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Nueva claudicación del Gobierno frente a la derecha: más fondos públicos para la escuela privada infantil

El ataque a la educación infantil pública se recrudece ante la espantada del Gobierno, que cede terreno ante las autonomías controladas por la derecha en su plan de reforzar la privada.

Víctor Stanzyk

Lunes 29 de noviembre de 2021
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El Gobierno PSOE-UP ha llevado adelante una medida neoliberal que le allana el terreno a la derecha. Da igual cuándo leas esto.
¿Qué ha sido esta vez?

La nueva concesión ha sido, de facto, permitir a las comunidades subir la financiación de la educación privada con fondos públicos, con ayudas millonarias concedidas desde la UE para la ampliación de plazas públicas en la educación infantil de 0 a 3 años.

Escuelas infantiles en manos de la privada

Pongámonos en situación. La escuela infantil pasa por momentos críticos. Estamos hablando de una tasa de escolarización del 36% en esa franja de edad. Yendo a los extremos de la estadística: la tasa más alta la tiene Euskadi, con un 50%, y la más baja Murcia, con un 18% (es decir, en Murcia apenas uno de cada cinco niños en esa franja de edad está escolarizado).

¿Por qué se da una tasa tan baja? Cualquiera que haya intentado matricular a un niño en una escuela infantil se habrá dado cuenta de las dificultades: listas de solicitudes infinitas, falta de plazas, de recursos y de financiación, etc. Las escuelas infantiles no logran satisfacer toda la demanda. ¿El objetivo? Derivar a todos los niños a la privada.

La escuela infantil es la etapa educativa donde más presencia tiene el sector privado. Estamos hablando una media del 46% de los centros están en manos privadas. Esto, inevitablemente, hace una criba a la hora de escolarizar a los hijos: aquellas familias de clase trabajadora y con pocos recursos no pueden escolarizar a los hijos si estos no tienen la suerte de ser aceptados en la pública.

Los que pueden se ven obligados a pagar las cuantiosas tasas de escolarización de la privada, que en algunas comunidades son mayoría. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor presencia de centros privados, con un 64%.

Esto hace de las escuelas reproducir una segregación de clase: a más ingresos, mayor escolarización.

Con un control tan grande del sector es natural que las empresas especulen con la educación de los niños, pongan abusivos precios que, para colmo, no se relacionan necesariamente con una mejor calidad. Andalucía, quitando Ceuta y Melilla, se sitúa como la comunidad con mayor índice de abandono educativo temprano, con más del 20%, cuatro puntos por encima de la media nacional.

Sirva esto de referencia para constatar el precio de hacer de la educación un negocio, algo que el Gobierno progresista está muy lejos de corregir y que, por el contrario, está cediendo como un campo abonado a las empresas y a sus paladines de la derecha en los distintos gobiernos regionales.

La derecha consigue financiación para la privada

La UE aceptó hace unas semanas emitir ayudas para fortalecer la etapa educativa de 0 a 3 años. El Gobierno repartió entre las comunidades 670 millones de euros para universalizar la educación infantil y permitir el acceso a la escolarización. Estas ayudas estaban divididas en tres partidas, de modo que en tres años pudiera haberse creados las suficientes plazas para una escolarización, más o menos, plena.

Sin embargo, esta ayuda fue puesta en tela de juicio. En algunos casos incluso fue rechazada. Andalucía renunció públicamente a su correspondiente parte (123 millones), y no ocultaron el motivo: financiar tanto la pública iba a perjudicar a las empresas privadas.

El presidente Juan Manuel Moreno dijo que era hacer una competencia desleal y hundir al sector privado. Llegó a afirmar que sería imposible una reconversión al sector público sin atacar de forma abierta al sector privado, algo que no estaba dispuesto a hacer.

La Comunidad de Madrid no se quedó atrás. Ayuso rechazo la propuesta alegando «madrileñofobia», ya que siendo una comunidad numerosa no había sido la más subvencionada. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad desarrolló un plan para, con los mismos recursos que los actuales, ampliar las plazas derivando a los niños de 3-6 años directamente a colegios de primaria, cerrando centros públicos y derivando la financiación a cheques de guardería, una forma indirecta de subvencionar la privada.

Una reestructuración que perjudica, en la escuela infantil, a los más mayores por matricularlos en centros no preparados para ellos; y a los más pequeños, ya que esa ampliación de plazas contrasta con el cierre de hasta nueve escuelas en Madrid (con otras tantas bajo amenaza).

Véase: Nuevo ataque de Ayuso a la educación pública: eliminación del segundo ciclo de infantil

Catalunya y Euskadi también criticaron la financiación por sus condiciones: esta sólo permitía que se destinase a la creación de plazas. Según la Generalitat ellos ya habían fortalecido el sector público y acusa al Gobierno central de pactar con Bruselas sin hacer un análisis de las necesidades auténticas de las comunidades. Euskadi mantiene una postura similar.

Sin embargo, cabría preguntarse cómo tienen pensado aplicar los fondos públicos, ya que en Catalunya el sector educativo sigue precarizado. Es de destacar el caso del Lleure, todavía externalizado, en manos de la especulación privada, cuyos trabajadores se mantienen con contratos temporales, salarios ínfimos y condiciones laborales indignas.

Contra las concesiones a la derecha, luchemos por la pública

Ya sea por la derecha nacional o regional, esta oposición a las ayudas ha obligado al Ministerio de Educación de Pilar Alegría a negociar con los gobiernos autonómicos. Lo que antes eran fondos destinados a la ampliación de plazas, ahora el único requisito es que sean destinados a la etapa educativa de 0 a 3 años, dejando a las comunidades que determinen el mejor modo de usarlos.

Será en el segundo año cuando esta flexibilidad se haga efectiva, forzando en cierta forma en el primero a cumplir las exigencias del Ministerio de Educación. Esta perspectiva ha hecho las principales comunidades disidentes acepten el plan del Gobierno, habida cuenta que ahora podrán reforzar la red privada, ya sea con subvenciones concertadas o desviando fondos a través de los cheques guardería (medida estrella en Andalucía y Madrid).

De nuevo el Gobierno más progresista de la historia se retrata como un fiel aliado de la privada; algo que, por otro lado, a nadie extrañaba. ¿Alguien pensaba que el PSOE, principal artífice de la concertada, de los pactos con la Iglesia en el ámbito educativo, iba a temblarle el pulso para vender todavía más la escuela pública a las empresas?

Por supuesto esto irá acompañado, a su vez, de un empoderamiento de la derecha en la educación. Un ejemplo perfecto es Madrid, donde Ayuso aplica de forma descarada medidas neoliberales que sangran aún más al sector público, con el beneplácito de un Gobierno central dispuesto a dejar que la derecha hacer y deshacer mientras se lava las manos bajo un falso discurso progresista.

Ya hemos visto las consecuencias de esta política, y la situación irá a peor. Cada vez más familias no podrán escolarizar a sus hijos, o se resignarán al sector privado. Cada vez más trabajadores de educación se verán forzados a trabajar en el sector privado con la precarización acorde a la codicia de las empresas..

Lo único que nos queda, la única solución posible, es la organización del sector educativo bajo la exigencia de un plan de lucha que defienda la educación universal, gratuita, pública y de calidad contra la privatización de la enseñanza.

Sólo la lucha de la plantilla de los centros educativos puede forzar a una refinanciación de la educación, así como a la conformación de programas educativos en los que la extrema derecha y las empresas no impongan su ideología conservadora y neoliberal. Una organización que debe cuidarse de la confianza en un Gobierno que abiertamente renuncia a defender la educación pública, y en las burocracias sindicales, las cuales pactan y colaboran con la agenda del Gobierno desmovilizando e refrenando la lucha.


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