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PSOE, PP y VOX bloquean la investigación parlamentaria del caso Pegasus

El tridente político del PSOE, PP y Vox ha unido una vez más sus votos para impedir que cuestionen las cloacas del Estado, parte del núcleo duro del Régimen del 78.

Juan Carlos Arias

Martes 24 de mayo
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En este caso para amparar el espionaje del caso Pegasus. Algo que hicieron también, no hace mucho, con el bloqueo a la investigación parlamentaria de los delitos fiscales del rey emérito.

El escenario en este caso ha sido la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados donde ha sido rechazada una vez más con los votos en contra del PSOE, PP y Vox una propuesta registrada por Unidas Podemos y los partidos independentistas para investigar el caso Pegasus el pasado 12 de mayo. Todo ello, tras el tsunami político generado a finales de abril por este escándalo, que causó una grave crisis en el seno del Gobierno de coalición y sus aliados con peticiones de comisión de investigación parlamentarias. Comisión que también fue rechazada, por cierto, por el voto conjunto de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

Crisis que se dio por controlada una vez se destituyó a la responsable del CNI y se facilitaron documentos a puerta cerrada y sin ninguna transparencia, sobre las escuchas a por lo menos 18 dirigentes independentistas, catalanes y vascos. Aplicándose entre otras leyes reaccionarias a este caso la ley de secretos oficiales franquista que impide la desclasificación de cualquier documento sin límite de tiempo ni asunto, al arbitrio del gobierno de turno.

De modo que siguen sin desclasificarse incluso bajo el “gobierno más progresista de la historia” documentos tan trascendentales para el conocimiento histórico y político de escándalos o acciones oscuras del aparato estatal de hace más de 30 años. Y todo ello en un contexto en el que nada se ha sabido sobre el resto de escuchas efectuadas por el programa espía israelí Pegasus adquirido por 6 millones de dólares por el CNI, con más de 60 escuchas ilegales a dirigentes políticos independentistas, abogados, familiares, activistas, etc., todas ellas detectadas por el grupo de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Pero es que aún hay más tramas de espionaje supuestamente ilegales realizadas desde el aparato del Estado español, además de las que consideran “legales” y fueron informadas desde el CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Entre estas estarían las escuchas al propio presidente del Gobierno y varios ministros de las que todavía se desconoce su origen.

Pero esto va mucho más allá. Por ejemplo, las acciones ilegales realizadas desde el Gobierno del PP de Rajoy a través de Villarejo para desarticular la amenaza por los papeles de Bárcenas, o las destinadas a enturbiar con escándalos financieros falsos a los líderes independentistas catalanes en un contexto de desarrollo del procés catalán. Algunas están siendo investigadas desde hace años por la justicia como son las que afectan al caso de la corrupción del PP detectada con los papeles de Bárcenas y la operación Kitchen, sin que se clarifique realmente qué ocurrió, quién lo ordenó, quiénes lo ejecutaron, qué fondos se utilizaron de manera fraudulenta, etc.

Pero este no es más que el modus operandi de este Régimen del 78. Más atrás en el tiempo, entre los años 1983 y 1987 actuó con total impunidad el grupo terrorista paraestatal del Gal impulsado por el Gobierno del PSOE de Felipe González. Y hay que recordar que aquella trama tuvo un vínculo directo con las alcantarillas del Estado, por la que se llevaron a cabo acciones armadas, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. A lo que se sumó la utilización de los fondos reservados para llenar los bolsillos de los agentes del propio aparato, para sobornar y utilizar métodos terroristas de acción política desde el propio Estado. Siendo que todavía se desconocen muchos aspectos de esa trama y permanecen ocultos los documentos de su gestación y desarrollo, hasta el punto que se desconoce quién era el cabecilla de la trama calificado como señor X. Y cerrándose el caso con la paupérrima encarcelación de tan solo dos culpables, José Barrionuevo y Rafaell Vera, que, condenados a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, apenas estuvieron unos meses en presos tras ser indultados por José María Aznar.

La punta del iceberg

Lo que ha salido a la luz con la detección de las escuchas telefónicas con Pegasus sobre algunos activistas, familiares y los políticos independentistas, hace vislumbrar que todo esto no es nada más que la punta del iceberg. Una muestra pequeña del comportamiento sistemático de las alcantarillas del Estado herederas del franquismo que utilizan métodos legales o ilegales para contener cualquier respuesta social y política al régimen. Hay que tener en cuenta que las escuchas y los tentáculos de los espías del aparato del Estado llegan también a los activistas, abogados, familiares y todo aquel que pueda ser objeto de interés para el control social.

En este contexto, el Grupo Parlamentario Socialista ha justificado su voto en contra de la comisión parlamentaria, señalando que para tratar esos temas ya está “la Comisión de Gastos Reservados”. Sin embargo, los grupos que plantearon la comisión solicitaron esa investigación para conocer de primera mano si las estructuras parapoliciales del Estado se encuentran detrás de las escuchas y, sobre todo, para dilucidar los interrogantes que aún están sin resolver.

En el caso de Unidas Podemos, quienes pidieron la comisión de investigación, la gran contradicción es que avalaron de hecho la decisión de mantener en el cargo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, máxima responsable del CNI. Robles ha permanecido en el Gobierno con el apoyo explícito de Sánchez, no se ha desclasificado un solo documento de la trama, no se ha derogado la Ley de Secretos Oficiales franquista y el CNI sigue actuando a sus anchas bajo la dirección de una persona de confianza directa de Margarita Robles.

Por si faltara algo, desde Podemos mostraron su fidelidad con el gobierno cuando se opusieron a la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones sobre la escuchas con Pegasus en el Congreso. En definitiva, siguen tragando sapo tras sapo como con otros muchos asuntos y, en el mejor de los casos haciendo comunicados de oposición más o menos indignados según convenga. Pero siempre terminan convalidando las acciones del Gobierno de coalición del que son parte, como con el tema Saharaui y la negación de Sánchez de su derecho de autodeterminación, sin ir más lejos.

La única manera de acabar con estos mecanismos represivos y de espionaje es plantear una investigación independiente de las actuaciones del Estado, para determinar el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del espionaje. Otras medidas elementales son la disolución del CNI, la apertura de todos los archivos secretos, el fin de toda persecución política y la libertad de los presos políticos que todavía permanecen en la cárcel como consecuencia del procés y de todas las luchas sociales y ciudadanas.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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