Una de las promesas que acompañaba a la no derogación de la reforma laboral era una regulación del trabajo becario o en prácticas. Durante meses, Yolanda Díaz ha mediado entre la CEOE y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) con el objetivo de aplicar un estatuto que acabará con el abuso a los becarios. Algo que, a todas luces, no ha sucedido.

Los becarios son una de esas figuras inventadas bajo la excusa de vincular el proceso educativo con el aprendizaje laboral, facilitar la transición y que el alumno esté ya integrado en el mercado. Naturalmente, está relación no se expresa de forma educativa y orgánica, a través de un programa de aprendizaje científico y multidisciplinar.

Los contratos de prácticas y las becas no iban enfocados a que el alumno aprendiera un oficio de forma sistemática y recibiera un salario digno. Si alguien aprendía en este tipo de prácticas era a pesar de servir como un trabajador cualificado, pero con una remuneración de no más del 75% del sueldo de un trabajador. Este tipo de prácticas no tiene que ver con la educación, como lo expresa la misma negociación del estatuto, por otra parte.

Que esta nueva forma de explotación a la juventud era un evidente abuso lo expresa incluso la opacidad a la hora de hacernos una situación de lugar. El abuso a los becarios se daba como una economía sumergida: todo el mundo sabe que está ahí, pero no se sabe las dimensiones reales del problema. Es muy difícil establecer las cifras exactas de estudiantes en prácticas y becarios. La descentralización y la manga ancha a las empresas para abusar de las prácticas llega a estos límites. España es el país de Europa que más becarios tiene y muchas empresas han llegado a tener a un 80% de la plantilla de becarios. Si nos fiamos de los pocos datos de los sindicatos y de los contratos en universidades y enseñanzas medias, se sabe que hay, al menos, 1,4 millones de prácticas sin contrato.

Por otro lado, sólo hay medio millón que tengan contrato, aunque la mayoría no cobra, y los menos reciben una media de 300€. Hay que sumar que a esta remuneración no se suma ningún plus de transporte ni pagas extras, ni derechos laborales básicos como la asistencia médica o el paro.

Este panorama es más espeluznante cuando pensamos que dos de cada diez estudiantes en prácticas han llegado a la treintena. Pocas veces puede verse de una forma más palpable la irracionalidad del capitalismo: si antaño la juventud ni podía estudiar ni trabajar, hoy en día hacen ambas cosas y no pueden sostener un nivel de vida básico.

¿Cómo puede un joven de treinta años independizarse, pagar un piso, mantener la cesta de la compra, la luz, con un contrato así? Obviamente no puede, por lo que terminará pluriempleado, viviendo toda una pesadilla kafkiana, compaginando un trabajo reglado con otro de prácticas, con estudios de por medio, y aún con todo apenas llegará a subsistir para levantarse otro día más en una rutina enfermiza.

El estatuto del becario pactado con la patronal y las burocracias sindicales pretende, en principio, acabar con esa nueva forma de esclavitud soterrada en legalidad y en los márgenes de las leyes laborales.

Una de las mejoras que entra con el estatuto es el fin de las prácticas extracurriculares (aquellas que no estaban justificadas dentro del plan de estudio), que pasarían a ser un contrato formativo que obligará a las empresas a considerar al becario parte de la empresa, pero con un grado de «aprendiz». No obstante, sin importar el tipo de contrato, los trabajadores en prácticas, tendrán derecho al seguro sanitario de la empresa, a ser amparados por los riesgos laborales. Además, cotizarán y tendrán derecho al paro, así como a la información y asistencia sindical de la empresa.

De este modo quedarían estipulados distintos tipos de contrato, con derechos mínimos y una cotización asegurada. Las empresas deberán hacerse cargo de estos estudiantes como si de trabajadores se tratasen, no pudiendo tener más del 20% de trabajadores en prácticas o becarios.

Tanto la CEOE como CCOO y UGT han celebrado este acuerdo de mínimos. Para Yolanda Díaz es una conquista. Y, en efecto, es innegable la mejora parcial en las condiciones laborales de los becarios si el estatuto se hace respetar. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y en la propia forma del estatuto vemos sus limitaciones.

Díaz prosigue con una estrategia de conciliación. Que la CEOE haya dado el visto bueno a estas reformas es, como poco, sospechoso. Si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, las que más abusaban de los becarios son aquellas con tan poco capital que recortan en personal para mantenerse a flote.

Naturalmente, ni el Corte Inglés ni Zara se benefician especialmente de tener unos pocos becarios. Ninguna de las grandes empresas que tienen más peso en la negociación han tenido más de la mitad de la plantilla de prácticas. La CEOE, por tanto, acepta esta política porque para los grandes capitales supone una concesión nimia que le permitirá negociar en un futuro con la ministra de trabajo nuevas pantomimas progresistas para mantener sus beneficios por otro lado. Como mucho se verán afectadas algunas empresas muy perfiladas a un trabajo pequeño y especialista (pequeñas empresas de ingeniería, de diseño, etc.).

De hecho, una crítica hecha por Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), ha sido que esta negociación se ha hecho en el terreno de las empresas. Tan siquiera fueron convocados quienes más interesados estaban en este estatuto, los afectados. Ninguna organización estudiantil ha sido consultada. Todo el proceso se ha llevado por el ámbito laboral, dejando la responsabilidad de salvar la situación a quienes la iniciaron y la mantuvieron: los empresarios y a las burocracias sindicales.

Evidentemente, esto ha provocado que esté fuera de discusión la compatibilidad laboral o que se especifique una remuneración que no alcanza el coste de la vida. Que se promulgue como exitoso un pacto de mínimos hecho por arriba, que esto se dibuje como el último horizonte del progreso es un delirio de grandeza que seguirán sufriendo los mismos de siempre.

A esto además hay que añadir la situación previa de los estudiantes. Un tipo de educación que depende mucho de las prácticas es la FP. Tres de cada cinco nuevos estudiantes de FP van a ciclos privados, y un 58,7% de las solicitudes en las pública concluyeron sin asignación. Esta situación hace que el estatuto sea insuficiente, ya que las becas o las prácticas pueden ser pactadas por empresas desde arriba, promoviendo prácticas que, aunque un poco más limitadas, seguirán sin ser dignas, sacando tajada del trabajo del estudiante y de las subvenciones del Estado.

Por esto, que se haya llevado por el terreno laboral, ha conducido a que la propia administración se limpie las manos, cuando de ella depende hacer los convenios, asignar las becas y puestos de prácticas. Nicolás Hernández ha referido que, precisamente, es la administración universitaria (y podemos añadir de la Consejería, en general) la que queda fuera de la ecuación cuando un gran factor en la resolución del problema es el papel que cumple. Desde el Estado, no se aplica una férrea exigencia de abrir plazas y asignar una retribución básica.

Consecuencia de esto es que tampoco se ha tratado el reparto desigual de estas prácticas. Las prácticas van enfocadas al mercado laboral y, por tanto, la batuta que dirige la tienen las empresas. Son ellas las que ofertan puestos y no el Estado el que fuerza a unas prácticas pagadas a las empresas. Mientras que ingenierías y muchas especialidades de FP son un erial de precariedad en forma de becarios, las carreras de artes y humanidades carecen de las ofertas de prácticas necesarias. El mercado no quiere traductores ni artistas, ninguna empresa ofrecerá una práctica que se verán obligadas a dignificar mínimamente con el nuevo estatuto.

En este sentido, es una reforma que se queda corta, que no abarca lo que debiera ni aprieta dónde debe apretar. Que cualquier derecho adquirido sea celebrado no quita el exiguo efecto que tendrá la medida. Poco importa una cierta regularización que afecta más a empresas empobrecidas cuando los estudiantes deben seguir empalmando contratos, teniendo varios trabajos, y sin poder costearse una vida digna. El objetivo no debe ser hacer más humana la miseria, sino acabar con ella. La figura del becario es un abuso de las empresas, y no se tiene que reformar lo que debe ser derogado.

Es poco coherente un estatuto donde los implicados no han tenido voz. Un estatuto justo no estaba entre los planes de la CEOE, por ende, tampoco en sindicatos y en el ministerio. Si fuera así, no habría habido acuerdo y se habría llevado el conflicto a la calle.

Pero esta alternativa, claro está, no puede hacerse al margen de los afectados ni de forma negociada con los mismos que exprimen y explotan a los jóvenes obreros. De nuevo, parece que el lema de este gobierno es cambiar todo para que nada cambie, y prefieren antes una negociación con la patronal para seguir de manera edulcorada con el régimen de explotación y de orientación académica basada en fines mercantiles.

Como decíamos, no nos sorprende, y deja una importante lección que no podemos dejar de remarcar: los derechos en el sector educativo y las condiciones de vida no se negocian, se pelean a través de la organización de docentes, estudiantes y trabajadores. Esta gestión de clase es la única que puede garantizar una unión entre la educación y el mundo laboral que no se traduzca en precariedad y miseria, en negocio y en explotación.