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Trabajadores e inquilinos pueden parar los pies a la patronal inmobiliaria que se beneficia de la emergencia habitacional

Miles de personas llenaban las calles de Barcelona contra los desahucios y el aumento del costo del nivel de vida. ¿Dejamos que inmobiliarias y grandes propietarios sigan haciendo negocio con la emergencia habitacional o nos unimos para imponer realmente el derecho a la vivienda?

Juan Trompe

Lunes 30 de mayo de 2022
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La pasada movilización en Barcelona, que estuvo convocada por diversas organizaciones por el derecho a la vivienda, contra los desahucios, sindicatos de inquilinas, sectores independientes, y centrales sindicales, llegando a incluir a CCOO y UGT a pesar de la pasividad de sus direcciones; contó con más de 1000 personas y se desarrolló desde la Plaza Universitat hasta Plaza Salvador Seguí.

Consecuentemente con la languidez de las medidas tomadas por el gobierno, el problema del coste de vida sigue siendo un problema que se profundiza más y más en los sectores populares y esta manifestación es otro síntoma de ello. La crisis iniciada en el 2008, a la que se le ha sumado la pandemia del Coronavirus, y ahora la guerra en Ucrania ha elevado los precios a niveles históricos.

La inflación dispara los alquileres y los grandes tenedores hacen su agosto

El problema habitacional sigue siendo una de las necesidades más acuciantes de una inmensa parte de la población trabajadora. Como consecuencia de la crisis del 2008 y de la estafa de los bancos, más de 400.000 familias perdieron su vivienda. Entre 2012 y 2015 llevaron a cabo 177.900 "entregas de viviendas", según datos del Banco de España, y según la PAH, los cuatro años anteriores hubo otros 244.000 desahucios.

Solo los 40 mayores tenedores de vivienda acumulan más de 100 mil viviendas que podrían ser la base para un gran parque público de alquiler social y poner fin al crimen social de los desahucios, que deja familias en la calle y aboca al suicidio a decenas de personas.

Por una parte, además de los combustibles, los alimentos o la electricidad, también la vivienda ha visto como se reflejaba este aumento, que es consecuencia de un 9,8% de inflación mientras los sueldos no siguen esa subida. Por otro lado las leyes de vivienda adoptadas por el gobierno para evitar la subida de los alquileres no afectan a muchos de los contratos firmados en el 2021 y no garantizan una solución de fondo al problema estructural generado por la crisis.

Hoy en día los desahucios se ceban no ya en los impagos de hipotecas, sino en los de alquileres. Las tendencias destructivas y degradantes del decadente capitalismo español privan a la mayoría de la población de las condiciones básicas para subsistir y el progresismo no solo se ha mostrado inútil para revertir esta situación sino que es garante de la continuidad en lo esencial misma.

Los alquileres que sí subirán (y mucho) a pesar de la limitación del 2%

A su vez, se encuentra la no derogación de las reformas laborales que hace que la alta temporalidad, el paro, los salarios congelados y la precariedad sigan siendo moneda corriente para la mayor parte de la clase trabajadora. Si a esto sumamos los trabajadores en situación irregular a los que estas medidas supuestamente inclusivas no afectan, cantidad que viene en aumento por causa de la crisis internacional y las políticas antiinmigratorias del gobierno, la combinación se vuelve explosiva.

Pero también está la otra cara de la moneda que revela algunas particularidades del negocio. Los mismos empresarios inmobiliarios que se benefician de la emergencia habitacional y la falta de vivienda, también lo hacen sobre la base de la precarización de las plantillas de trabajadores, en su mayoría jóvenes, que nos dedicamos a la venta y alquiler de inmuebles. Estos empresarios encuentran sus negocios protegidos por un gobierno que se dice progresista, pero que permite que en este país haya cientos de miles de casas vacías, muchas de grandes propietarios, casi 250 mil casas en manos de bancos y fondos buitre… mientras continúan los desahucios a familias.

La inflación en el 9,8%, el máximo desde 1985 entre reformas laborales y escudos sociales para la patronal

Dentro del sector, son los mismos trabajadores inmobiliarios los que, sobre la base de salarios en ocasiones por debajo del SMI, contratos fraudulentos, o condiciones laborales insalubres, nos vemos obligados a tener que vivir hacinados o pagando alquileres desorbitantes, teniendo que elegir entre mantener una familia y llegar a fin de mes mientras las grandes patronales inmobiliarias aumentan sus ganancias.

Una ola de autoorganización y movilización comienza a expandirse y tiene su principal foco en los EEUU con la sindicalización de jóvenes trabajadores como los de Starbucks y Amazon. Fenómeno fuertemente ligado a las luchas surgidas al calor del Black Lives Matter y la defensa del derecho al aborto.

Debemos seguir el ejemplo y unir la lucha por la vivienda y el aumento de la calidad de vida con la organización de la juventud trabajadora contra la precariedad, los grandes empresarios, y el gobierno y burocracias sindicales sobre los que las patronales se sustentan.

Hay que terminar con este sistema de corrupción, miseria y saqueo. Hay que poner fin a los desahucios, imponiendo la prohibición efectiva de los mismos y procediendo a la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y los grandes propietarios y especuladores, para que esta sea la base de un parque de viviendas público cuyos alquileres no superen el 15% del salario familiar.

A esto hay que sumar la expropiación sin indemnización de las viviendas de la SAREB, de los bancos rescatados en la crisis financiera, los grandes tenedores y los fondos buitre que especulan con las viviendas bajo gestión de los trabajadores y usuarios; y el control de las y los inquilinos de un gran parque de vivienda público para terminar de una vez por todas con los desahucios y de la especulación de las inmobiliarias.


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