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Myanmar ejecuta a cuatro activistas antigolpistas en el primer uso de la pena de muerte en décadas

Las ejecuciones denunciadas marcan el primer uso de la pena capital en el país del sudeste asiático desde 1988.

Lunes 25 de julio
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El gobierno militar de Myanmar ha ejecutado a cuatro activistas antigolpistas, incluido un aliado cercano de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, lo que ha provocado una condena y una indignación generalizadas.

Los cuatro activistas fueron ejecutados por su participación en lo que el ejército definió como la organización de “actos terroristas brutales e inhumanos”, informó el lunes el periódico estatal Global New Light of Myanmar.

Los activistas fueron condenados a muerte en un juicio a puerta cerrada en enero tras ser acusados ​​de ayudar a las milicias a luchar contra el ejército, que tomó el poder en un golpe de estado de febrero de 2021 dirigido por el general en jefe Min Aung Hlaing.

Myanmar vive una catástrofe social desde el golpe de estado del año pasado, que impidió que Aung San Suu Kyi asumiera la presidencia luego de ganar las elecciones y la violencia se extendió por todo el país después de que el ejército aplastara a sangre y fuego las protestas que resistieron en las ciudades y zonas rurales con fuertes huelgas y luchas en las calles.

Phyo Zeya Thaw, exdiputado del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi, y el destacado activista por la democracia Kyaw Min Yu fueron declarados culpables de delitos tipificados en las leyes antiterroristas.

Thaw, un artista de hip-hop que fue detenido anteriormente por sus letras, había sido acusado de liderar ataques contra las fuerzas de seguridad, incluido un tiroteo en un tren de cercanías en Yangon en agosto que dejó cinco policías muertos.

Los otros dos activistas, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron condenados a muerte por presuntamente matar a una mujer a la que acusaron de ser informante del gobierno militar en Rangún.

Las ejecuciones marcan el primer uso de la pena capital en el país del sudeste asiático en décadas.

Las últimas ejecuciones judiciales tuvieron lugar a fines de la década de 1980, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), un grupo activista. Según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, se contabilizaron 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado. Las ejecuciones en Myanmar se han llevado a cabo previamente en la horca.

Reacciones internacionales

Estados Unidos condenó la ejecución de cuatro personas "por ejercer sus libertades fundamentales". Un comunicado bastante cínico en verdad si se tiene en cuenta que el Estado imperialista al día de hoy tiene más de la mitad de sus estados con la pena capital como ley y las "libertades fundamentales" de los afroamericanos, latinos y pobres son diariamente pasadas por alto. Sin contar las violaciones a los derechos humanos que el ejército realizó en las numerosas intervenciones militares. El Estado francés (que tiene en su haber la utilización de métodos de tortura contra combatientes argelinos en su lucha por la independencia de aquel país africano e internamente, en la actualidad, sus fuerzas represivas hostigan y reprimen constantemente a la juventud precarizada e inmigrante, además de reproducir un sentido común islamofóbico) también se sumó a la condena y recordó su oposición "en cualquier lugar y circunstancias" a la pena de muerte, mientras que Japón denunció que "estas acciones llevan a un conflicto más duro".

En mayo, un tribunal de la Junta militar condenó a la derrocada líder civil pro occidental Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción, en medio de numerosas acusaciones del ejército en su contra.

La premio Nobel de la Paz, de 77 años, permanece con prisión domiciliaria en la casa de su familia en Rangún. Suu Kyi es considerada por los militares golpistas como su enemiga número uno. Pero ella misma recibió un repudio generalizado cuando desestimó y luego negó las acusaciones por la limpieza étnica que el mismo ejército realizó contra la etnia musulmana rohingya en 2017. En esa oportunidad Médicos Sin Fronteras estimó en 7.000 el número de asesinados y denunció violaciones masiva de mujeres rohingya, a manos de miembros del ejército regular y milicias budistas.

Ahora este ejército golpista impone la pena de muerte, que también Human Rights Watch calificó como "un acto de absoluta crueldad".

La directora para Asia de la ONG, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional "mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes".

Después de que el mes pasado anunciara las ejecuciones, el gobierno militar ya había recibido duras críticas por la decisión.

Yadanar Maung, portavoz de Justice For Myanmar, dijo que las ejecuciones equivalían a crímenes de lesa humanidad y pidió más sanciones contra el gobernante Consejo de Administración del Estado.

“Todos los perpetradores, desde Min Aung Hlaing para abajo, deben rendir cuentas por este descarado acto de crueldad”, dijo Maung a Al Jazeera.

“La comunidad internacional debe actuar ahora para poner fin a la total impunidad de la junta terrorista. La respuesta internacional a estas ejecuciones y otros crímenes internacionales de la junta debe incluir sanciones específicas coordinadas contra la junta y sus intereses comerciales, la prohibición del combustible para aviones y un embargo global de armas. Se deben imponer sanciones a Myanmar Oil and Gas Enterprise, para evitar que los fondos de petróleo y gas financien las atrocidades de la junta”.

El gobierno militar que condenó a muerte a decenas de activistas desde el golpe, sin embargo, defendió las ejecuciones previstas como lícitas y necesarias.

Pero más de 2.100 personas han muerto y más de 15.000 fueron detenidas a manos de la represión del golpe desde que tomaron el poder, según la AAPP.


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