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TEST ANTÍGENOS

Sanidad limita el precio de los antígenos a 2,94 euros ¿Por qué no también el de la luz?

La medida llega tarde, con una sexta ola desatada entre otras razones por los problemas de acceso a estos test. Sin embargo demuestra que el gobierno tiene capacidad para fijar precios máximos de productos de primera necesidad. No hacerlo con la luz es simplemente para no tocar los beneficios de las grandes eléctricas.

Jueves 13 de enero | 09:48

A partir del próximo sábado las farmacéuticas y distribuidoras no podrán seguir cobrando los hasta más de 10 euros que han estado pidiendo en las últimas semanas por la adquisición de un test de antígenos. La medida ha sido anunciada este jueves por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El precio fijado, 2,94 euros, queda por encima de los 2 euros de Portugal o los 80 céntimos por los que se puede adquirir en Alemania. Pero sobre todo es una medida que, como viene siendo habitual, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos toma tarde. La imposibilidad de millones de personas para acceder a esta prueba diagnóstica, y ante el colapso en el que se encuentra la atención primaria y el testeo por PCR de la sanidad pública, es una de las causas de la escalada de contagios de la sexta ola que ya está poniendo al borde del colapso las UCI de 26 provincias.

Mientras para la aprobación de limitaciones de derechos, como el pasaporte covid o los toques de queda en algunas comunidades, y otras medidas absurdas, como la mascarilla de exteriores, para tomar medidas que pueden afectar mínimamente las ganancias de una de las patronales de la salud se ha necesitado que el sistema hospitalario vuelva a estar al límite y la cifra de muertes por encima de los 250 diarios.

Otros sectores de la sanidad privada siguen haciendo su “agosto”, como los laboratorios que hacen PCR a 20, 30 y hasta 50 euros, o la sanidad privada que sigue sin ser intervenida para aliviar la carga de trabajo de hospitales y personal de la pública.

El gobierno ha aprobado en la Comisión Interministerial un tope de precios para un producto sanitario de primera necesidad. Ésta será publicada mañana mismo en el BOE y el sábado entrará en vigor. Todo ello demuestra que el gobierno sí tiene la capacidad de poder intervenir el mercado para fijar precios máximos de un producto de primera necesidad.

La medida, tomada cuando la situación crítica de la pandemia no le ha dejado otra opción, desmiente por lo tanto los lamentos de impotencia, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, ante la escalada de otros productos de primera necesidad como la luz.

Ésta viene escalando su precio en el último año, llegándose a disparar por encima del 80%. Son millones los hogares en situación de pobreza energética o en riesgo de estar en ella, y aún más los que han visto en la factura de la luz una de las principales fuentes de pérdida de poder adquisitivo este 2021.

El gobierno de Pedro Sánchez rebajó los impuestos de la factura y anunció un aumento de las cargas impositivas a los beneficios extraordinarios que han quedado en agua de borrajas con las subidas posteriores. Su promesa de que en diciembre la media pagada por cada hogar sería igual o inferior a 2019 ha quedado en una mentira absoluta.

¿Por qué no interviene el mercado eléctrico y marca un precio máximo del precio de la luz para los hogares? ¿Por qué ni siquiera lo hace para los más vulnerables? La razón la encontramos en la larga lista de ministros y ministras del PSOE, que junto a otros del PP, JxCat, PNV... están sentados en los Consejos de Administración de las grandes eléctricas. No tanto porque tengan que pagarles el asiento, sino porque estas puertas giratorias solo constatan el rol servil de los diferentes partidos y gobiernos, incluido el “más progresista de la historia”, a los grandes lobbies eléctricos.

Tanto en el caso de la Farmaindustria, cuyos beneficios están anteponiéndose a un plan racional y efectivo contra la pandemia – véase el caso de las patentes de las vacunas y las nuevas cepas del virus - , como el mercado energético no puede quedar en manos de un puñado de capitalistas. Su intervención inmediata, en la perspectiva de que pasen a ser nacionalizadas bajo el control de sus trabajadores y usuarios, es una cuestión de vida o muerte para millones.






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