Ningunos de los problemas que arrastra la sanidad pública madrileña están resueltos. Los médicos denuncian que ya son el 53,9% los que presentan contratos temporales, y que de ellos, el 13,5% tienen más de 60 años y se jubilarán con contratos no fijos en los próximos años. El modelo de la Comunidad de Madrid no es un caso aislado, sino que se extiende por todo el Estado español. Contratos de meses, semanas e incluso días, con altas y bajas los fines de semana para no tener que pagarles.

El caso de la Comunidad de Madrid es uno de los más escandalosos. El propio Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se basa en los contratos temporales: de los 17.667 facultativos, 5.872 son interinos y más de 1.900, eventuales, el 44%. En medicina familiar el 80% son médicos temporales; en psicología, el 85%; en oncología médica, el 72%; y en geriatría, el 71%. La temporalidad en el resto de las especialidades está entre el 40 y el 60%.

El encadenamiento de contratos de semanas es un problema grave, ya que los sanitarios, si rechazan estos contratos, que con suerte alcanzan varios meses, pierden los puntos que van acumulando en la bolsa. Esto implica que tienen que estar siempre disponibles, sin posibilidad de coger vacaciones, ante la posibilidad de ser llamados para encadenar nuevos contratos.

Los sanitarios denuncian, además, que el Gobierno de Ayuso mantiene la oferta pública de empleo de 2018-2019 en la precariedad por temporalidad, con 3.247 plazas sin estabilizar. Como en el resto del Estado, la administración incumple su propia ley, al establecer contratos cuya temporalidad no está justificada, sino que se emplea para cubrir las necesidades estructurales del sistema de salud.

La Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid explica que van a la huelga ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de anular la oferta pública de empleo 2018-2019 con el objetivo de acabar con la precariedad por temporalidad y “liberar esas 3.247 plazas para que se estabilicen por concurso de méritos los médicos y otros facultativos de Madrid”. Sindicatos como Amyts, el mayoritario de médicos, o la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) apoyan los paros.

En marzo de 2022, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso fin a los llamados contratos COVID de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores que fueron contratados en 2020. De estos 11.000 contratados, 6.000 fueron al paro y los 5.000 restantes se mantienen con contratos temporales. La Consejería de Sanidad, que reconoció que era necesario estabilizar a 1.300 profesionales que trabajan como personal eventual en Sermas, no llevo a cabo esta medida.

A lo largo del año ha habido ya diferentes huelgas y movilizaciones en diferentes Comunidades Autónomas, denunciando la situación insostenible de la sanidad pública. Así ha sido en Catalunya, Andalucía, Extremadura, Valencia, Aragón, Navarra, y especialmente en Madrid. En esta última la situación es especialmente alarmante, como declaran los médicos, la propia huelga de Atención primaria a comienzos del año puso de manifiesto la apuesta de la Comunidad de Madrid por precarizar el servicio para engordar los bolsillos de la sanidad privada.

Mientras tanto, el Gobierno central no sólo no hace nada, sino que son responsables de la total precarización de los servicios públicos, donde la temporalidad y las externalizaciones, en contra de un servicio de calidad, son moneda corriente. De hecho, en los últimos presupuestos generales, la partida destinada a sanidad no sólo no ha aumentado, sino que se ha reducido ante los niveles de la inflación.

Es necesaria la coordinación de todas las plantillas de sanitarios en lucha para imponer a las direcciones de los sindicatos una huelga estatal total de los servicios públicos en el Estado español. Que exija la subida y equiparación salarial inmediata de todos los sanitarios y categorías profesionales de acuerdo al IPC, que exija el fin de las externalizaciones, el pase a plantilla fija de todos los trabajadores y la expropiación de la sanidad privada que debe ser integrada en el sistema de sanidad pública bajo control de sus trabajadores y usuarios. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.