Política Estado Español

PRECIO DE LA LUZ

Mientras la luz sigue batiendo récord, el gobierno suaviza el decreto sobre los beneficios de las eléctricas

La luz está ya un 44% más cara que hace un año. El gobierno aprobó un decreto sobre los beneficios extraordinarios en septiembre. Hoy en el Congreso ha anunciado que esta medida se suavizará quedando fuera la mayor parte de las hidroeléctricas, nucleares y renovables.

Jueves 14 de octubre | 11:05

Este jueves el precio medio diario en el mercado mayorista estará un 7,5% que el jueves de la semana pasada. El viernes este índice marcará un nuevo récord histórico, con 231,82 euros el megavatio hora. La escala de la factura de la luz no se detiene y las medidas aplicadas desde septiembre – reducir el IVA al 10% y eliminar la tasa del 7% a la generación eléctrica - han sido absorbidas ya por una escalada que parece no tiene fin. Si la dinámica ascendente se sostiene la factura media del mes de octubre será un 109% más cara que la de 2020.

Además no es el único bien de primera necesidad disparado, la gasolina está por encima del 20% más cara que hace un año y el IPC interanual ya supera el 4%. Mientras el gobierno presenta unos Presupuestos donde los trabajadores y trabajadoras públicos -muchas de ellas parte de los “esenciales” que han estado en primera línea durante la pandemia – solo verán subir sus salarios un 2%, es decir perderán dos puntos de poder adquisitivo. O se aprobó una subida del SMI de 16 euros, que hace unos 20 euros más pobres a quienes cobran los salarios más bajos.

En medio de toda esta tormenta ¿Qué hay del impuesto a los llamados “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas que el gobierno aprobó en el Consejo de Ministros y Ministras en septiembre? Este jueves se ha presentado en el Congreso del decreto ley que lo regulará y, como ya acostumbra a pasar, la letra queda muy por detrás del relato – del gobierno – y el teatro – de las eléctricas que llegaron a amenazar con cerrar las nucleares y que hoy respiran bien tranquilas -.

Concretamente quedan fuera de este impuesto las centrales hidroeléctricas, las nucleares y algunas renovables, con la condición de que moderen sus precios ¿a las familias? ¿a los hogares con rentas más bajas? ¿a los sectores vulnerables o en riesgo de exclusión?... No, a la industria. La medida de “gracia” beneficiará especialmente a Iberdrola – donde presta sus servicios el “socialisto” Miguel Carmona-, Endesa – cuyo Consejo de Administración ha sido el predilecto de exministros del PP y el PSOE- y Naturgy – más de lo mismo-.

Este nuevo trato de favor a las grandes compañías eléctricas – que se acompaña de la partida de 40 mil millones de inversión de los Presupuestos, de los que 27 mil corresponden a los Fondos Europeos de los que se llevan la mejor parte – se aplicará en las próximas semanas mediante una enmienda al proyecto de ley sobre las emisiones de CO2 en tramitación.

La ministra Teresa Ribera ha justificado su decisión en que la escalada del mercado mayorista permite seguir recaudando los 2.600 millones previsto grabando solo a aquellas compañías que más se benefician del mercado trampeado que les permite vender toda la energía producida al precio de la más cara, la dependiente del precio del gas. Es decir cuanto más logran estafar las compañías, que actúan como un oligopolio bien coordinado, mejor es el trato fiscal que recibirán de conjunto.

La derecha de PP, Vox y Cs han anunciado el voto en contra de la medida. Ni siquiera esta carga impositiva suavizada son capaces de aceptar. El PNV se mantendrá en la abstención por considerar que las ventajas para el precio industrial de la energía deberían ser más generosas. Será la izquierda parlamentario de ERC. EH-Bildu, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canaria y la CUP quien le dará los “sies” necesarios, además de los de PSOE y UP, aunque han criticado lo limitado de la medida.

El “guante de seda” del gobierno progresista con el oligopolio eléctrico es de escándalo. La única medida de fondo que podría resolver la escalada del precio de la luz y, también muy importante, poder llevar adelante una transición energética sostenible no sujeta los dividendos de sus accionistas, pasa por la nacionalización sin indemnización de todo el sistema de producción y distribución de energía. Una medida que va en contra de los intereses a los que los gobiernos del PP y el PSOE, y ahora el de PSOE-UP, vienen sirviendo desde hace décadas, y que solo se podrá conseguir imponiéndolo con una gran movilización social a la que forcemos a sumarse a los grandes sindicatos.






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