Política Estado Español

FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Termina el estado de alarma, pero no la crisis social

El final del estado de alarma tendrá lugar a partir del domingo 9 de mayo: los toques de queda, los cierres perimetrales y el límite a la reunión de personas solo podrán continuar en aquellas Comunidades Autónomas con autorización judicial. Sin embargo continúa profundizándose la precariedad laboral y el desempleo, las grandes empresas del IBEX 35 preparan despidos de más de 35.000 trabajadoras y trabajadores.

Jose Lavín

Madrid

Viernes 7 de mayo | 16:42

El Gobierno ha gestionado la pandemia basándose en tres medidas estrella: los toques de queda, los cierres perimetrales y el límite a la reunión de personas. Hasta ahora estas medidas, que suponen una limitación de derechos democráticos elementales, solo eran posibles mediante el amparo jurídico del estado de alarma. Este estado de alarma comenzó el 25 de octubre de 2020, y se prorrogó seis meses más el pasado 9 de noviembre.

Para que las Comunidades Autónomas puedan prorrogar estas medidas más allá del 9 de mayo el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que las permitirá recurrir ante el Tribunal Supremo los autos de los tribunales superiores de Justicia que tumben las medidas adoptadas. De este modo las comunidades necesitaran el aval de los jueces para imponer restricciones que afecten a derechos fundamentales. El papel del Supremo se basará así en dictar jurisprudencia y se creará un criterio unificado.

El objetivo del Gobierno de reducir durante estos seis meses la incidencia del virus por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes cada 14 días no se ha conseguido. Si el estado de alarma comenzó con una incidencia de 362, este jueves la incidencia estaba en 202, “riesgo alto”. Mientras los medios de comunicación discuten sobre si es mejor confinar más o menos a la población en su tiempo de ocio, queda demostrado que apelar a la responsabilidad individual mientras no se toman medidas de fondo para reforzar la sanidad pública, incluyendo la seguridad en los centros de trabajo y el transporte público, va contra todo criterio sanitario. Las Comunidades Autónomas se guiarán, a pesar de ello, por la misma tónica de “limitaciones temporales de derechos fundamentales de alcance general".

Cada comunidad tomará sus propias medidas. La Generalitat ha anunciado que se pondrá fin al toque de queda y al cierre perimetral regional al decaer el estado de alarma. La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aprobado que se limiten a seis personas los encuentros sociales y restrinja el aforo a los actos civiles y religiosos. En Euskadi el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que no pueden mantenerse los cierres perimetrales autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas ya que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

En Andalucía ya no habrá cierre perimetral ni toque de queda, y se permitirá la apertura del sector de la hostelería hasta las 00.00 horas y la reapertura, del ocio nocturno hasta las 2.00 horas. No existirá límite máximo de reunión de personas en domicilios. La Comunidad de Madrid levantará el toque de queda, la hostelería podrá permanecer abierta hasta las 00.00 horas, y se recomienda que las reuniones en domicilios se limiten a convivientes. En Canarias, por otro lado, se mantendrá el toque de queda y el resto de medidas.

Se termina, pues, el estado de alarma, pero no la crisis social ni la precariedad laboral, que continúan profundizándose. Las grandes empresas aprovechan la situación y la inmovilidad de las direcciones de los sindicatos para hacer ajustes en sus plantillas, a pesar de que a lo largo de la pandemia han continuado teniendo beneficios y que, al mismo tiempo, se han visto beneficiadas por ayudas y subvenciones de todo tipo a través de las medidas tomadas por el Gobierno, como los ERTE y las reducciones fiscales y de Seguridad Social. En total el rescate a las empresas mediante los ERTE y mediante bonificaciones y gratificaciones de la Seguridad Social ha supuesto un coste para el Estado que ha superado los 30.000 millones de euros.

La destrucción de empleo por parte de la banca es el más destacado, la misma banca que se ha beneficiado de los avales de préstamos por valor de 120.000 millones de euros anunciados por el Gobierno que les ha permitido engordar sus negocios, sin prácticamente riesgo alguno, dado que eran préstamos covid-19 avalados por el Estado. En total arrojarán a la calle a más de 18.000 trabajadores y trabajadoras entre 2020 y 2021.

A pesar de esto, según se calcula, las grandes empresas del IBEX 35 tienen planes para despedir en total a más de 35.000 trabajadoras y trabajadores. Así, destacan los ERE de El Corte Inglés (3.292), H & M (1.100), Endesa (1.200), Airbus (1.000) CaixaBank (7.800 empleos nada menos), BBVA (3.800), Banco Santander (3.5000), Ibercaja (750) o Banco Sabadell (1.800). Durante el primer mes de la pandemia se produjeron alrededor de 1 millón de despidos y el último dato de la EPA del primer trimestre indica la desaparición de 137.500 empleos.

La situación es alarmante si se tienen en cuenta las contrarreformas que prepara el Gobierno para poder recibir los fondos europeos. Para que el Estado español puede recibir los 140.000 millones en ayudas europeas del fondo Covid la UE exige “una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral”, reformas de las pensiones y “unidad de mercado” como ya anunció Yolanda Díaz, algo que preanuncia la no derogación de la reforma laboral, o una reforma aún más lesiva para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, a lo que se le suma la reforma de las pensiones de Escrivá, y las subvenciones a los grandes tenedores de vivienda propuesta por Ábalos.

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, autoproclamado como “el más progresista de la historia”, no ha sido capaz tocar un ápice de los beneficios de la gran banca y las empresas del IBEX 35, garantizando el empleo y luchando contra la precariedad y el desempleo de masas. Más bien, al contrario, ha mantenido las reformas laborales de Zapatero y Rajoy continuando y anunciando nuevos ataques a los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores.

Por todo ello ninguna confianza en este Gobierno, sino que por el contrario, hay que levantar un calendario de movilizaciones en la calle por un programa anticapitalista y de clase sobre la base de un frente único sindical y político, que agrupe a la izquierda sindical y a las bases de los sindicatos mayoritarios burocratizados y a los partidos de clase, para imponer una salida favorable a la clase trabajadora y las clases populares que incluya la prohibición de los despidos, la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores y usuarios y el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial para atacar el desempleo, entre otras medidas, y lograr que la crisis la paguen, esta vez sí, los capitalistas.






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