“Dato mata relato”, este es el título de una de las secciones del podcast del exvicepresidente del gobierno Pablo Iglesias. Un juego de palabras que bien podría aplicar el dirigente de Podemos a la praxis cotidiana del gobierno del que forman parte su partido.
Como hicieran durante la pandemia, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha vuelto a vender el “relato” de que el gobierno ha prohibido los despidos ligados a la situación generada por la guerra en Ucrania y la escalada de sanciones del imperialismo europeo y estadounidense. Pero el “dato”, o en este caso la “letra” del paquete de medidas recientemente aprobado, dice otra cosa.
Lo primero que habría que aclarar es que no existe una prohibición como tal del despido. Únicamente queda limitada la posibilidad de que las empresas apliquen un despido objetivo con una indemnización de 20 días por año trabajado. Una limitación que, como veremos, podrá ser fácilmente sorteable, y que además es aplicable solamente hasta el 30 de junio.
Hasta esa fecha todas las empresas podrán seguir despidiendo tan libremente como hasta ahora haciendo uso del despido improcedente, es decir con una indemnización algo más alta, de 33 días.
El despido en el Estado español es prácticamente libre, ya que solamente los despidos que implican una vulneración de derechos fundamentales pueden llegar a considerarse nulo y, por lo tanto, permitir que se reviertan y el o la trabajadora pueda optar por la readmisión. En ningún momento esta consideración de nulo, la única que permitiría hablar de una prohibición de los despidos o de despidos en determinadas circunstancias, ha estado sobre la mesa del Consejo de Ministros y Ministras.
Pero incluso para que las limitaciones al despido objetivo puedan aplicarse, las empresas tendrán que cumplir toda una serie de requisitos que muchas podrán esquivar.
En primer lugar la medida afectará solamente a aquellas que sean beneficiarias de las ayudas directas aprobadas este martes. Pero además, solamente si sus gabinetes de derechos humanos son tan torpes de poner como causa objetiva del despido “el aumento de los costes energéticos”.
Si las causas son todas las demás que permite la actual legislación laboral - la barra libre que dejó intacta la reforma laboral de Yolanda Díaz de las “causas productivas, económicas u organizativas”- el despido objetivo se podrá seguir aplicando.
Tampoco podrán acogerse a despidos colectivos aquellas que se hayan beneficiado de un ERTE, siempre y cuando en las causas del ERE figuren algunas directamente relacionadas con la invasión de Ucrania. Pero como con los despidos individuales, aquellos que se acojan a otras causas “productivas, económicas u organizativas” podrán pasar sin problema.
Respecto a los contratos temporales, estos podrán extinguirse sin ningún problema cuando concluya la causa que los justifica, también si esto sucede antes del 30 de junio. Su indemnización seguirá siendo la miseria de los 12 días por año trabajado. Pero si las empresas quieren extinguirlos antes, incluso por causas derivadas de la guerra, podrán hacerlo también sin problemas. A diferencia de la pandemia, el gobierno no ha incluido que “no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido” razones ligadas a la actual crisis.
El llamado segundo escudo social del gobierno “progresista” promete volver a dejar atrás a millones de trabajadores y trabajadoras. Mientras tanto, los beneficios empresariales, incluidos los de las eléctricas que se disponen hacer su mejor año de beneficios en décadas, siguen sin tocarse.
Contra la nueva catástrofe económica y social que se avecina, es urgente que las organizaciones sindicales preparen un verdadero plan de movilizaciones por una salida de esta crisis sobre los lomos de los capitalistas - con medidas como la prohibición efectiva de todos los despidos, la indexación automática y mensual del IPC en los salarios y la intervención de todos los sectores estratégicos - y para detener la guerra y la escalada belicista del imperialismo europeo que nos conducen a escenarios cada vez peores para la clase trabajadora y los pueblos del mundo.