Juventud

PROTESTAS UNIVERSIDAD

Las universidades públicas de Murcia vuelven a imponer la penalización por segundas matrículas tras prometer lo contrario

Las estudiantes han mostrado su indignación y se suman a la larga lista de protestas que se están dando durante estos meses en las universidades del Estado español. Es el resultado de la pésima gestión que se realiza, desde de las distintas rectorías y desde el Ministerio de Universidades de Manuel Castells, de las alteraciones académicas provocadas por la pandemia de la Covid-19,

Jaime Castán

@JaimeCastanCRT

Martes 7 de julio | 09:48

Estos días, en plena época de evaluaciones, las estudiantes de las universidades públicas de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), han mostrado su indignación al enterarse de la decisión que han tomado los equipos rectorales de imponer de nuevo las penalizaciones por segundas matrículas en las asignaturas afectadas por la pandemia. Esto tras haber anunciado a finales de abril que las suprimían.

Laura, estudiante del Grado de biología en la UMU, señalaba que “una semana antes de la convocatoria de julio, nos enteramos, por una noticia de un periódico digital, antes que por nuestro rector, que nos penalizan las convocatorias (como ya dijeron y compartieron videos que eso no sería así)”. Así, “el curso que viene sabemos cómo tenemos que pagar, pero no si vamos a tener clases y prácticas presenciales u online”. Y añade: “todo esto sin contar que cada alumno ha tenido unas condiciones distintas en la pandemia, hay familias que no cobran desde el inicio, otras que han muerto familiares y un largo etc”.

Las estudiantes mostraron su malestar con una campaña en Twitter con el hashtag #NoOsImportamosUMU, siendo trending topic número uno a nivel regional y cuarto a nivel estatal. Asimismo, el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la UMU dimitieron este lunes ante la decisión del rector José Luján Alcaraz. Una denuncia más en una larga lista de protestas contra la gestión y la toma de decisiones desconsideradas por parte en primer lugar del Ministro de Universidades, Manuel Castells, así como por los distintos equipos rectorales y gobiernos autonómicos.

La penalización se produce por suspender o no presentarse a las convocatorias de una asignatura matriculada, que se traduce en un sobrecoste al volverse a matricular en el curso siguiente. En el caso de las universidades murcianas este sobrecoste puede alcanzar hasta los 200 euros, ya que se disparó desde 2012 con el incremento del precio de las segundas y sucesivas matrículas, algo que ocurrió también en buena parte de las universidades, en lo que se ha conocido como el “tasazo”.

Una situación que viene de toda una política de recortes y precarización en la universidad pública que se agudizó con la anterior crisis económica del 2008 y que, en la actualidad, con una nueva crisis por la pandemia, lejos de revertirse, continúa profundizándose. Como consecuencia, se vuelve más complicado para las estudiantes con pocos recursos acceder o mantenerse en la universidad, con precios de matrícula que son una carga cada vez más pesada en un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo generalizado.

Las estudiantes universitarias de Murcia se sienten engañadas, como en tantos otros lugares, al ver que hay más preocupación desde la Universidad por sacar adelante las evaluaciones, poner las notas y cobrar las tasas; que por el desarrollo de las asignaturas, el aprendizaje y su situación bajo una pandemia y crisis social. Una lógica de universidad-empresa donde, además, se toman decisiones de forma unilateral y burocrática sin tener en cuenta su opinión.

La universidad pública tiene que defenderse gobierne quien gobierne, clase por clase y facultad por facultad. Porque una universidad pública y totalmente gratuita que no discrimine por el nivel de ingresos ni por el origen social no es negociable, es algo básico que ya debería estar garantizado para las estudiantes de las familias populares y obreras, así como migrantes. Si esta garantía tan fundamental no existe es por la decisión política de los distintos equipos rectorales, gobiernos autonómicos y por el Gobierno y su Ministerio de Universidades; frente a los cuales, como estudiantes, no podemos tener ninguna confianza y debemos mantener total independencia.






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