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Ómicron y la sexta ola no son una “plaga bíblica”, tienen responsables

Los gobiernos europeos, el español y los autonómicos llevan 20 meses sin reforzar los sistemas sanitarios. Las patentes de las vacunas están detrás de la nueva variante. Su única salida son medidas coercitivas que refuerzan al Estado pero de las que la covid19 sigue escapando.

Santiago Lupe

Martes 21 de diciembre de 2021
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La sexta ola ya es un hecho. En apenas dos semanas, el impacto de la variante Ómicron en el Estado español la ha catapultado hasta el 47% del total de infecciones, disparando la incidencia acumulada a 14 días a 610, con cerca de 80 mil nuevos positivos en el fin de semana. Estos datos, no obstante, podrían estar por detrás de la realidad. La saturación de la atención primaria y la incapacidad del sistema público para testear a personas con síntomas y contactos puede estar ocultando la gravedad de la situación y facilitando una enorme transmisión comunitaria.

Aparentemente el efecto de la alta cobertura vacunal, que roza el 80% con doble dosis, reduciría el porcentaje de positivos que desarrollan enfermedad grave. Sin embargo, el exponencial aumento de casos amenaza con colapsar de nuevo el sistema público de salud en los meses que este está de por sí más tensionado por otras afecciones estacionales como la gripe. Algunas comunidades autónomas, como Catalunya, ya están en el 30% de UCIs ocupadas por covid19 y otras, como el País Vasco, han anulado todas las intervenciones quirúrgicas no urgentes u oncológicas.

Estos dos primeros párrafos podría haberlos escrito casi en su integridad tirando de “corta y pega” de los muchos artículos que hablaban de las olas anteriores. Pareciera que estamos en un eterno “día de la marmota”. A 20 meses de inicios de la pandemia la situación del sistema de salud en todos sus áreas - desde el rastreo, laboratorios, la atención primaria y la red hospitalaria – es de un agotamiento agónico. Los prometidos refuerzos no han llegado y, en muchos casos, hasta se han retirado debilitando la capacidad de prevención, diagnóstico y tratamiento de la pandemia.

Restricciones y limitación de derechos: el único idioma que entienden los gobiernos y del que la covid19 sigue escapando

Todo esto no es producto de un mal o una “plaga bíblica” sobrevenida, contra la que nada se puede hacer, como nos han vendido desde el gobierno central y los autonómicos, o los del resto de gobiernos de la UE, desde marzo de 2020. Casi dos años después de la aparición de la covid19 las excusas del tipo “no se podía prever” son un insulto que solo busca tapar este enorme crimen social.

Dejar pasivamente que la situación sanitaria empeore, sin tomar ninguna medida efectiva que pase por mejorar los sistemas de prevención y testeo. Cuando la cosa ya está desbocada, como estaría pasando ahora, llegan las soluciones mágicas que a golpe de decreto, policía y sanción prometen devolvernos a otra “requetenueva” normalidad.

Su respuesta hoy es la misma que otras veces. Tanto las medidas ya anunciadas por la Generalitat como las filtradas que se discutirán mañana en la Conferencia de Presidentes. Nuevas restricciones de actividad, medidas efectistas sin impacto demostrado -como la petición de mascarillas en exteriores- y, con mucho peso, nuevas limitaciones de derechos fundamentales como los que representan el pasaporte covid o las peticiones de nuevos toques de queda.

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Con esta limitación, el Estado refuerza sus mecanismos coercitivos y bonapartistas, aún a pesar de que muchas de esas medidas no tendrían un efecto demostrado en el control de la expansión. La nueva variante, según ya reconocen epidemiólogos y laboratorios, escaparía de la vacuna al menos en la posibilidad de trasmisión, y prohibir salir del domicilio entre la 1 y las 6 de la mañana en un diciembre con todo cerrado a esas horas es bastante ridículo.

Cubren sin embargo así su responsabilidad, refuerza el relato e instituciones y mecanismos coercitivos -que después emplean a discreción contra la protesta social, como hemos visto en Cádiz por ejemplo-, y culpabilizan a la responsabilidad individual del estado de la cuestión.

Sin embargo, esta sexta ola, como las anteriores, tienen culpables claros, y no es la población. Como también hay alternativa a las recetas presentadas como “lo único posible” y que nos siguen condenando a repetir una ola tras otra.

Despidos de 60 mil sanitarios y falta de recursos: la “preparación” de los gobiernos ante posibles nuevas olas

En 2020 los gobiernos se sumaron cínicamente a los aplausos sanitarios que rompían la monotonía del confinamiento a las 20h. Sin embargo, el primer reconocimiento real a su labor fue el despido de miles de trabajadores y trabajadoras sanitarias entre mayo y junio. Así pagaron a los “héroes y heroínas” de primera línea.

En cada una de las olas que se han producido desde entonces la situación ha sido la misma. Tras la bajada del pico los refuerzos quedaban en la calle, la carga de trabajo de quienes permanecían seguía siendo insostenible – teniendo que atender todas las afecciones no urgentes pospuestas que han engrosado estratosféricamente las listas de espera – y cuando los contagios volvían a aumentar... nuevas contrataciones temporales y precarias que volvían a quedar en la calle dos o tres meses después.

La precariedad e insuficiencia de recursos estructural de un sistema ya de por sí golpeado por una década de recortes no ha sido en absoluto revertida. Los aumentos presupuestarios han sido absorbidos por el aumento del gasto para la atención de la sobrecarga de pacientes. Pero la capacidad instalada de hospitales, centros de salud o laboratorios permanece prácticamente igual a lo que teníamos en marzo de 2020.

Si tomamos como referencia la principal fuente de ingresos extraordinarios de los Presupuestos de 2022, los Fondos Europeos, de toda esa lluvia de millones la sanidad solo recibirá el 1,5% , poco más de 1000 millones. Un tercio que lo que recibirán los hoteles y agencias turísticas, o cinco veces menos que las multinacionales del automovil. De ellos además ni uno solo irá a la contratación de personal estructural.

Solo en este otoño 60 mil sanitarios han sido despedidos en todo el Estado, y los que han renovado contrato, como los catalanes, lo han hecho en condiciones precarias de escándalo. En Comunidades como la de Madrid, la gestión neoliberal de Ayuso ha cerrado y desmantelado la atención primaria, que está ya colapsada. O en Catalunya se ha mantenido el modelo semi-privatizado del CatSalud, con concesiones a dedo escandalosas como la del servicio de rastreo a Ferrovial.

Por eso cuando el conseller de sanidad de la Generalitat, Josep Maria Argimon, trataba de responsabilizar a la ciudadanía de la realidad de los profesionales sanitarios agotados y exigía que “tenemos que cuidarlos”, resultaba tan indignante. Es su conselleria, como el ministerio y el resto de consejerías, las que los maltratan sistemáticamente con contratos basura, jornadas extenuantes y retribuciones a la baja, que les ha puesto como uno de los sectores más golpeados por la ola de salud mental.

En 20 meses bien se podría haber revertido esta situación. Con un plan sanitario de emergencia de ampliación de plazas hospitalarias y de críticos, aumento de plazas en todas las facultades y grados de FP sanitaria, refuerzo de la atención primaria tomando las reivindicaciones de sus trabajadoras y trabajadores, contratación directa de administrativos y rastreadores para descargar de estas tareas a los sanitarios... Para ello, obviamente, se tendrían que haber tomado otras medidas para sufragarlo, como impuestos a las grandes fortunas y beneficios empresariales, o destinar los fondos europeos a esta cuestión de emergencia.

Todas medidas que, sí, tocarían el bolsillo de los grandes capitalistas, una línea roja común para los Ayuso, Aragonés y Sánchez-Díaz. Como lo es, en plena ola, tomar medidas de urgencia para atajar la actual crisis sanitaria como la intervención de clínicas y laboratorios privados para ampliar la capacidad asistencial y la realización de test masivos para toda persona que lo necesite. En contra de esto, se permite que el sistema no sea capaz de diagnosticar y rastrear -algo que no pasaba con esta magnitud desde la primera ola- mientras estas patronales de la salud se lucran con PCRs y antígenos a precio de oro.

Sin plan de choque para las otras pandemias

En otros rubros directamente relacionados con esta situación la política ha sido muy parecida: no tomar ninguna medida de fondo.

El curso escolar comenzó con el despido del ya de por sí mínimo refuerzo de personal en colegios e institutos. Con instalaciones insuficientes, ratios de hasta 30 y 35 alumnos por aula y el personal docente justito ¿a quien le extraña que los centros educativos se hayan convertido en uno de los principales vectores de contagio? ¿no era previsible que iba a ser así cuando toda la primaria ni si quiera había recibido una primera dosis de la vacuna hasta hace apenas unos días?

El incremento presupuestario para educación, la habilitación de espacios y construcción de nuevos centros y aularios y la contratación fija de tantos docentes y otros profesionales hoy precarizados como sean necesarios para el desdoble de grupos, son medidas de emergencia para garantizar una docencia presencial segura, que bien podrían haberse llevado adelante en estos 20 meses.

Además el coste social de los confinamientos de aulas o escuelas enteras no pueden recaer en las familias, que muchas veces no tienen la capacidad de hacerse cargo de los menores y otras personas dependientes. La baja laboral, con el 100% de retribución, para el cuidado de estas personas es otra de las necesidades que desde 2020 la ministra de Trabajo no ha querido dar solución.

Lo mismo que para los efectos sociales de esta nueva ola. Millones de trabajadores y trabajadoras que se pueden convertir de nuevo en los paganos de las suspensiones de actividad, enviados a ERTEs con una retribución recortada – que convierte salarios basura en salarios de hambre – o directamente despedidos.

Contra esta situación es fundamental pelear por medidas de emergencia como la prohibición de los despidos y la retribución íntegra para los trabajadores suspendidos por causa covid19, a cargo de las empresas con beneficios, o la suspensión de pago de suministros, alquileres, hipotecas y créditos para los pequeños productores y autónomos que se vean abocados a parar.

Una nueva variante auspiciada por la protección de los gobiernos imperialistas a las farmacéuticas

Por último, hay un problema de fondo que, sin resolverse, puede hacer que esta crisis sanitaria, económica y social se siga profundizando sin fecha de final. Todos los epidemiólogos coinciden en que este repunte de la pandemia está relacionado con la llegada de la nueva variante Ómicron. Pero esta nueva cepa no era un producto de la naturaleza inevitable.

En noviembre de 2020 en la OMC más de 100 países en vías de desarrollo, encabezados por la India y Sudáfrica solicitaron la liberación de las vacunas que estaban a punto de comenzar a circular. Permitir a estos países la libre fabricación y distribución de los viales para inmunizar a su población fue apoyado por miles de epidemiólogos como la única garantía posible de poder alcanzar una inmunización mundial. Sin ella, la posibilidad de nuevas mutaciones potencialmente más peligrosas al calor de expansiones masivas estaba casi asegurada.

Los países imperialistas, entre ellos el gobierno “progresista” del PSOE e IU, votaron en contra. Ni la UE, ni EEUU, ni Japón apoyaron la petición. Aunque en los últimos meses estos mismos gobiernos se han pronunciado a favor de la liberalización, no han pasado de declaraciones de buenas intenciones. A día de hoy los grandes laboratorios siguen manteniendo secuestradas las vacunas y, sobre todo, cosechando miles de millones de dólares y euros de beneficios extraordinarios.

Las dos variantes que han impulsado las dos últimas olas tuvieron su origen precisamente en India, la Delta, y Sudáfrica, la Ómicron. Sin liberación de las patentes y sin la intervención de todas las farmacéuticas y laboratorios para poner toda su capacidad instalada a la fabricación y distribución masiva de viales por todo el mundo, la pandemia covid19 y sus efectos en la vida y salud de millones amenazan con prolongarse y alargarse por un tiempo que nadie se atreve a cuantificar.

La pandemia saca a la luz la irracionalidad del sistema capitalista. No solo se anteponen las ganancias de una ínfima minoría de capitalistas a la vida de millones. Sino que la respuesta, además de impotente, genera una concatenación de crisis que se tornan irresolubles sin romper con él. Tanto para frenar los peores efectos de esta sexta ola, como para conseguir covertir la covid19 en una enfermedad común, son necesarias medidas que toquen los intereses y beneficios de los grandes capitalistas. No hacerlo solo alarga y agrava sus consecuencias. Hacerlo, no dependerá de los gobiernos a su servicio, sino de que la clase trabajadora y los sectores populares las impongamos mediante la lucha de clases.


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Santiago Lupe

Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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