Política Estado Español

COLAPSO SANITARIO

Más de 4 meses de espera de media para ser operado en la sanidad pública

Las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud vuelven a situarse en tiempos similares a los previos a la pandemia, pero éstos siguen siendo altísimos para solicitar una cita con un especialista (75 días el pasado junio) o para pasar por quirófano (121 días), una situación que dispara la atención sanitaria por Urgencias y tiene efectos nocivos para la salud a medio y largo plazo.

Irene Olano

Madrid

Miércoles 17 de noviembre | 15:45

  •  FOTODELDÍA- GRAF1964. VALLADOLID, 13/11/2021.- La Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León ha celebrado hoy en Valladolid la primera Asamblea Social de esta organización. EFE/NACHO GALLEGO
  • La sanidad no sale de la UCI. Aunque en las últimas fechas la situación ha mejorado levemente, sigue habiendo 661.162 personas que esperan a pasar por quirófano y hay más pacientes que en años anteriores a la pandemia que esperan más de seis meses en estas listas. Las comunidades autónomas más afectadas son Aragón (con un tiempo de espera para quirófano de 166 días), Castilla-La Mancha (159 días) y Cataluña (152 días).

    Las largas listas de espera sólo son un reflejo de la situación general de la sanidad en el Estado español. En comunidades como Madrid, donde gobierna el PP de Ayuso, los servicios de Urgencias de numerosos centros de salud, como el de Colmenar Viejo, llevan meses cerrados con la excusa de la pandemia y la falta de dotación de medios y personal. En otros casos es directamente el centro de salud el que ha desaparecido. La Marea Blanca denuncia que este es el caso de 41 centros en toda la comunidad, lo cual ha producido una reacción ciudadana en forma de concentraciones frente a los centros cerrados o en riesgo de cierre.

    En otras comunidades como Aragón, presidida por una coalición “progresista” entre PSOE, UP, CHA y PAR, el Servicio Aragonés de Salud presiona a sus trabajadores denegándoles las excedencias por cuidado de un familiar, tal y como reproducíamos en una declaración de los propios trabajadores y en Madrid, en mitad de la pandemia, Ayuso intentó privatizar el servicio de limpieza del hospital Gregorio Marañón, uno de los pocos servicios públicos de limpieza en hospitales que hoy quedan en Madrid.

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    Las largas colas de espera y el progresivo desmantelamiento de los servicios de salud se suma a las limitaciones que éste ya arrastraba desde antes de la pandemia, como la desatención a la salud mental; en un país donde el suicidio es la primera causa de muerte entre la juventud o a la salud visual. En el Estado español, un estudio señala que más de seis millones de personas podrían necesitar gafas, pero que no pueden permitirse su elevado coste. Ya ni hablar de la salud bucodental en manos de empresas privadas para quien pueda permitírselo.

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    El otro gran efecto del colapso sanitario está siendo la disminución de la esperanza de vida, que en 2020 se situó en nuestro país en 82,4 años; un año y medio por debajo del año anterior. Se trata del mayor bajón de esperanza de vida en los países de la OCDE, sólo por debajo de Estados Unidos, donde no existe la sanidad pública y el presidente recomendó a la población beber lejía.

    Por poner un ejemplo de los efectos a medio y largo plazo del colapso sanitario, la detección del cáncer de mama en nuestro país se redujo en cinco puntos porcentuales en 2020. Esto hace que a la salud general de la población y la esperanza de vida se resientan, porque la detección temprana de determinadas enfermedades y trastornos es sustituida por su tratamiento de urgencia, provocando mayor colapso y disminuyendo las posibilidades de éxito en los procedimientos médicos.

    El hecho es que las administraciones públicas están jugando con la salud de la población para abaratar costes y generar nuevos contratos con empresas privadas, y eso no es fruto del coronavirus sino de decisiones políticas. Ni siquiera tras una pandemia que ha puesto de manifiesto lo esencial que es contar con un servicio de salud bien dotado se está apostando por apuntalar uno de los servicios básicos para asegurar una calidad de vida mínima. Pero no se trata de que no se pueda hacer.

    Durante la pandemia, algunas de las grandes fortunas del país y del planeta aumentaron, pero el Gobierno decide destinar los fondos de Europa en rescatar al IBEX35, lo cual además se cobrará con mayores ajustes sociales a las pensiones y servicios públicos.

    Aunque el caso de Madrid, con la derecha trumpista de Ayuso, es muy sangrante porque se trata de una comunidad donde se destinaron cien millones de euros en la construcción de un hospital de pandemias que hoy tiene cientos de trabajadoras y solo decenas de pacientes al mismo tiempo que se producía el cierre de más de cuarenta centros de salud, las políticas privatizadoras de la sanidad han demostrado ser también la especialidad del PSOE, mostrando así que no se puede confiar en que un gobierno “un poco más progresista” pueda revertir estos ataques a los servicios públicos.

    Ante estos ataques, debemos retomar las movilizaciones masivas. La izquierda política y sindical, en lugar de estar tendiéndole la mano al gobierno progresista debería estar planteando un plan de lucha que pase por la movilización masiva.

    También debemos imponer a las burocracias sindicales de CCOO y UGT para las cuales “nunca es el momento” la ruptura de la paz social y que se realicen asambleas en los lugares de trabajo para preparar huelgas generales por los servicios públicos, situándose en contra de los gobiernos “progresistas” que como en Aragón o a nivel estatal muestran que sólo pueden aplicar políticas neoliberales y ceder ante los chantajes de la Unión Europea.

    Luchemos por un sistema público de salud que sea gratuito para el conjunto de los trabajadores y sectores populares, incluidos los inmigrantes tengan o no papeles. La sanidad pública necesita de recursos que no dispone y se encuentra en manos de multinacionales que se quedan con las patentes de los medicamentos (a pesar de que el 84% de sus investigaciones son financiadas con dinero público), que controlan las investigaciones y que hacen aumentar los precios.

    Esto es un trasvase de fondos de las cuentas públicas a las patronales del sector y un atentado contra la salud del pueblo trabajador. La expropiación sin indemnización de todas las empresas multinacionales y laboratorios farmacéuticos y a la creación de un sistema farmacéutico público es la única medida que puede poner fin a este desfalco.

    Mostremos que la clase trabajadora puede salir con un plan de lucha propio, que no capitule ante los intereses de la patronal, las direcciones de los sindicatos ni los gobiernos y en defensa de unos servicios públicos, que permita además, abrir profundos debates sobre qué tipo de sociedad queremos.






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