Se cae como un castillo de naipes el discurso de derechos humanos de López Obrador cuando acaba de aceptar convertirse en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense en México por orden de Trump.

Luego de dos días de intensas negociaciones con el objetivo de neutralizar la imposición de aranceles anunciada por Washington para el próximo lunes 10 de junio, Trump lo logró. El gobierno mexicano aumentará los controles fronterizos y asumirá más asilados.

Según The Washington Post, serán alrededor de 6 mil los efectivos de la Guardia Nacional que se desplegarán en la frontera entre México y Guatemala. Hasta ahora son 1,500.

Apenas esta semana la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mostraron que en mayo, la agencia detuvo a 144,278 personas, en su mayoría familias y niños, que intentaban ingresar a los Estados Unidos. Casi el triple de los 51,862 reportados en mayo de 2018 desde Estados Unidos.

El gobierno de México no se ha quedado atrás. En el mes de mayo, detuvo 22 mil migrantes y deportó más de 15 mil. Estas cifras son las más altas de los últimos tres años. En los primeros seis meses de la presidencia de López Obrador, más de 50 mil personas fueron deportadas.

El imperialismo estadounidense busca que México acepte la condición de tercer país seguro, lo cual implica que los refugiados que soliciten refugio o asilo en Estados Unidos pueden recibir la misma protección en México, así que se les puede enviar de nuevo allí si es este el país que han visitado en último lugar antes de presentarse en la frontera estadounidense. Hasta el momento, es el único punto que no ha concedido el gobierno de López Obrador, aunque sí demostró su disposición al uso de la fuerza contra migrantes ya desde antes de esta crisis de los aranceles.

La migración no se detendrá, sin aranceles o con ellos. Las familias que huyen de Centroamérica buscan dejar atrás la miseria creciente, muchas fueron víctimas de desplazamientos forzados, tanto por el crimen organizado como por las fuerzas represivas de sus países de origen.

Hoy más que nunca, es imperioso que los trabajadores de Estados Unidos, de México y de Centroamérica alcen la voz contra esta nueva ofensiva antimigrante. Las y los maestros así como trabajadores de la salud que han salido a luchar en Estados Unidos, las y los obreros y trabajadores precarizados que enfrentan los abusos patronales en México, y los sindicatos que se reivindican combativos deben repudiar la militarización con la Guardia Nacional, las deportaciones y la represión. Y exigir con la movilización el libre paso por los países de la región y plenos derechos a las y los migrantes.