El Ministerio de Universidades, dirigido por Joan Subirats de Unidas Podemos, acaba de aprobar la LOSU, una ley con la que el gobierno PSOE-UP sigue manteniendo muchos de los principales aspectos de la predecesora LOU, apostando así por una universidad neoliberal y privatizadora que no está al servicio de los intereses de las mayorías sociales, sino de las empresas. En este artículo queremos ver algunos de los principales elementos de esta ley.
La Ley, propuesta en primer lugar por Manuel Castells y, más tarde, retomada por el actual ministro Joan Subirats, de Unidas Podemos, se tiñe de progresista apelando a la igualdad de oportunidades, la libertad intelectual, el debate o el espíritu crítico.
Pero, como explicamos leyendo atentamente la ley, en realidad le da más poder a las empresas que gobiernan en el Consejo Social, avanza en la represión al movimiento estudiantil y consolida la falta de democracia en la universidad y la explotación laboral a sus trabajadores. Si bien se trataba de una oportunidad de derogar algunas de las leyes autonómicas más abusivas en estas materias y de introducir una nueva ley universitaria después de 22 años de la LOU de Aznar, lo único que incorpora la ley son refrendas a la legislación del PP con otra vuelta de tuerca, como sucedió con la Reforma Laboral de Yolanda Díaz.
Los Consejos Sociales tendrán más poder
Comencemos con el preámbulo de la ley, en el que se comienza hablando de la “sociedad del conocimiento en la que vivimos” y de la “igualdad de oportunidades para todas y el desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestra sociedad en momentos de emergencia climática”. Lo que no se menciona, sin embargo, en esta ley, es, por un lado, la falta de accesibilidad a la educación superior que sufren muchas personas por las tasas abusivas, y, por otro, la permanente relación que existe entre las universidades públicas y algunas de las empresas privadas más contaminantes del Estado español, como bancos, farmacéuticas o petroleras. ¿Qué compromiso con la emergencia climática puede tener una universidad al servicio de los mayores contaminantes?
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Estas empresas actúan de diversas formas dentro del aparato universitario: en primer lugar, las leyes actuales les permiten participar con voz y voto en los más importantes órganos decisorios y ejecutivos de nuestras universidades, entre los que podemos destacar el Consejo Social. Este órgano se encarga de cuestiones tan importantes como la aprobación de las cuentas anuales de la institución universitaria o la revisión y proposición de asignaturas que defiendan los intereses de mercado. En la mayoría de las universidades públicas del Estado español podemos encontrar multinacionales y gigantes empresariales como Repsol, Santander o Rastreator, las cuales deciden qué estudiamos las estudiantes y cuánto nos cuesta. En una entrevista, el entonces Vicerrector de Sostenibilidad del campus de la UAM, al ser preguntado por el nuevo autobús autónomo que recorre el campus (y que solo tenía capacidad para unas 10 personas) reconocía que ni siquiera sabía que si este era sostenible, solo se trataba de cumplir un compromiso con la empresa de movilidad ALSA. Un ejemplo de la irracionalidad de la que hablamos.
La LOSU no solo no cuestiona la existencia de los Consejos Sociales, sino que les da más atribuciones (artículo 47): a partir de ahora no solo tomarán decisiones económicas y aprobarán los presupuestos, también participarán en otros órganos como el Consejo de Gobierno, y ejercerán de “policía” del estudiantado velando por los “principios éticos” en la actividad de los estudiantes. Además, serán quienes tomen decisiones sobre los complementos salariales y a las pensiones de los trabajadores de la universidad e informen de cuáles son “las normas que regulen el progreso y la permanencia del estudiantado en la universidad".
En cuanto a la representación estudiantil, la ley establece la inclusión de un representante estudiantil elegido por parte de un Consejo de Estudiantes, siempre poniendo intermediarios para que sea lo menos democrático posible. Sin embargo, a pesar de esto, la presencia de la mayor parte de la comunidad universitaria sigue siendo ínfima en comparación a la capacidad decisoria de estos actores sociales, en su mayoría privados.
La universidad será igual de antidemocrática
La realidad es que los estudiantes, a pesar de la “igualdad” y la no jerarquización de la que la Ley quiere jactarse, no tienen voz en los órganos de gobierno de la universidad; y esto es algo que la LOSU no resuelve. Si bien habla de inclusión del estudiantado en la maquinación de los planes de estudio y la vida universitaria (artículo 18), mantiene al Consejo Social como máximo órgano de decisión, y continúa reproduciendo los escasos porcentajes en la participación estudiantil a la hora de elegir al rector o al propio Claustro, lo cual es un contrasentido. Es decir, lo mantiene todo igual, pero le da un baño de “progresismo” aparente.
La LOSU consolida una situación injusta: el Claustro (órgano consultivo en el que sí pueden participar los estudiantes) contará con un 25% de participación estudiantil. Un porcentaje que ni siquiera llega al techo que ya establecían algunas universidades públicas como la Universidad Autónoma de Madrid (27%), la Universidad de Barcelona (27%), la Universidad de Zaragoza (30%) o la Autónoma de Barcelona (27%). En otras como la Pompeu Fabra ya era del 25%. Un porcentaje irrisorio teniendo en cuenta que el estudiantado constituye la mayor parte de la comunidad universitaria. Los trabajadores subcontratados seguirán sin representación reflejada en la decisión de órganos que contribuyen en la decisión de su salario y condiciones de trabajo. Esto es una garantía de que los intereses que se protejan sean sistemáticamente los de una casta universitaria de catedráticos atornillados al sillón de su cátedra que no velan más que por sus propios intereses
Pero esto no es todo: esta ley consolida, como hemos indicado, los ya existentes Consejos de Estudiantes; unos consejos hasta ahora “informales” donde algunos estudiantes electos indirectamente por el resto del estudiantado en el Claustro se constituyen como institución para “mediar” con el rectorado y el ministerio. Quienes nos organizamos en asociaciones sabemos “de qué pasta” está hecho este Consejo: escogido a través de una lista única propuesta por él mismo y tras una votación indirecta, de forma que no lo elige el estudiantado. Ahora este Consejo no solo se formaliza, sino que será quien mediará entre los estudiantes y el Ministerio de Estudiantes y quien aprobará los “paros académicos”; es decir, las huelgas estudiantiles. Pero son estos mismos órganos quienes ponen diversos impedimentos para que el estudiantado se organice y mucho más para que se convoque una huelga estudiantil.
Se avala la represión en la universidad
En el preámbulo de la Ley, se sostiene que el objetivo de la ley es perseguir “libertad intelectual, de espíritu crítico, de tolerancia, de diálogo, de debate, de afirmación de valores éticos y humanistas, de aprendizaje del respeto al medio ambiente y de preservación y creación cultural, abierto a la diversidad de expresiones del espíritu humano”. Sin embargo, un poco más tarde, el artículo 36 establece que es responsabilidad de los estudiantes cumplir con la ley, aprobada también por este gobierno, de Convivencia Universitaria (LCU).
La LCU, tal y como te contamos en este artículo es una Ley Mordaza Universitaria que criminaliza la protesta estudiantil y deja a discreción de la universidad la aprobación de legislaciones específicas que persigan la protesta. Con esta ley, se puede sancionar cualquier actividad que “interrumpa el normal funcionamiento de la universidad”, y las universidades la utilizan para sancionar a estudiantes por hacer charlas o protestar contra la extrema derecha en la universidad, como ha sucedido ya en la Complutense y la Autónoma de Madrid.
¿Qué libertad, crítica o debate promueve un gobierno que aprueba una legislación tan represiva? Esta ley es el gran ejemplo de que el PSOE y PP quieren a la juventud universitaria callada y sin protestas. Frente a eso, debemos pelear por un gran movimiento estudiantil que, con ejemplos como el de la juventud francesa que está a la cabeza de las protestas contra la reforma jubilatoria de Macron, pelee por una universidad radicalmente democrática, gobernada por estudiantes y trabajadores con mayoría estudiantil y por poner a la universidad a resolver los grandes problemas sociales, y no a generar beneficios para las empresas del Consejo Social.
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Como ya hemos mencionado, entre las nuevas atribuciones de ese Consejo Social lleno de empresas y representantes de los partidos del Régimen se encontrará, además, perseguir al estudiantado por no cumplir las normas “éticas” que las autoridades académicas establezcan. Un ejemplo más de cómo la reforma universitaria de Subirats profundiza en el giro represivo de las nuevas leyes universitarias.
Se seguirá expulsando a los estudiantes pobres y financiando a la privada
En el preámbulo podemos leer que la universidad “ha protagonizado un continuado esfuerzo de transformación y democratización, alejándose de una concepción socialmente elitista para abarcar sectores cada vez más amplios de la población” y que este es el camino que pretende seguir la ley. Pero, ¿es esto cierto?
Desde 2008, la universidad pública ha sufrido enormes ataques. El Plan Bolonia y la crisis económica de este año, que se descargó sobre los hombros de la población trabajadora, dejó a un gran número de estudiantes sin la posibilidad de continuar sus estudios. La creciente subida de tasas, la imposición de un sistema de notas injusto a través de la EVAU y la imposibilidad de muchas estudiantes de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo (pues Bolonia exige presencialidad) ha hecho que la universidad sea víctima de una elitización creciente.
Además, en este periodo no han parado de crecer las universidades privadas y los estudiantes matriculados en ellas. Según la consultora DBK sus beneficios siguen creciendo al 7% anual. Además, solo en el curso 2020/21, la tasa de matriculación bajaba un 5,7% en la universidad pública y ascendía un 15,4% en la privada. La LOSU aprobada en marzo no solo no problematiza la existencia de la universidad privada, sino que la avala.
En el artículo 57 de la ley, se establece que deben reducirse o contenerse las tasas universitarias, aunque no se concreta cómo ni cuándo. Hay que decirlo claramente: actualmente las tasas son ya insostenibles. No solo porque un curso de grado puede costar hasta 1800€ en algunas provincias, sino porque la elitización de la universidad impone a muchos estudiantes hacer másteres habilitantes o de investigación, lo cual encarece enormemente las tasas. Un curso de máster en la universidad pública puede costar 1500€ a 6000€.
En el artículo 32.2, además, la ley establece que cada universidad puede dar becas por motivos socioeconómicos. Nada nuevo bajo el Sol, pues estas becas ya existen y están cada vez más recortadas por la falta de recursos de las universidades. Uno de los grandes “éxitos” de esta ley es la promesa de alcanzar el 1% del PIB en los Presupuestos Generales en inversión a la universidad pública. Sin embargo, el panorama actual es que la creación de las universidades privadas se está convirtiendo en una norma, y el gobierno acaba de aprobar los presupuestos más militaristas en los últimos 40 años. ¿Cómo se va a aumentar así el presupuesto para sanidad o educación?
Además, el problema de las instituciones privadas dentro de la universidad sigue. Aunque la ley elimina los colegios mayores privados no mixtos por el escándalo del Elías Ahúja de la Complutense, seguirá habiendo Colegios Mayores a cargo de la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas reaccionarias. No nos conformamos con este tipo de retoques superficiales que sirven al gobierno para lavar sus trapos sucios antes de las próximas elecciones. Los problemas de abuso y machismo no se solucionan cerrando los Colegios no mixtos por un escándalo concreto, sino destruyendo la relación entra la Iglesia y la educación (y, en definitiva, entre la Iglesia y el Estado) que PSOE y UP ni han puesto sobre la mesa.
Los profesores asociados, la gran incógnita
La antigua LOU define los profesores asociados como “especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario” que pudieran puntualmente “aportar sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad” (artículo 53). Tristemente, en la práctica, esta figura se empleó para impartir docencia universitaria a un bajo coste, muchas veces como falsos autónomos, por lo que crecieron las exigencias de una modificación legislativa.
El artículo 79 de la LOSU reduce de un 40% a un 8% la cantidad de profesores asociados que puede tener en nómina una universidad, y se reduce la cantidad de horas que pueden dar clase de 180 a 120; además, establece como novedad que los contratos a los que se subordinan estos deben ser indefinidos.
La LOSU integra estas modificaciones, aparentemente positivas, como respuesta a las exigencias de estos profesores precarios, sin embargo, ¿se traducen realmente estas mejoras en la realidad?
Por un lado, esta Ley no está destinada a lograr una verdadera estabilización de las condiciones de trabajo de estos profesores, ya que no aborda los problemas específicos a los que se enfrentan, como trabajar el mismo número de horas que un profesor titular, pero recibir solo cerca de cinco euros por hora. Además, solo se reconoce el tiempo dedicado a la enseñanza y tutoría, excluyendo la preparación de clases y otras tareas, como la corrección de exámenes.
Por otro lado, aunque la Ley incluya la figura de contrato indefinido para ellos, en la práctica supone la finalización de muchos contratos, obligándoles a volver a concursar sin ninguna garantía de obtener una plaza. Algunos asociados han llevado a cabo manifestaciones y huelgas en diferentes ciudades del país con el destacado lema «Más que acabar con la precariedad, va a acabar con los precarios porque nos vamos a ir a la calle».
El resto de los trabajadores de la universidad y las subcontratas, los grandes ausentes de la ley
La LOSU no acaba, para sorpresa de nadie, con el problema de privatización que viven las universidades públicas de este país. Las empresas subcontratadas, las cuales suelen ser utilizadas para cubrir puestos de limpieza o cafetería, imponen salarios bajos, contratos temporales y en general, condiciones de precariedad extendidas, incluso incurriendo en el impago de nóminas. Por si fuera poco, los trabajadores externalizados, no forman parte del personal laboral de la universidad por lo que ni siquiera pueden tener ni voz ni voto en los antidemocráticos organismos de representación que existen en las universidades.
Estas empresas subcontratadas, además, son escogidas por concurso, eximiéndose luego la universidad de cualquier responsabilidad cuando esas empresas atentan contra los derechos de sus trabajadores e incumplen los contratos establecidos y los servicios no hacen más que empeorar y muchas veces encarecerse para los estudiantes, pero también permitiendo que se conviertan en un negocio lucrativo para empresarios amigos de rectores y de la casta académica.
Los mencionados puestos, además, tienden a ser ocupados por trabajadoras, los de menor sueldo a menudo por mujeres migrantes, que conforman una parte de la clase obrera feminizada y precarizada. Parece que a este gobierno progresista le basta con hablar de “feminismo”, en abstracto, sin tener en cuenta las realidad materiales y económicas a las que somete a las mujeres trabajadoras.
Es necesario pelear por una universidad radicalmente democrática
Con este previo repaso a la recién aprobada LOSU denunciamos su inefectividad para sus supuestos objetivos que nadie se cree, sus falsas promesas y su carácter represivo. Evidentemente, un gobierno que, aunque se diga progresista, no está dispuesto a cuestionar ni en un punto las reglas del juego y viene a gestionar el sistema capitalista, no va a cambiar la estructura de una de las instituciones que lo reproduce, como es la universidad.
Frente a eso, nosotras queremos una universidad donde los y las estudiantes tengamos voz y no las grandes empresas que, amparadas por este gobierno y por los anteriores, siempre terminan encontrando su camino para infiltrarse en lo público, para así, defender sus intereses. Peleemos por una universidad gobernada por la comunidad universitaria, especialmente por los estudiantes que somos mayoría, junto a trabajadores, investigadores y profesores. Y para eso, no podemos pelear en solitario. Debemos poner en pie un movimiento estudiantil que sume también a las compañeras de institutos, que tienda la mano a los docentes precarios y demás trabajadoras (limpiadoras, trabajadoras de cafetería, etc.). Solo así podremos tener una universidad y una educación que vele por el conocimiento crítico y pueda responder a los grandes retos de la sociedad y las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras y sociales, ¡Fuera empresas de la universidad!
Ahora más que nunca, es importante saber que el fuerte ataque a las universidades públicas por parte de lo privado no es casualidad, es la estrategia perfecta del capitalismo para destruir uno de sus mayores enemigos: el movimiento estudiantil autoorganizado, que en Francia está siendo un enorme ejemplo de lucha junto a la clase trabajadora contra la reforma jubilatoria de Macron. Luchemos como en Francia, por una universidad de debate, del pensamiento crítico, la oposición a la represión, la lucha por la libertad y el fin de la sociedad de clases. Esto es, el avance de toda la sociedad hacia una vida mejor, libre de explotación capitalista.
