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"Tuve un accidente laboral y la mutua Asepeyo me retiene en un hospital con carencias"

Desde marzo del 2020, un trabajador de la construcción, víctima de un accidente laboral, es prisionero en un hospital privado de la mutua Asepeyo, que niegan sus dolencias y lo retienen contra su voluntad.

Lunes 28 de junio | 11:32

La precariedad no es sólo el abuso en el centro de trabajo. Es un sistema de explotación en el que intervienen todo tipo de empresas para asfixiar y exprimir hasta la última gota de vida de los trabajadores. En esta red de patronos y capitalistas cabe destacar el papel que cumplen las mutuas, que colaboran para encubrir los accidentes laborales y sangrar a los trabajadores que las sufren.

Queremos traer y viralizar el caso de Javier Balaguer. Su testimonio, crudo y paradigmático, muestra las condiciones a las que es sometida la clase trabajadora y desenmascara estos seguros privados contratados por las empresas.

En marzo de 2020, Javier cayó de un andamio, sufriendo un traumatismo craneoencefálico grave. Estando en coma, los médicos del Sant Pau de Barcelona lograron salvarle la vida conectando una válvula programable para hidrocefalia y llevando a cabo una reconstrucción craneal.

Apenas fue derivado a un hospital de especialistas en rehabilitación, la mutua Asepeyo, seguramente en contacto con la empresa de Javier, contactó con la familia y los convenció de que ellos tenían medios y especialistas para asistirlo.

Javier necesitaba una fuerte rehabilitación, así como una gran asistencia médica. Acababa de salir del coma y carecía de las funciones motrices básicas (capacidad para comer, hablar, etc.) y necesitaba un fuerte tratamiento para evitar las crisis neurológicas derivadas del accidente. Sin embargo, el hospital de Asepeyo de San Cugat carece de departamento especialista en neurología, además de mantener el centro en condiciones precarias. El personal es subcotratado, carece de medios y doctores especialistas. Ante esta situación Javier se recuperaba con su voluntad y ánimo como única medicina.

La cantidad de negligencias cometidas por Asepeyo son innumerables. Además de la falta de medios y especialistas, entre otras cosas, desatendieron completamente al paciente, provocando una infección en la válvula que podría haberlo matado. Llevaron a cabo dos operaciones infructuosas con perjuicio para Javier: tres meses en coma vigil, un acrecentamiento de las dolencias derivadas por el accidente y un empeoramiento paulatino.

De hecho, le pusieron prótesis y válvulas sustitutorias de peor calidad y, tras provocarle importantes hematomas post-quirúrgicos, el médico decidió no intervenir para evitar las secuelas, alegando que no merecía el esfuerzo.

En este periodo, apenas llevaron a cabo las pruebas necesarias para el tratamiento (de hecho, se negaron hacer pruebas y TACs previos a ambas operaciones que podrían haber detectado la infección). La familia, que pasó periodos de incomunicación con él, denunció la dejadez y abandono.

En enero de 2021, cuando cada vez era más evidente que el hospital de la mutua era una planta de tortura, pidieron un traslado que el Asepeyo rechazó y bloqueo. Negó desde el inicio la completa falta de inversión que concluía con un padecimiento injusto e innecesario para Javier. Todo con el único fin de seguir haciendo caja de un hombre cuya vida (y calidad de la misma) pendía de un hilo.

A día de hoy sigue secuestrado por el hospital, víctima de una nueva infección que le ha provocado pérdida de visión y un repunte de ataques epilépticos.

¿Cuál fue la respuesta de Asepeyo? Reafirmar su capacidad para atender a este tipo de pacientes, a pesar de que todos los médicos que han atendido a Javier no tenían especialidad en neurología y que es evidente que los tratamientos han sido, no sólo negligentes, sino voluntariamente perjudiciales. Desde el primer momento, el hospital no ha invertido en instrumental ni especialistas. Su equipo es subcontratado y, sospechamos, las condiciones deben ser de absoluta precariedad.

La cruel ironía es que, mientras que Asepeyo precariza sus centros sanitarios, encubre accidentes laborales y mata lentamente a los trabajadores, en 2020 aumentó su beneficio un 9.4%, facturando más de dos millones y medio de euros. Esto lo hace en un contexto donde la precariedad laboral se extiende como una plaga.

Sólo en 2020 murieron 780, contando casi medio millón de accidentes laborales. Cabe añadir que esta cita es la oficial y demostrada, ya que hay que contar la economía sumergida y todos aquellos accidentes no reconocidos por la mutua o por los hospitales donde las inversiones privadas pueden intervenir. Y esta es una tendencia constante de las mutuas, las cuales tienen unos márgenes millonarios de beneficio al tiempo que no dan cobertura.

Cabe añadir, además, que no ha habido por parte del Gobierno ni de las administraciones pertinentes un plan para combatir la precariedad ni laboral ni sanitaria. La sanidad púbica sigue siendo desmantelada, sufriendo privatizaciones continuas en sus distintos cuerpos, al tiempo que se subvenciona y protege a las mutuas, las cuales aprovechan esta situación para arañar ganancias como buitres. Tan siquiera el gobierno “progresista” ha tomado las medidas necesarias para frenar esta ola de accidentes laborales y dar salida a trabajadores como Javier.






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