se sepa cuál será el procedimiento a seguir. Aunque el Sindicato de Familias ha advertido que llevará a cabo movilizaciones si no se llevan a cabo estas políticas.

Ante esto, el Gobierno Central tampoco ha hecho declaraciones. Como vimos en la anterior rueda de prensa de Sánchez, la descentralización de las medidas está siendo la norma. El espectáculo no podía ser más lamentable, pues al tiempo que los gobiernos autonómicos echan un pulso aprovechando la libertad que les cede el Gobierno, éste se limita a políticas para aparentar preocupación, medidas ambiguas, inútiles salvo para las empresas, que siguen aprovechando la situación para aumentar sus beneficios a costa de las familias trabajadoras. Terreno que abona la política neoliberal de Ayuso con nuevos ataques contra sanidad y educación, como hemos podido ver.






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