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Puerto Rico: la catástrofe del ajuste fiscal ante la crisis

El imperialismo quiere evitar un escenario griego. Obama solicitó al congreso una reforma legislativa para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras. Los republicanos, que tienen la mayoría se oponen. Todos ellos pretenden que los trabajadores y el pueblo de la isla paguen los costos de la crisis.

Bárbara Funes

México D.F | @BrbaraFunes3

Miércoles 28 de octubre de 2015

La situación para el pueblo trabajador es desesperada. Hay riesgo de que antes de fin de año se dejen de pagar las pensiones. El gobierno de la isla sostiene que paga parte de los compromisos a los fondos buitre –que en total suman 73 mil millones de dólares- o financia los servicios sociales como salud y educación.

La reforma legislativa propuesta por Obama puede alterar el estatus de Estado Libre Asociado (ELA) que tiene la isla. La acercaría al estatus jurídico de ser un estado más del territorio estadounidense, cuestión que levanta ámpulas tanto en Puerto Rico como en el territorio continental de Estados Unidos.

Hoy el gobierno de Puerto Rico no puede solicitar la intervención directa del FMI ni puede devaluar la moneda ya que es el dólar estadounidense.

El plan del gobernador Alejandro García Padilla
De acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo, desde 2008 hasta ahora la nómina de trabajadores del Estado se redujo en 27%. Hoy 8.7% de la población de la isla labora en dependencias estatales, contra 8.9% en el resto del territorio estadounidense.

En 2010, como parte de un paquete de ajuste fiscal, se implementaron programas de “renuncia voluntaria” y reducción de la jornada laboral. También se dejaron en suspenso convenios de negociación colectiva. En 2011 se llevaron a cabo numerosos despidos. En 2013 se eliminaron los subsidios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, lo que redundó en el aumento del servicio de suministro de agua y mantenimiento. En 2014 se prohibieron prestaciones como bonos navideños mayores de 600 dólares y el pago de licencias por enfermedad o vacaciones no gozadas, así como se eliminaron los bonos por méritos en el gobierno. Este año se redujo la financiación de la educación pública. Éstas son algunas de las medidas llevadas a cabo por el gobierno de la isla para cumplir con los fondos buitres.

Además, a partir de 2016 se establecerá el impuesto al valor agregado (IVA), de 16%, que afecta directamente al pueblo trabajador y, en el mismo sentido subirá el impuesto a las ventas y uso de puertos de 7 a 11.5% como transición hacia el IVA.

Según el mismo informe, sólo 40% de la población adulta está trabajando o buscando trabajo. El resto sobrevive en base a programas asistenciales y/o la economía informal.

Frente a este panorama, el gobierno portorriqueño propuso un plan de “crecimiento económico y reforma estructural”. Básicamente, se trata de precarizar las condiciones laborales tal cual lo exigen los exfuncionarios del FMI, encabezados por Anne Krueger.

Entre otras medidas, se cuentan limitar el pago de indemnización por despido a seis meses, y excluir los beneficios que no son parte del salario; ayudar a las empresas para acogerse a la exención del pago del bono navideño; extender el periodo de prueba en el empleo a un año, exención por 10 años de aumentar el salario mínimo a jóvenes de hasta 25 años.

A su vez, se planea abrir la producción y suministro de energía eléctrica al capital privado y reducir los impuestos a las empresas.

Hace pocos días el gobernador García Padilla compareció ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Congreso estadounidense sobre la crisis económica que atraviesa Puerto Rico. Pidió que le permitan acogerse a la ley de quiebras para evitar una debacle mayor: una demanda internacional de los fondos buitres contra el gobierno de la isla.

Entre el 27 y el 28 de octubre el gobernador iniciará las negociaciones para la reestructuración de la deuda con seis de los acreedores. Pero existe la posibilidad de enfrentar la insolvencia en noviembre. Asimismo, esta semana se presentará el proyecto de “revitalización de la AEE” -que incluye la precarización laboral de los trabajadores de la estatal, así como la apertura al capital privado en la industria eléctrica como un paso hacia la privatización- al cual los trabajadores se oponen.

Una salida obrera a la crisis
Los partidos tradicionales, los fondos buitres, el gobierno de Obama y los capitales privados apuestan a que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo, con un salto en la precarización de las condiciones laborales y del nivel de vida.

Ante esta brutal amenaza se impone la necesidad de la ruptura con Estados Unidos y la conquista de la independencia de la isla.

Ya los trabajadores de la AEE demostraron que están dispuestos a luchar contra el ataque a la estatal. Se viene una ley que permitirá la privatización de la educación, impulsada por Eduardo Bhatia, del Partido Popular Democrático, presidente del senado portorriqueño.

La fuerza de la clase trabajadora, en primer lugar los de la AEE y el magisterio, y sumando a las y los trabajadores del Estado y del sector privado, puede frenar esta nueva ofensiva neoliberal.

Con el paro y la perspectiva de la huelga general política se podría imponer el no pago de la deuda externa a los especuladores fondos buitre, e impedir la aplicación de la reforma estructural del gobierno de García Padilla y Obama.

La clase trabajadora portorriqueña debe tender lazos solidarios hacia los sectores explotados y oprimidos de Estados Unidos: los migrantes, los afroamericanos, los trabajadores portorriqueños residentes en el continente, en fin, a la clase obrera multiétnica de Estados Unidos. ¡La clase obrera no tiene fronteras!






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