Sociedad

DESAHUCIOS

Miles de familias continúan siendo desahuciadas bajo el Gobierno “progresista”

Las medidas legislativas de urgencia social contra los desahucios de familias vulnerables adoptadas por el Gobierno “más progresista de la historia” para combatir los efectos más dañinos de la crisis social y sanitaria de la covid-19, vendidas a bombo y platillo como señal de que no se iba a dejar a nadie atrás, siguen demostrando su absoluta inutilidad para atender las necesidades de vivienda.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 8 de junio | 15:50

Durante el primer trimestre de 2021 los datos avalan que ha seguido la hemorragia social perniciosa de los desahucios con miles de familias en la calle. Un nuevo fiasco de un Gobierno “reformista sin reformas” incapaz por sus políticas social liberales de tocar mínimamente los intereses de los fondos buitre, los grandes tenedores y la banca para facilitar vivienda urgentemente a las familias vulnerables en plena pandemia.

Los datos publicados el lunes pasado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la incidencia de los desahucios durante el primer trimestre del año 2021, que suponen un incremento del 14% de media, son un auténtico escándalo político. Mas allá de sus promesas, el Gobierno “progresista” no ha terminado, ni siquiera limitado, los lanzamientos de personas y familias enteras a la calle en plena pandemia, incluyendo menores y personas ancianas a su cargo sin alternativa habitacional digna.

Este fraude social, más allá de la propaganda cínicamente autoproclamatoria del Gobierno, afecta no solo al terreno de la política de vivienda, donde aseguraron que no habría ni un solo desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional mientras durara la pandemia, sino que es una constante en la implementación de las políticas de atención a las necesidades sociales más perentorias de la población más vulnerable.

Pese a que el PSOE y Unidas Podemos no dejaron de declarar que “nadie se quedaría atrás” por la pandemia, lo único cierto es que han seguido las colas del hambre, el fiasco del Ingreso Mínimo Vital que apenas ha llegado a un cuarto de la población prevista -unos 260.000 hogares-, las políticas xenófobas y represivas contra los migrantes, la continuidad de los desahucios como vemos, o los despidos y los ERE indiscriminados.

Mientras tanto, la ministra Yolanda Díaz, se limita a realizar alguna que otra declaración discordante, muy matizada, sobre la política de vivienda del Gobierno, aunque sin trasgredir el territorio de su cartera ministerial. Y nada más.

Si ésta es la opción de Unidas Podemos como candidata a la presidencia no se le puede augurar mucho éxito electoral. Sobre todo, cuando vengan los recortes sociales en derechos laborales exigidos desde la UE para obtener los fondos de 140.000 millones Next Generation, que afectarán directamente a su departamento y dejaran al desnudo -por si todavía hacía falta- la subordinación completa de UP a las políticas neoliberales del PSOE.

Se incrementan los desahucios en 2021

Los datos ofrecidos el lunes por el CGPJ indican que en el primer trimestre del año 2021 los desahucios se han incrementado un 14% en tasa interanual hasta alcanzar una cifra demoledora de 7.862 lanzamientos, solo por impago del alquiler. El total de desahucios ha sido, incluso bastante superior alcanzando los 10.961, si incluimos tanto alquileres como los producidos por impagos de la hipoteca, o por otras causas. Esto supone un crecimiento de un 13,4% respecto del año anterior, aunque implica un 29,5% menos que en 2019.

Los producidos por impago de la hipoteca, un tipo de desahucio que se ha venido desinflando -a diferencia de los del alquiler que han seguido aumentando- ya desde antes de la pandemia pero que ha mantenido, no obstante, un goteo constante, con lo que se demuestra que la moratoria del pago de las hipotecas aprobada por el Gobierno de Sánchez también ha sido un fracaso, han alcanzado en el primer trimestre del año los 2.548 lanzamientos, un 6,5% más que en 2020.

Los desahucios en general, sean por impago de alquiler o hipoteca, está claro que no solo no se han conseguido paralizar, sino que de nuevo comienzan a aumentar. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el primer trimestre del año pasado se vio afectado durante 18 días -del 14 al 31 de marzo- por el cierre y paralización de la actividad judicial consecuencia de la declaración del primer estado de alarma. Aun así, los datos del primer trimestre de 2021 son demoledores y muy significativos si valoramos que el Gobierno ha estado destacando su labor legislativa dentro del llamado “escudo social” que, entre otras medidas, se supone que hacía inviable cualquier desahucio de familias vulnerables, al menos mientras durase la pandemia. Algo que no ha pasado de ser al final mera propaganda cínica del Gobierno, puesto que sus tímidas políticas frente a los intereses de los grandes tenedores, fondos buitre y la banca -la SAREB ha entrado en quiebra y el Estado ha asumido la deuda y sigue sin expropiar su patrimonio inmobiliario para facilitar vivienda social de manera inmediata- han impedido tomar ninguna medida eficaz de manera definitiva contra los desahucios a familias vulnerables.

El análisis territorial pone blanco sobre negro el enorme impacto desencadenado por la crisis social de la covid-19 que no ha sido atendida en ningún momento. Así los desahucios han aumentado en 29 de las 50 provincias, teniendo en cuenta que Ceuta y Melilla están sin datos. El incremento ha sido muy significativo en provincias como Cuenca (450%), Ávila (150%), Guadalajara (82%) o Granada (80%). También se ha podido comprobar la incidencia fuerte en aquellas zonas más dependientes del turismo que ha golpeado el empleo con muchos parados y trabajadores en ERTE, son los casos de Castellón (46%), Tenerife (42%), Baleares (35%) o Las Palmas (26%).

El Gobierno, mientras tanto, sigue mirando para otro lado. El decreto extraordinario de medidas urgentes contra las situaciones de vulnerabilidad en vivienda, prorrogado recientemente hasta agosto, se muestra incapaz de detener los desahucios y sigue sin hacer nada más. Hace pocos meses incluso el ministro del ramo, José Luis Ábalos, declaraba que ya no se producían desahucios gracias a esta reglamentación extraordinaria, lo que era una mentira descarada.

Las plataformas de afectados y activistas han estado denunciando constantemente la continuidad de los desahucios desde hace meses y poniendo el cuerpo contra la represión policial que sigue interviniendo en los desahucios, incluso en Catalunya pese a la promesa de ERC a la CUP de que lo dejarían de hacer las unidades antidisturbios. Lanzamientos que se han producido incluso por parte de agencias públicas de vivienda, una auténtica vergüenza. Y, por supuesto, sobre todo por fondos buitre, bancos, inmobiliarias, grandes tenedores aprovechando la ambigüedad de un texto legal que siempre intentó, sobre todo, salvaguardar los intereses de los grandes capitalistas y que no sufrieran ningún menoscabo significativo en sus beneficios especulativos, frente a los intereses de los más vulnerables. Por eso, por ejemplo, durante los primeros meses de pandemia, se dejaba fuera del paraguas a aquellos cuya causa del desahucio no fuera directamente relacionado con la situación de la pandemia. Algo, además, difícil de lograr y cuya demostración corría a cargo de la familia vulnerable, sin recursos, sin asistencia social y casi siempre, sin los conocimientos ni recursos necesarios para lograr defenderse de los grandes tenedores de vivienda.

La respuesta a la tragedia de la falta de vivienda social, la lucha contra los precios abusivos de los alquileres y los desahucios no va a venir desde arriba. La solución debe imponerse desde la lucha y la movilización social encabezada por las plataformas y sindicatos de inquilinos en defensa de la vivienda y contra los desahucios, la izquierda sindical, las mujeres y la juventud, que imponga el frente único a las burocracias sindicales de CCOO y UGT para que haya un pan de lucha por vivienda digna para todas y todos. Para lograr una auténtica ley anti desahucios y crear un parque de vivienda pública destinada al alquiler social, sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas de los grandes tenedores de vivienda, fondos buitre y entidades financieras.






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