Juventud

OPINIÓN

Por qué tenemos que luchar por el apto general y la devolución de la matrícula

Ante la locura que está suponiendo la adaptación del curso es necesario romper con la lógica de las evaluaciones y dar una respuesta colectiva que asegure que ningún estudiante quede atrás en estos tiempos tan difíciles.

Miércoles 22 de abril | 15:53

Esta semana hemos visto una verdadera explosión de rebeldía estudiantil en las redes sociales. El enfado con la ineficacia del Ministerio de Universidades y de las Universidades en sí mismas, que no dan respuesta a las inquietudes de miles de estudiantes, se ha materializado en ingeniosos hashtags que nos han regalado uno o más trending topics cada día: #noagUAMtamosmas, #verUGRenza, #laUVAnoresponde, #UCMNoRespeta, #UAnoactUA, #AsiNonUvigo, #AsiNonUSC, #QuemadUS, #UneatEscúchanos...

La sensación compartida que puede extraerse de los miles de tuits, comentarios y memes que se están viralizando es clara: a los estudiantes no se nos escucha.

Desde las universidades se pretende seguir con total normalidad la docencia aunque no podamos pisar las aulas. Se mantienen los temarios, las evaluaciones y los trabajos, incluso más que antes para compensar la falta de clases presenciales. No se tiene en cuenta que estamos en medio de una crisis sanitaria global, que llevamos más de un mes confinados en casa con situaciones personales, familiares, sociales y económicas muy diversas. Muchos estamos lejos de donde solemos estudiar, sin los materiales ni los medios necesarios.

Tampoco se está teniendo ninguna consideración hacia los estudiantes que no cuentan con los recursos para acceder a la docencia online. Se da por hecho que todos contamos con un ordenador personal, disponible las 24 horas y con la mejor conexión a internet, pero esa no es la realidad para miles de estudiantes. Si la llamada brecha digital ya supone una clara desventaja en condiciones normales, en esta situación hace imposible seguir la docencia.

Otros estudiantes no pueden quedarse en casa porque están trabajando poniendo en riesgo su salud. Otros son hijos de padres y madres despedidos o a los que han aplicado ERTES, familias que viven una auténtica situación de incertidumbre.

Sin embargo, a las instituciones de enseñanza parece que lo único que les importa es la evaluación. El Ministerio de Universidades -¿alguien sabe para qué sirve?- ya ha dicho que las evaluaciones siguen en tiempo y forma, deja a las universidades el “marrón” de adaptar la docencia y evaluación online y estas quedan en manos de los profesores desbordados por esta situación, sin formación ni recursos suficientes para la formación online.

No es difícil ver que el principal problema es que se pretende seguir evaluando en condiciones no evaluables. Ponernos una nota que deje claras nuestras capacidades, cuando estas capacidades se ven perjudicadas por toda esta situación. La decisión de seguir con las evaluaciones solo se explica porque la prioridad que orienta la acción de los ministros Castells y Celaá, la de los rectores y la del sistema educativo de conjunto no es la docencia ni el aprendizaje, sino poner notas.

Ante eso, la propuesta de apto general que están reivindicando alumnos y diversas organizaciones estudiantiles de universidades de todo el Estado y que cada vez va tomando más fuerza parece la única salida razonable al problema.

El apto general no computable implica que a todo el mundo se le conceden los créditos correspondientes a las asignaturas pendientes este curso sin que cuenten para nota, de forma que se mantiene la media que cada estudiante tenía antes de esta situación. Además habría que habilitar la posibilidad de ser evaluado de una forma consensuada con los profesores para aquellos que así lo deseen.

Esto no significa que dejen de impartirse los contenidos de las asignaturas, al contrario, el apto general es para poder estar tranquilo aprendiendo, sabiendo que si estás en una situación complicada no vas a ser perjudicado y si no lo estás puedas pedir ser evaluado. Se trata de un freno de emergencia para que ningún estudiante se quede atrás.

Otra problemática muy importante que nos preocupa a los estudiantes es la cuestión de las matrículas. Hay miles de estudiantes pendientes de pago a los que la universidad está exigiendo que hagan frente a ese gasto incluso en esta situación y todo el mundo está calculando a cuánto van a ascender las segundas matrículas a las que previsiblemente tendrán que hacer frente de mantenerse estos criterios de evaluación locos.

No tiene ningún sentido que se esté haciendo con las tasas de matrícula lo mismo que con la docencia online y las evaluaciones: comportarse como si no hubiera pandemia mundial y cuarentena. En la situación extraordinaria de crisis en la que nos encontramos es necesario pedir la devolución íntegra de la matrícula, no solo porque el curso por el que pagamos se ha perdido, sino por la incertidumbre económica que afecta a decenas de miles de estudiantes y sus familias para los cuales la universidad debería resultar un apoyo, no comportarse como un acreedor.

Para aquellos que vayan a poner el grito en el cielo por los costes de esta medida, hagamos algunos cálculos: somos alrededor de un millón y medio de estudiantes universitarios en el Estado español, si el precio medio de la matrícula ronda los 1.500€, el gasto público de esta decisión sería de alrededor de 2.250 millones de euros.

¿Parece mucho? Solo el coste de los ERTES que el gobierno ha facilitado y al que se han acogido grandes multinacionales está costando a las arcas públicas alrededor de 5.000 millones… ¡al mes! De hecho el Gobierno ha concedido avales a las grandes empresas por valor de 100.000 millones de euros, la banca todavía debe 40.000 millones del rescate anterior y las 200 familias más ricas del país aumentaron su patrimonio en 35.000 millones solo el último año. Solo un impuesto del 10% a los beneficios del último año de estas grandes fortunas daría para cubrir las matrículas de todos los estudiantes y sobraría para empezar a afrontar las condiciones desiguales y desfavorables que enfrentan los estudiantes de clase trabajadora.

De hecho estudiar una carrera debería ser gratuito siempre. El acceso a la universidad tiene que ser un derecho universal, no un privilegio reservado para quienes puedan pagarlo. En estas semanas estamos asistiendo al fracaso absoluto de un modelo de universidad elitista, profundamente neoliberal y al servicio de los grandes intereses empresariales. Después de esto ¿vamos a permitir volver a lo mismo de siempre?

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No nos valen las respuestas vacías e inconcretas del ministro ni de la casta universitaria de rectores y decanos que no hacen más que reafirmar lo lejos que están del sentir general de la comunidad universitaria. Basta ya de reuniones de burócratas decidiendo sobre cuestiones que nos afectan directamente.

Los estudiantes, junto a los docentes deberíamos tener voz y voto sobre la docencia, los contenidos y el aprendizaje en circunstancias excepcionales estas, y ese debate imprescindible sólo puede llevarse a cabo si paramos el rodillo irracional que suponen las evaluaciones. Es hora de levantar un gran movimiento estudiantil que luche por el apto general y la devolución de las matrículas, en la perspectiva de una universidad gratuita bajo control democrático de sus estudiantes y trabajadores.






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