Internacional

CORONAVIRUS - VIOLENCIA POLICIAL

Noches de revuelta en los barrios de la periferia de París

Desde el domingo, varios barrios populares protagonizaron revueltas luego de que un hombre resultara gravemente herido por la policía en Villeneuve-La-Garenne el sábado. Una chispa que revela que, con el confinamiento represivo y un sistema de salud en emergencia, el Gobierno está haciendo pagar caro la crisis a los habitantes de los barrios populares.

Martes 21 de abril | 23:31

AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

“Cuando esto comience de nuevo, como en 2005, no deberían sorprenderse. Estas palabras son las del rapero Dosseh, después de que un hombre en moto fuera gravemente herido en la pierna por la policía el sábado en Villeneuve-la-Garenne, un barrio popular de la periferia parisina. Como una profecía, desde el domingo por la noche varios barrios populares han estado en llamas.

Primero en Villeneuve-la-Garenne, donde el enojo se expresó en una noche de revuelta. El sitio independiente Bondy Blog informa: “Durante dos horas, los jóvenes de los barrios desafiaron a la policía con morteros y tachos de basura quemados”. Pero también en otras ciudades de los suburbios parisinos, Fontenay-sous-Bois, Saint-Ouen, Aulnay-sous-Bois, Villepinte o incluso Neuilly-sur-Marne, y en otras ciudades de Francia como La Reynerie en Toulouse, en Amiens Nord o en Lormont, cerca de Burdeos, los jóvenes desafiaron el confinamiento para protestar contra la violencia policial. La respuesta estatal clásica consistió en un despliegue espectacular de la policía, que no dudó en reprimir también a la prensa, como muestra el arresto del periodista y militante anti racista Taha Bouhafs en la noche.

Desde que la epidemia de coronavirus llegó a Francia, el manejo de la crisis por parte del gobierno se reduce a medidas represivas y antisociales mediante el establecimiento del estado de emergencia sanitaria el 23 de marzo. La falta de preparación y la estrategia catastrófica del gobierno, responsable del colapso del sistema de salud pública y de investigación, lo llevaron a imponer un confinamiento brutal y represivo, al no ser capaz de tener una estrategia sanitaria a la altura de la pandemia global. Siguiendo los pasos del racismo estatal y de las políticas represivas impuestas a los habitantes de los barrios populares, en gran parte surgidos de la inmigración poscolonial, la gestión policial de la crisis de salud exacerba la exclusión social y la miseria en estos barrios ya afectados por las desigualdades, mientras que la policía tiene, más que nunca, las manos libres para actuar.

En los barrios populares, el confinamiento impuesto brutalmente por el gobierno resultó en una pérdida importante de ingresos para muchas familias que ya vivían con salarios precarios, especialmente en los sectores de servicios y gastronomía afectados por la crisis.
Muchas familias sobreviven hoy gracias a la ayuda de asociaciones benéficas y colectivos vecinales.

“Mercado rojo” y represión policial

En Marsella, el Macdonald de Saint-Barthélemy fue tomado por los trabajadores y los habitantes de los barrios del norte para organizar la distribución de alimentos y almacenar alimentos en cámaras frigoríficas, en contra de la gerencia de MacDonald’s France. De hecho, en el área de Marsella, muchos colectivos se han organizado para ayudar a las poblaciones más vulnerables: migrantes, personas sin hogar, familias sin ingresos, trabajadores pobres, Nair Abdallah, miembro del colectivo Maison-Blanche, declaró el 9 de abril a Revolución permanente: “Las familias nos dicen que ya no tienen qué comer, por ejemplo, una madre nos explicó que solo había comido sopa de cebolla con sus tres hijos durante más de tres días".

Pero el 10 de abril, durante una distribución organizada por el colectivo El Manba en el distrito 1 de Marsella, la policía intervino y multó a cinco activistas, acusados ​​de no respetar el confinamiento y las señales de la barrera, antes de abandonar el "mercado rojo". El colectivo respondió en un comunicado de prensa: "No nos divierte correr el riesgo de violar las medidas de seguridad sanitaria, medidas que no cuestionamos. Sin embargo, es urgente organizar la solidaridad hacia las personas más afectadas por esta crisis; y sabemos que respecto a esto, no tenemos nada que esperar del Estado, ya que con confinamiento o no, maltrata a estas personas a diario". Al vincular esta situación con la represión y el racismo estatal que generalmente tienen lugar en vecindarios de clase trabajadora, exacerbados durante el período de confinamiento, los activistas del grupo continúan en su comunicado de prensa: “El número de controles faciales sobre personas racializadas se multiplica, y los que viven en las calles nos dicen que los controles violentos, los golpes, los gaseamientos y las persecuciones en autos son más cotidianos que nunca. Cuando las calles están libres de posibles testigos, queda todo el espacio libre para la impunidad policial".

Si bien los habitantes de los barrios populares están hoy en primera línea, también hay que recordar que, hace apenas unos meses, fueron los chalecos amarillos en las rotondas y luego los huelguistas de RATP (empresa de transporte urbano de París, NdelT) contra la reforma de las jubilaciones en las estaciones de colectivos y en las manifestaciones quienes pagaron el precio de la represión policial.

Enfrentados diariamente con la miseria, el encierro exacerba la exclusión para los jóvenes de los barrios de clase trabajadora. La "continuidad educativa" parece muy difícil para todos los jóvenes escolarizados, demasiado pobres para contar con el equipo informático necesario y la conexión a Internet.

Condenados a quedarse con sus familias en viviendas pequeñas, a veces insalubres, el confinamiento resulta ser una pesadilla para todos estos jóvenes, que no tienen otra alternativa que encontrarse con la policía cuando salen de los barrios marginados. Sofian, de 21 años, se dirigía a su trabajo. Repartidor de Amazon, obligado a trabajar a pesar de la pandemia. Ve a los policías a la distancia, y como se había olvidado su permiso, trata de irse rápidamente. A continuación, un video que se viralizó en las redes sociales da testimonio de ello, en él escuchamos los gritos de dolor del joven. Primero fue golpeado mientras estaba inmovilizado en el suelo, luego, la policía lo llevó al porche de un edificio para continuar golpeándolo fuera de la vista de todos.

Este aumento de la violencia policial se combina así con los ataques antisociales del gobierno contra el mundo del trabajo y, en primer lugar, contra los precarios. En estos tiempos de crisis económica y sanitaria, los habitantes de los barrios de la clase trabajadora desempeñan el papel de variable de ajuste estructural en el mercado laboral para las clases dominantes, son “los primeros contratados y los primeros despedidos" según lo resumió el sociólogo y activista de los barrios, Saïd Bouamama, en su artículo "Inmigración y lucha de clases". Esto implica para el gobierno en el poder mantener una presión permanente sobre estos jóvenes de los suburbios, a menudo de origen inmigrante, mediante una intimidación policial regular y una exclusión permanente de los trabajos "estables". Pero todo esto no sería nada si los habitantes de los barrios populares no sirvieran para meter miedo, por parte del gobierno, los principales medios de comunicación y la extrema derecha, quienes los culpan de "no respetar el confinamiento" en un intento de ocultar la gestión catastrófica de la crisis de salud, consecuencia de la falta de medios en hospitales y de la falta de investigación debido a las políticas neoliberales catastróficas hacia los servicios públicos.

Por todas estas razones, debemos oponernos a la "unión nacional" defendida por Macron y el MEDEF (organización patronal, NdelT), que sirve de cobertura a la política gubernamental represiva y racista para hacer pagar la crisis a los trabajadores y residentes de los suburbios. Para unificar nuestro campo social, es necesario que todas las organizaciones del movimiento obrero denuncien en primer lugar esta escalada de seguridad, los crímenes de la policía y el racismo estatal que se dirigen más específicamente contra los habitantes de los barrios populares, y llevar a cabo un programa que exija que todos los trabajadores precarios tengan contratos permanentes, la prohibición de despidos, de desalojos y la ocupación de las viviendas vacías para dar un techo a todos, el control de precios de los alimentos por la población y los trabajadores de la rama alimentaria frente a la crisis que se viene, así como una estrategia sanitaria que ataque realmente al virus, más que a la población, mediante el establecimiento de tests masivos –y no solamente a quienes presentan síntomas– y máscaras de calidad para todos.






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