La desaparición de personas en México es un problema que ha ido en aumento en las últimas décadas, en especial desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narco” con lo que dio inició a la militarización del país, estrategia que Enrique Peña Nieto (PRI) continuó y Andrés Manuel López Obrador (MORENA) profundizó.
Ante la complicidad y opacidad de los organismos estatales, los familiares de víctimas de desaparición se organizaron para emprender la búsqueda de sus seres queridos. Desafortunadamente, en muchos casos, las y los buscadores han sido objeto de intimidación, desaparición y asesinato. Según informó el Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda y diversos medios periodísticos, entre diciembre de 2010 y agosto de 2022, por lo menos 15 buscadores han sido asesinados.
El último caso reportado fue de Rosario Lilián Rodríguez, acontecido el 31 de agosto del año en curso en el estado de Sinaloa. Si bien todo parece indicar que el principal responsable es "el crimen organizado", no se puede olvidar que servidores públicos –como Javier Duarte cuando fue gobernador de Veracruz o durante la Guerra Sucia contra disidentes políticos— han estado implicados en atentados contra personas que reclaman la aparición de sus familiares.
Los familiares declararon que “Amenazan a la familia buscadora, a veces atentan contra sus bienes, intentan desaparecer a otro familiar o llegan hasta causar la muerte… nos golpea a todos, porque aunque los demás no recibimos las agresiones directamente, sabemos que estamos corriendo esos riesgos”
Nos encontramos ante un escenario masivo de intimidación contra toda la población, pues el mensaje no sólo es hacia todo aquel que se organice para enfrentar una injusticia, sino que le puede suceder a cualquier persona, sin importar a qué se dedique. Desde que las fuerzas armadas están en las calles el número de desaparecidos no ha disminuido, sino todo lo contrario, ha aumentado de manera exponencial.
Por lo anterior no es posible esperar justicia y resultados de parte del Estado, porque es parte del problema. La salida para encontrar a los desaparecidos pasa, primero, porque todos los militares regresen a sus cuarteles –incluida la Guardia Nacional— y se detenga la militarización del país. El segundo punto es la conformación de comités de búsqueda independientes, es decir, no conformados por funcionarios públicos sino por familiares y reconocidos defensores de derechos humanos que tengan a su alcance todos los medios necesarios para llegar a la verdad y al paradero de los desaparecidos.
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