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Ley de Seguridad Interior busca mantener al ejército en las calles

Organismos y colectivos de derechos humanos expresan su rechazo a la implementación de la ley de seguridad interior, que se debate en el Congreso de la Unión, al considerar riesgosa la presencia del Ejército en las calles para la población.

Jueves 2 de marzo de 2017

La Ley de Seguridad Interior comenzó a debatirse en el Congreso de la Unión en enero de este año. Esta nueva ley contempla la legalización de la participación del ejército en las calles y el aval incondicional a sus acciones. Esto incluye la modificación al artículo 29 constitucional sobre la restricción o suspensión de derechos y garantías, y el permitir al ejército la intervención de comunicaciones privadas.

Osorio Chong acudió este miércoles a una reunión con los legisladores para discutir sobre la posición del gobierno de implementar la ley y fijar su postura “de la necesidad de dotar con las facultades legales la actuación que ya viene haciendo el Ejército mexicano".

Distintos analistas, organismos y colectivos de derechos humanos han expresado su preocupación en caso de que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada.

En un foro sobre “Seguridad y derechos humanos en México”, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, expresó su preocupación ante el hecho de que la nueva ley permita que las fuerzas armadas sean usadas contra la protesta social. A su vez, el ombudsman Luis Raúl González Pérez recalcó que a 10 años de lucha contra el narco se han violado derechos fundamentales de las personas.

Organismos de derechos humanos entre ellos el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, Fundar, Centro Prodh, consideran la ley como “riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.”

Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh ha expresado que las propuestas legislativas “permitirán que las violaciones a derechos humanos sigan aumentando” y que “la información disponible muestra que esta estrategia ha fracasado”.

Cientos de miles desapariciones forzadas, homicidios, fosas clandestinas y aumento de violaciones de derechos humanos tienen una variable en común: la presencia del Ejército en las calles. La violencia en México se ha exacerbado desde la declaración de “guerra contra el narco” de Felipe Calderón en 2006 que sacó a los militares a las calles. Desde ese momento, la militarización del país se ha dado de facto, lo que busca esta nueva Ley de Seguridad Interior es que dicha militarización cuente con el sustento legal para hacerlo, y de paso profundizarlo.

Legalizar la presencia del Ejército en las calles implica la continuidad y profundización de subordinación del régimen mexicano ante las políticas de seguridad de Washington. Impedir el flujo de migrantes a Estados Unidos y tener un suelo favorable para las empresas trasnacionales que vienen con la aprobación de la reforma energética es uno de los objetivos que se buscan al aprobar dicha ley.

Es urgente que los organismos y colectivos de derechos humanos, las víctimas de la “guerra contra el narco” y sus familias, sindicatos y organizaciones obreras, trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, los pueblos indígenas en defensa del territorio, estudiantes e intelectuales, formemos un gran movimiento nacional en contra de la militarización del país y la subordinación a los planes de Estados Unidos.






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