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Los alquileres que sí subirán (y mucho) a pesar de la limitación del 2%

2,6 millones, de los 3,5 que hay en total, de hogares en alquiler no se beneficiarán de la limitación de subida. Más de 850 mil ya han renovado subidas entre 60 y 100 euros en enero, febrero y marzo.

Sergio Linares

Jueves 31 de marzo
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La medida por la que se limita la subida de los alquileres a un 2% dejará por fuera al 75% de los inquilinos e inquilinas. Este es el verdadero alcance de una de las medidas estrella aprobadas esta semana como parte del “segundo escudo social”.

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite subidas anuales del IPC. Con un índice de precios desbocado en el 7,6% en el mes de febrero esta cláusula supone incrementos de entre 60 y 100 euros de media en la renta mensual. Un gasto extra que se suma a la escalada de la luz, el gas, la gasolina y los alimentos, mientras los salarios siguen estancados entre la congelación y subidas ridículas de un 1,5% en el sector privado y el 2% en el público.

La limitación del 2% afectará solamente a aquellos contratos que se renueven en abril, mayo y junio. Una limitación temporal que no afectará a las 850 mil familias que ya renovaron en enero y febrero y se quedarán con sus alquileres inflados, ni a 1 millón 700 mil de contratos que lo harán entre julio y diciembre.

El carácter excepcional de la medida se contradice con un problema de naturaleza estructural que se ve ahora agravado ante la crisis derivada de la guerra de Ucrania y la carrera de sanciones impuestas por los países imperialistas de la UE.

Sindicatos de inquilinos e inquilinas y diversas entidades del movimiento de la vivienda han señalado lo limitado de la medida, tanto por el alcance como por no haber incluido su reivindicación inicial de congelación de los alquileres.

Frente a los parches y migajas que ofrece el llamado gobierno “más progresista de la historia”, es urgente movilizarse por una salida de fondo, que parta de la regulación y rebaja de los alquileres para que no supongan nunca más de un 25% de la renta familiar así como la expropiación de los grandes tenedores para disponer de un potente parque de vivienda pública de alquiler social.


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