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México aprueba la extracción de litio

La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma del presidente López Obrador a la Ley Minera puso los reflectores sobre este mineral considerado "el oro blanco" de la industria a nivel global. Prevenir el saqueo del litio no puede depender de reformas o "acuerdos" entre gobierno y empresas.

La Izquierda Diario México

Miércoles 20 de abril
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La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Ley Minera puso los reflectores sobre este mineral considerado por muchos "el oro blanco" de la industria a nivel global.

Si bien la Constitución ya estipula en su artículo 27 la potestad del Estado mexicano sobre los recursos naturales y su explotación, así como que la capacidad de aprobar concesiones recae en el Ejecutivo federal, esta reforma busca la creación de un órgano descentralizado de la administración pública, similar a PEMEX, el IMSS o la CFE. Con esto busca administrar, explotar e investigar todo lo relacionado con el litio y sus depósitos en el país, impidiendo que dichas actividades extractivas recaigan en empresas privadas y extranjeras. Está lejos de ser una expropiación ni mucho menos el fin de la extracción irracional de este u otro recurso ni sus técnicas extractivas devastadores.

¿Por qué es tan importante el litio a nivel global y qué papel juega en México?

Según cifras del centro Estadístico Geológico de Estados Unidos citadas por el diario El Economista, son 23 los países con reservas de litio por certificar y México ocupa el décimo lugar, con casi 2% del mineral en exploración.

El interés por el litio, componente esencial para el desarrollo tecnológico —en particular para la elaboración de baterías— y una perspectiva redituable para la industria de la electromovilidad, ha incrementado de la mano del impacto negativo de sus técnicas de explotación (salmuera y evaporación, principalmente). 

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 A pesar de que el litio se presenta como una alternativa al uso de energías fósiles, su extracción es uno de los procesos mineros más contaminantes y, en las últimas décadas, distintos gobiernos han impuesto minas de litio a costa del desplazamiento de comunidades enteras como en Argentina y en Chile que, junto a Bolivia, conforman el llamado "Triángulo del litio". Esto muestra la inviabilidad de un "capitalismo verde" que no anteponga sus intereses a la preservación de la Tierra y sus recursos. 

Las enormes cantidades de agua que se requieren para extraer este mineral suponen un peligro para el abastecimiento del vital líquido en la zona en donde se instale la mina. El caso de la cuenca del salar de Atacama, Chile (la principal reserva de litio del planeta), en donde la extracción del litio ha provocado disminución de la vegetación, además de sequía, es una prueba vigente del impacto de esta actividad en los márgenes del sistema actual. 

¿Cómo prevenir el saqueo?

Los tratos entre gobiernos con empresas para concesionar la explotación del litio en territorio nacional en países como Chile han allanado el camino del monopolio internacional del mineral. Empresas como SQM-TIANQUI-ALBEMARLE, por ejemplo, concentran el 70% de la oferta actual de litio en el mundo. 

En México, estados como Jalisco, Puebla y Sonora albergan al menos cinco minas de litio cuya viabilidad de explotación está en fase exploratoria. La más avanzada se encuentra en Sonora y se presume ha extraído litio del doble de calidad que el encontrado en países como Chile, sin embargo, aún no es suficiente para considerar su rentabilidad.

Este relativo retraso entre la realidad y la regulación, augura un conflicto que cobrará múltiples dimensiones. Mientras tanto, la derecha arremete en redes sociales y a través de medios de comunicación a su servicio como El Financiero, desde donde vociferan a favor de la inversión de capitales privados como Bacanora Lithium, que comenzará el saqueo de 1.1 millones de toneladas de litio al año en una primera etapa de una mina en Sonora. Hay también quienes abogan por un "mecanismo mixto" que pacte el saqueo entre gobiernos y empresas. 

Prevenir el saqueo del litio no puede depender de reformas o "acuerdos" entre gobierno y empresas. Sólo la fuerza de la organización de comunidades y trabajadores puede frenar esta situación, peleando por el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio, por la defensa efectiva del agua, por poner empresas mineras bajo control de sus trabajadores, especialistas, pueblos originarios y comunidades afectadas. Todo en pos de una transición que no deprede la naturaleza, que planifique racionalmente la producción, distribución y consumo. La alianza con movimientos ambientales, comunidades indígenas y sectores de trabajadores movilizados en el territorio para echar abajo licitaciones y poner fin al saqueo es crucial. 


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