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¿Qué modelo de transporte queremos en Galicia?

En Marzo de 2016 se aprobó por unanimidad la propuesta de Ley del BNG para el traspaso de competencias a la Xunta de Galicia de la autopista AP- 9. El Gobierno central la vetó.

Jacobo A. García

@Jacobscarface

Miércoles 2 de noviembre de 2016 | 19:47

El planteamiento del BNG

“Hay 8.000 M€ para rescatar las radiales madrileñas y cero euros para que Galicia deje de tener los peajes más caros del Estado” declaró recientemente la portavoz del BNG, Ana Pontón. Estas declaraciones se dieron en el marco del veto del gobierno central a la iniciativa del traspaso de competencias.

El 15 de Marzo el BNG había planteado el traspaso de las competencias de las autopistas gallegas a la Comunidad Autónoma, y consiguió una votación por unanimidad, incluso con el apoyo del PP. Recientemente Ana Pontón entregó una carta a cada dirigente de los partidos con representación en Galicia, pidiendo hacer un frente común para defender la titularidad de la Xunta de Galicia de la AP-9, ya que según su partido se trataría de un agravio a todos los gallegos.

¿Pero cuál fue la estrategia del BNG para obtener en aquel momento el apoyo de toda la cámara? Ana Pontón apeló en su momento al espíritu patriótico de los populares, para que apoyaran su propuesta de traspaso de competencias. Sin embargo, el acuerdo entre ambas formaciones parece terminar en ese punto. Frente a la propuesta del BNG de “rescatar” la AP-9 con fondos públicos, como se hizo en Madrid, el PP afirma que no existen tales fondos.

La portavoz denunció así mismo la corrupción del PP al respecto; “Todo para compensar a la gran banca y las grandes constructoras que después financian ilegalmente al PP”, en referencia a los principales accionistas de las radiales: Bankia, Sacys, ACS, Abengoa, entre otros. Aunque comprendemos y compartimos esta crítica, no entendemos que diferencia hay con una titularidad gallega de la AP-9, bajo un gobierno del PP, cuya corrupción sería similar.

La concesión a las empresas privadas para el cobro del peaje y realización de obras de “mejora” en dichas autopistas se prolongó hasta el 2048. Como excusa se esgrime la necesidad de hacer obras de ampliación, como la gigantesca ampliación de un carril por sentido en el puente de Rande, que está cifrada en más de 130 millones de euros, de dudosa utilidad. Unas obras que ya han recibido denuncias de vecinos como Diego Lago, que declaró al periódico Faro de Vigo las deficientes medidas de seguridad tanto para los trabajadores (que han sido vistos trabajando sin casco ni arnés) como para los vecinos, ya organizados en un asociación, que además han visto expropiadas sus tierras y en algunos casos sus casas.

Por otra parte, en relación a la seguridad vial, Ana Pontón manifestó que el BNG llevará al parlamento propuestas para mejorarla, reduciendo los altos índices de siniestralidad, “ya que 100 muertes anuales y 1000 millones de euros en gastos derivados de los accidentes son evidencias de que el modelo de movilidad no está funcionando”. Para eso, el Bloque reclama las competencias en materia de seguridad vial y gestión de las infraestructuras “para desarrollar una política integral que tenga en cuenta la realidad gallega”. Parece que la solución a todo para el BNG es un traspaso de competencias.

Nuestra propuesta para un modelo de transporte alternativo

Creemos que el planteo del BNG, aunque con críticas correctas, carece de profundidad. Es una evidencia que el coste de la construcción de las autopistas está más que pagado con el dinero de los impuestos y los abusivos peajes. La propuesta por tanto, debe ser no solo recuperar la titularidad pública de la autopista, si no la expropiación de Audasa, la empresa concesionaria que realiza el mantenimiento y las obras de ampliación, sin ninguna indemnización. No es necesario destinar ni un solo euro más de dinero público para “rescatar” las autopistas gallegas. Las obras de ampliación innecesarias deberían de ser anuladas, al igual que los contratos con la empresa concesionaria Audasa, que lleva beneficiándose durante más de 30 años con 2.400 millones de euros.

Con respecto a la seguridad vial, pensamos que ninguna medida es más eficiente que la reducción del tráfico. Esto sólo se puede conseguir fomentando verdaderamente el transporte público. Es por tanto necesaria la reducción de los precios, lo que precisa de la nacionalización completa de las empresas de transporte, sin indemnización y bajo control de los trabajadores y usuarios. Una medida que generaría miles de puestos de trabajo y reduciría los accidentes, así como las emisiones de gases contaminantes y sus consecuencias para la salud pública y el ambiente.

Por último, planteamos la remunicipalización del transporte urbano aplicar la gratuidad para la juventud y estudiantes universitarios, la reducción de precios, y la renovación de las flotas. Para evitar casos como los de los motores de los autobuses de la empresa concesionaria Vitrasa en Vigo, que no es la primera vez que acaban ardiendo. Además, se requiere una investigación profunda sobre los accidentes de Angrois y Porriño, y la adopción de todas las medidas de seguridad disponibles para evitar que se repitan.

La movilización social para conseguir nuestras reivindicaciones

Mientras tanto, la historia reciente nos demuestra que no es la actividad parlamentaria la que hace posible la abolición de los peajes. Ya hace más de 10 años que los vecinos de la comarca del Morrazo, de gran tradición de lucha, se juntaron por miles para luchar contra los peajes. Con ello consiguieron la anulación total de los peajes para ese tramo. Además de permitir a muchos conductores utilizar un importante tramo de la autopista antes de desviarse en ese punto y seguir por la carretera antigua, si quieren desplazarse de Pontevedra a Vigo, o viceversa por ejemplo.

Lecciones como esta nos demuestran que es necesaria una movilización todavía mayor. Si una pequeña comarca combativa, con menos de 50 mil habitantes fue capaz de obtener esta victoria, podemos imaginar de lo que serán capaces más un millón de personas que usan la AP-9, si están organizadas. Sin embargo, el BNG, que sigue controlando la principal central sindical CIG, no ha ofrecido todavía un plan de lucha al respecto.

En definitiva, solamente mediante la movilización social continuada por esta y otras muchas demandas, con sectores estudiantiles y de trabajadores luchando juntos, y poniendo en pie un programa de un transporte alternativo, se podrán ver cumplidas las aspiraciones del pueblo gallego.






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