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PSOE y Unidas Podemos preparan el mayor ERE público de la historia

Continúa la tramitación de la Ley Iceta con acuerdos que no satisfacen a toda la plantilla interina. Se han “filtrado” unas enmiendas que propondrían ERC y PNB en acuerdo con el gobierno del PSOE-UP, pero no son más que “bla, bla, bla”. Los interinos reclaman Fijeza, Ya.

Oriol Sunyer

Martes 16 de noviembre de 2021
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Gracias al apoyo de Esquerra Republicana a último momento, el Real Decreto de Iceta pudo entrar en tramitación parlamentaria. Los grupos denominados de “Izquierda” son los encargados de ajustar la normativa española a la europea en relación con la temporalidad de los trabajadores públicos. Y de hecho ahora se encuentra en plena “negociación” de las enmiendas. Antes de final de año tendría que votarse la ley definitiva.

La diputada de ERC, Pilar Vallugera se sincera y dice que "todos los partidos políticos hicimos un ejercicio del hecho que no es posible la fijeza”. Ya queda claro que la reivindicación que todos los interinos se quedan no forma parte de la formación catalana (ni del gobierno). Y como máximo ofrecieron un “concurso de méritos ... legal, apropiado y que nos ahorra las indemnizaciones”. A los interinos que hacen muchos años se dejan la salud al trabajo, se les “ofrecerá” ir a la calle con dos duros.

La derecha por su parte está guardando una posición expectante. Quieren que la falsa izquierda se "queme" asumiendo la responsabilidad de tirar un grave ataque contra los interinos. No obstante, las doce enmiendas presentadas por el PP no cuestionan el proyecto en su conjunto. De hecho, el PP coincide con las indemnizaciones de veinte días por año trabajado con un máximo de doce meses y también con el concurso de mérito. Y Vox no ha presentado ninguna enmienda, pero anunció un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 14/2021, a pesar de que no explica cuál es su “solución” a la temporalidad.

PSOE-UP no piensan en los interinos

La interpretación que hace el gobierno del PSOE-UP sobre cómo reducir esta temporalidad, es muy sencilla: hacer fijo a una parte y despedir el resto de los interinos. Hay alrededor de 800 mil interinos en todo el Estado. Muchos llevan más de una década trabajando en estas condiciones (incluso 20 y 30 años). Más de un 70% son mujeres y que además tienen una gran carga familiar. Muchas tienen más de 50 años. La temporalidad se sitúa alrededor del 30%. Hacer oposiciones no es una opción válida, puesto que no disponen de tiempo para prepararla. Pero parece que tantos años de servicio no significan nada para las administraciones.

Esta ley significa, en primer lugar, un castigo importante para personas que difícilmente tendrán cabida en el mercado laboral. Además, significa perder una experiencia muy valiosa, puesto que muchas hace más de una década que trabajan. También será tirar por la borda el esfuerzo de años que hicieron las interinas trabajando por fuera de los horarios de trabajo. Y todos sabemos cómo son las oposiciones: son pocas plazas, tardan muchos años en convocarse, y, por supuesto, son más fácil de aprobar si tienes un "padrino".

La proposición de ley de la CUP

En mayo pasado, la CUP presentó en el Parlamento catalán una proposición de ley con el objetivo de estabilizar los trabajadores interinos que hace más de tres años que hacen actividades permanentes y estables a la administración. Y a finales de julio, el parlamento dio el visto bueno para tramitar esta ley con el apoyo del voto de la CUP, ERC, JxCat, VOX, Cs y los Comunes.

De hecho, en estos días, las diputadas cupaires están recibiendo a representantes de los colectivos afectados para poder oír de primera mano sus reclamos y hacer preguntas. La semana pasada pasaron por la sede parlamentaria catalana dos representantes de la Plataforma PINDO de docentes interinos.

El proyecto presentado por la formación independentista plantea que, si los interinos hacen actividades ordinarias, estables o permanentes durante más de tres años, tienen derecho a permanecer en el puesto de trabajo con los mismos derechos y el mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige la función pública de carrera.

Cómo se puede ver es un proyecto opuesto al que ERC, PNV, PSOE y Unidas Podemos están negociando en el Congreso de los Diputados. Seguramente, los votos de los diputados en el parlamento catalán de ERC, JxCat y el PSC servirán para castrar un proyecto que protege la estabilización de las personas y no de las plazas.

Miente, que algo quedará

En estos días, se ha filtrado también que el gobierno de coalición PSOE-UP ha acordado unas enmiendas con Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco. Los medios de comunicación lo presentaron como una estabilización de interinos de más de cinco años que trabajan en la misma plaza desde enero del 2016. Pero como denuncian varios sindicatos, sería una estabilización de plazas a través de unas oposiciones. Precisamente el contrario del que piden los interinos en abuso de temporalidad: la fijeza ya.

La filtración de esta enmienda y el tratamiento que hicieron los medios de comunicación parecen una maniobra para confundir y dividir a los interinos que tienen menos de cinco años del resto. O quizás es un globo sonda para ver qué cosas son aceptables. El gobierno PSOE-UP está decidido a hacerlo. Y se ve que las fuerzas del gobierno catalán y vasco también. Todo esto con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF, los sindicatos a favor de las patronales y los gobiernos.

CGT Enseñanza hizo una valoración de urgencia sobre esta “enmienda filtrada”, aclarando que solo se estabilizarían las plazas, pero que no se garantiza la estabilización de las personas que las ocupan. También deja fuera de juego las personas que han trabajado de 3 a 6 años a la administración. El texto contempla un concurso de méritos abierto a todo el mundo.

La valoración que hace USTEC también es crítica de la versión que se está difundiendo. El sindicato de enseñanza dice que “la funcionarización de los trabajadores públicos por concurso de méritos tiene que incluir todos los que tengan acreditados tres años de servicios prestados, independientemente del cuerpo y sin ambigüedades legales. USTEC lucha por un “concurso de méritos restringido como medida indispensable para poner fin al fraude de ley en la contratación y evitar un ERE masivo encubierto”.

La Unión europea vuelve a dar un toque de atención al Estado

La directiva comunitaria 99/70 del 28 de junio de 1999 dice que los “estados de la UE tienen que tomar medidas útiles y eficaces para evitar el uso abusivo de la temporalidad”. Esta directiva afecta tanto a los trabajadores de empresas privadas como a los trabajadores públicos. Y deja a voluntad de cada uno de los Estados que hagan la adecuación pertinente. Pero el Estado español hace años que retrasa esta adaptación.

Además, el TJUE ha hecho diferentes sentencias a lo largo de estos años aclarando la cláusula 4 de la directiva comunitaria de 1999. El hecho de ser un trabajador interino o temporal no es causa objetiva para tratarlo de forma diferente respecto de los funcionarios fijos. Esto ha permitido conservar la antigüedad, acceder a los trienios, etc.

El organismo, con sede en Luxemburgo, dictaminó el 19 de marzo pasado que España había abusado de la perpetuación de los contratos temporales públicos y que no se pueden cubrir necesidades estructurales y permanentes de la Administración a través de la figura de los interinos encadenando sucesivos contratos por años.

Y la sentencia de marzo de 2021 dictamina que la “utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada incluye también la prórroga automática de los contratos de trabajo de duración determinada de los trabajadores del sector público. Y como estipula el Estatuto Básico del Empleado público (EBEP) un trabajador interino no puede trabajar más de tres años consecutivos en condiciones de temporalidad.

Desde la Unión europea se plantea la necesidad de reducir drásticamente la temporalidad dentro del sector público. Y el gobierno tiene unos límites de tiempos, lo deberá tener todo terminado en 2023. La Unión europea no dice como se tiene que "gestionar" este "exceso de temporalidad". Solo denuncia que hay un abuso que afecta a centenares de miles de trabajadores.

Hay que mencionar que ya ha habido al menos dos juzgados que han dictaminado la fijeza de personal interino que hacía muchos años se encontraba en abuso de poder. Hace pocos días el juzgado administrativo 17 de Barcelona dictaminó la fijeza de un trabajador interino que hacía más de 10 años trabajaba para la Diputación de Barcelona.

Y a finales de octubre, el juzgado contencioso-administrativo 32 de Madrid dictó sentencia a favor de las maestras infantiles municipales de Getafe. Esto significa, en primer lugar, parar definitivamente unas oposiciones en curso. Y, por último, el reconocimiento de trabajadoras fijas.

De todas formas, no se puede confiar en la "justicia". Una cosa es el que ha hecho un juez, pero ya veremos cómo se lo montan las altas jerarquías judiciales para "castrar" o directamente anular el contenido de la sentencia. Aún así, demuestra que el abuso de temporalidad es tan grave y evidente, que los mismos jueces se ven obligados a dictar sentencias favorables a los trabajadores.

Reivindicaciones de la plataforma de Docentes Interinos

La Plataforma PINDO por su parte defiende una serie de puntos:

1. El concurso de méritos es un proceso de resultado incierto (tiene que ser un proceso selectivo de resultado cierto)
2. Esta ley es potestativa (tiene que ser de obligado cumplimiento en toda España porque se aplique por igual en todo el territorio)
3. La temporalidad abusiva la marca en más de cinco años (Europa la marca en menos años)
4. La indemnización marcada por esta ley no es disuasiva (Europa indica que tiene que serlo)

No nos olvidamos de las subcontratadas

Pero esta política "de ahorrar gastos" no es nueva. Desde el año 2008 casi no se renovaban las plazas de la gente que se jubilaba, y las sustituciones tardaban muchos días a hacerse efectivas cuando lo eran. Así se han perdido muchas plazas. Y seguramente, si seguimos así se perderán mucho más.

Pero a las administraciones hay trabajadores aún en peores condiciones que los interinos y los sustitutos. Son las trabajadoras subcontratadas o con contratos parciales o de días. Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de la sanidad y la educación públicas sufren unas condiciones de precariedad y salarios de miseria.

Muchas trabajan dentro de las escuelas, sea como monitoras de comedor o de extraescolares o sea apoyando a las maestras como lo hacen las Trabajadoras de educación Infantil, las educadoras o las integradoras sociales. A veces subcontratadas por empresas externas y a veces por el ayuntamiento.

También hay muchos contratos precarios en los centros sanitarios. Hace años que se contratan enfermeras por días, e incluso, por horas. Los MIR trabajan muchísimas horas para redondear unos ingresos aceptables. Y con la pandemia de la Covid, esta situación no ha hecho más empeorar.

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria generalmente son externalizadas por los ayuntamientos que ofrecen estos servicios y restan bajo la explotación de grandes empresas piratas como Acciona o Ferrovial. Los trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas, como los que atienden la línea 061 y 112 o los que trabajan a las ambulancias.

La lucha de los interinos tiene que unificar a todos los interinos, sean de la administración que sean. Para tener mucha más fuerza hay que unificarse con todos los trabajadores contratados y subcontratados por las diferentes administraciones públicas. Si queremos parar y derrotar la precariedad con las que los diferentes gobiernos y administraciones nos castigan, hace falta la lucha unificada para erradicar la precariedad de la administración pública y de todas las empresas (privadas y públicas).


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