LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

“No somos delito” califica de insuficiente e incompleta la reforma de la Ley Mordaza del Gobierno

Con la reforma planteada por el Gobierno, la mordaza social continuará existiendo y recortando arbitrariamente las libertades públicas bajo control policial, pese a las promesas del PSOE y Unidas Podemos que se comprometieron a su total derogación. Una promesa más incumplida por el “gobierno más progresista de la historia”.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 23 de noviembre | 16:58

Foto: @Nosomosdelito

La Plataforma No somos Delito ha lanzado un comunicado este martes 23 de noviembre señalando que después de dos años de retraso para llevar adelante el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, por fin se ha formado la Comisión de Interior destinada a derogar la Ley Mordaza. Sin embargo, la realidad es que no se trata de una derogación, sino más bien de eliminar los aspectos más lesivos de la norma, y ni siquiera llega a eso. El conjunto de enmiendas previstas para articular en el nuevo contenido de la Ley, que realmente seguirá manteniendo el carácter de mordaza social, es calificada por la Plataforma como “reforma tibia e insuficiente”. Más bien son ligeras rebajas, pero manteniendo el contenido sustancial de la norma, para tratar de hacer más asumible socialmente lo que no dejan de ser fuertes recortes en las libertades públicas esenciales.

Destacan en el comunicado que no solo es que no se trate de una derogación, sino que en su opinión es una reforma “descafeinada y poco garantista”, pese a existir algunos avances en algunas materias recogidas en la propuesta gubernamental, en concreto en algunas cuestiones sobre el ejercicio de derechos fundamentales que atañen al derecho de manifestación y al ejercicio de algunas libertades públicas. Sin embargo, inciden en que pese a estas reformas lo que habrá tras la reforma será una nueva “Ley Mordaza”, pero en su versión “progresista”.

El Gobierno mantiene esta ley porque en el contexto de crisis social generada por la crisis pandémica, con una economía lastrada en su crecimiento por los cuellos de botella de los suministros de las cadenas de valor y con unos índices de precariedad y pobreza social disparada, las protestas sociales y la lucha de clases pueden volver a emerger con fuerza. Así lo estamos viendo de hecho con una verdadera oleada de huelgas obreras que recorren todo el Estado.

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Ante una situación social que puede ser explosiva, el Gobierno no va a renunciar a ejercer la represión de la protesta social con el menor de los límites posibles. Algo que se ha visto claramente en la represión de la huelga general del metal en Cádiz, cuando no ha dudado en enviar tanquetas policiales y una gran cantidad de efectivos de las fuerzas antidisturbios que se han hinchado a lanzar pelotas de goma y gases lacrimógenos.

Qué mantiene y qué deroga la reforma “progresista” de la Ley Mordaza”

La Plataforma en su comunicado destaca como algo favorable que la reforma planteada recoja el derecho a la manifestación espontánea, incorporando así la jurisprudencia reiterada del Tribunal Superior de Derechos Humanos. Sin embargo, lo cierto es que queda bastante limitado este derecho, aunque resulta algo más abierto con la reforma, dado que se abre la posibilidad de la manifestación espontánea sin comunicar: “cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora” y “siempre que no se cause violencia o alteración del orden público· De modo que aunque parece que a partir de ahora la carencia del trámite de comunicación no va a impedir la libertad de manifestarse espontáneamente, sin embargo, establece en la tipología del tipo de manifestaciones determinados aspectos poco concretos y muy subjetivos (“acontecimientos con indudable repercusión social que no admita demora”) que podrán ser evaluados previamente por la autoridad competente. Lo que podrá acarrear problemas de sanciones administrativas cuantiosas para aquellas convocatorias que pese a su espontaneidad no se ajusten a estos principios. Esto por no destacar que, como sucedía antes y es claro que es una prerrogativa a la que no quiere renunciar el Gobierno “progresista”, si se producen disturbios o alteración del orden público, a los que la policía considere organizadores, les pueden caer fuertes sanciones o aún penas mayores. Y pone a los pies de los caballos al que ose impulsar alguna acción de este tipo en la calle, pues puede encontrarse con consecuencias graves no previstas.

Destaca también el comunicado que la exposición de motivos de la norma recogería un concepto de “seguridad ciudadana” que se ha plantado desde “No Somos Delito”, al enfatizar la garantía de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos. Aunque la propia plataforma añade que “si bien su concreción en el articulado se queda muy corta”. Más allá de que las exposiciones de motivos son un brindis al sol en sí mismas, en este caso, queda incluso absolutamente cuestionado por el propio contenido de la norma que continúa amordazando la posibilidad de la protesta social realmente libre.

Otro aspecto que entienden es positivo es que “se establecen medidas para tratar de delimitar las prácticas policiales más abusivas en materia de identificación, cacheo y registro”. Aquí, sin embargo, la mejora también adolece de muchos límites. No solo porque no existe ningún control efectivo de lo que sucede en las comisarías de puertas para adentro, han existido múltiples denuncias por supuestos malos tratos a detenidos en comisarías -sobre todo respecto de las actuaciones de los Mossos durante todo este período, pero también de otros cuerpos policiales- sino porque aunque se ha reducido el plazo de detención por negarse a identificarse de 6 horas a 2 horas, es evidente que es muy excesivo que solo porque supuestamente te hayas negado a identificarte, la policía necesite 2 horas para “hacerte entrar en razón”. Pero es que además todavía se sigue permitiendo la detención de las 6 horas en casos “excepcionales y justificados”. La vieja táctica legislativa de que lo que se da con la mano izquierda, se recupera con la derecha. Eso sí, la nueva norma, y esto ha encabronado especialmente a los policías, les ha parecido el sumum, los detenidos han de ser devueltos por la policía al lugar en el que fueron detenidos.

Algo similar ocurre con los cacheos, tocamientos y todo tipo de ultrajes a los que son supuestamente sometidos, sobre todo población más vulnerable como los y las migrantes, en muchas de las detenciones. Todo son planteamientos condicionales: “se procurará hacerlo en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”, como si esto fuera una garantía de no sufrir vejaciones en comisaría.

Dentro también del ámbito de la actuación policial hay un apartado concreto para la utilización agresiva y violenta del material antidisturbios, después de múltiples casos de actuaciones infames de la policía con pérdidas de globos oculares de manifestantes. Aquí la redacción que ofrece la propuesta del Gobierno “progresista” no puede ser más cínica y lamentable. Dicen que “las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos (..)” Si alguien ve aquí que se esté prohibiendo el uso de pelotas de goma, por ejemplo, es que todavía cree en los Reyes Magos de Oriente.

Respecto de lo que se calificó como “uso no autorizado de imágenes o datos profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”, para justificar la impunidad absoluta en la actuación policial al ser considerada infracción grave. Ahora, aunque “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”, el nuevo texto abre la puerta de la trampa para incautos y añade: “no obstante, se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar”. Cerrando así, de nuevo, el círculo perfecto de la impunidad policial en su actuación y la limitación enorme a la defensa al seguir siendo muy arriesgada la grabación de los hechos acaecidos, puesto que se sigue sin las garantías necesarias para no ser detenido y acusado por ello.

La veracidad policial ha sido otro de los factores más represivos de la Ley Mordaza de Rajoy y que también termina permaneciendo incólume, tras una digresión lingüística sin consecuencias eficaces para limitar esta prerrogativa policial en la reforma planteada. Reciente el caso del ya ex diputado Alberto Rodríguez condenado por una supuesta agresión a un policial y cuya condena se ha basado exclusivamente en el testimonio policial. Pues bien, las enmiendas previstas mantienen negro sobre blanco el espíritu del artículo 19.2 aunque ahora se añadan términos absolutamente subjetivos que aseguran la inmanencia de la veracidad policial, al indicar que se le dará toda la verosimilitud si lo manifestado por la policía “resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”. Es decir, la carga de la prueba es tuya y tienes que tenerla, cuando ni siquiera se podrán tomar imágenes con total libertad.

También se plantea una ligera mejora de las sanciones o multa por infracción pasando a tenerse en cuenta la capacidad económica del manifestante. Además, parece que se ha concretado una reducción del 50% para los que cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo y un 25% para los que cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI. Más allá de que esto parecen auténticas rebajas de saldo, no deja de ser insultante y un acto de cinismo sin límites pretender que una rebaja en sanciones que podían llegar en su tramo máximo a la módica cantidad de 600.000 euros. Es decir, que, si eres prácticamente poco más que un mileurista, los salarios son en bruto, tendrás la suerte de que la multa se te pueda quedar en tan solo 300.000 euros.

Resumiendo, y tal y como se señala desde “No Somos Delito”, van a continuar perseguidas las libertades de “expresión y reunión, manifestación e información”, con el proyecto de reforma del Gobierno “progresista”. Siendo que las libertades ciudadanas son “amordazadas, al mantener las infracciones más utilizadas para desmovilizar la protesta como la del art 36.6 que sanciona la desobediencia o la negativa a identificarse, o la falta de respeto a agente de la autoridad (art. 37.4), auténtico cajón de sastre de la arbitrariedad policial”.

Todo esto, teniendo en cuenta de que se mantienen la inmundicia legal de las devoluciones en caliente o sumarias de los migrantes que se han sacado de la reforma, lo que ha aceptado Unidas Podemos tragando un enorme sapo político más, para llevarlo a la futura ley de extranjería. Algo, además que ha mantenido bloqueada la modificación de la Ley Mordaza por parte del ministerio del Interior de Marlasca, después de más de seis años de vigencia, y con su masiva utilización durante los estados de alarma con cientos de miles de multas amparadas en esta ley liberticida del PP.

Los sindicatos policiales han convocado manifestaciones por entender que la reforma planteada desde el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos los “criminaliza, desprestigia y les “pone en riesgo”. Prácticamente todos los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil han convocado concentraciones y manifestaciones para los días 24 y 27 de noviembre en todo el Estado para detener la reforma, pese a que nos les quita ninguna prerrogativa real en el uso de la fuerza indiscriminada que les otorgó la Ley Mordaza de Rajoy, acompañado de las reformas del Código Penal que cerró el círculo legal de la represión y la criminalización de la protesta social.

Frente a esto, es necesario plantear un programa de movilizaciones y luchas en la calle impulsadas por los activistas en favor de las libertades ciudadanas, las organizaciones sociales, políticas y sindicales, que sufren directamente en sus carnes los ataques a las libertades de manifestación, reunión y expresión para que desde la mayoría social se detengan los intentos de atacar aún más las libertades ciudadanas esenciales y, no solo no se detenga la reforma planteada por el Gobierno de Sánchez sino que se logre la derogación total de la Ley Mordaza.






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