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Últimos anuncios: medidas cosméticas para los sectores populares, grandes ayudas a los capitalistas

El Gobierno ha presentado este martes un paquete de medidas económicas y sociales que incluyen moratorias en el pago de alquileres y ayudas a sectores vulnerables. Sin embargo, son completamente insuficientes para el nivel de crisis que se está descargando en el pueblo trabajador.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 31 de marzo | 17:43

Con estas medidas, desde el gobierno de coalición tratan de dar respuesta a las exigencias expresadas días atrás por los autónomos, los inquilinos que no llegan a pagar el alquiler, los despedidos sin derecho a paro o las empleadas del hogar. Sin embargo, no parece que esas demandas vayan a ser resueltas por este Gobierno, cuyo objetivo continúa siendo contener el descontento con medidas cosméticas, mientras se atiende básicamente los intereses económicos de las grandes empresas del IBEX 35 y de los grandes capitalistas.

En la rueda de prensa en la que se han presentado las medidas celebrada este martes estaban presentes la ministra portavoz, María Jesús Montero, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias y la tercera vicepresidenta y ministra de economía, Nadia Calviño.

María Jesús Montero comenzó la rueda de prensa agrupando las medidas en tres grandes bloques de necesidades a las que atender. Habló en primer lugar de las ayudas a los inquilinos en régimen de alquiler, señalando que se dispondría de 700 millones de euros en créditos para el pago de estos. En concreto planteó que ese dinero iría a microcréditos sin intereses para los más vulnerables. A continuación, indicó que se había aprobado una moratoria de los pagos de la seguridad social a autónomos y pymes de hasta 6 meses. Y, por último, destacó que se habían aprobado ayudas para las empleadas del hogar que hayan ido directamente al paro o que hayan sufrido un recorte en sus ingresos.

A continuación, ha justificado las nuevas medidas más restrictivas de movilidad adoptadas por el Gobierno, como si se tratara de una ampliación del permiso de Semana Santa a siete días laborales. Aunque no lo olvidemos los trabajadores tendrán que recuperar esas horas de trabajo, por lo que a los empresarios no les supone ningún coste.

Ante las críticas desde las patronales y desde algunos Gobiernos de Comunidades Autónomas a estas mayores restricciones, las representantes del gobierno destacaron que en realidad se trataba de reducir la economía a un estado de hibernación, pero sin paralizar el tejido productivo. Todo ello con tal de no atacar los intereses económicos de las grandes empresas industriales, financieras y de servicios. La realidad es que, con casi 20 días de cuarentena, actividades tan poco necesarias ante la pandemia como la construcción o la fabricación de aviones o coches se han mantenido con actividad plena, y sin condiciones mínimas de seguridad sanitaria para sus trabajadores, siendo focos de contagio. En muchos casos, solo la resistencia decidida de las y los trabajadores en las líneas de producción llevaron al cierre de estas empresas.

De hecho, la ministra de economía destacó que el Real Decreto de ampliación de la actividad afectada por el cierre, en su artículo 4, habilita a que las propias empresas sean las que decidan qué trabajadores son esenciales, y en consecuencia tienen que seguir yendo al trabajo, y cuáles no. Así, mientras por una parte miles de ciudadanos son multados por asomar la nariz a la calle, a los trabajadores obligados a ir a trabajar por sus patronos, les basta con presentar una declaración responsable hecha por el propio empresario, que definen si esa actividad es esencial en estos momentos. Algo que definen, no tanto por razones de salud pública, sino de sus propios negocios. Es el caso, por ejemplo, de empresas ceramistas, que consiguieron que el gobierno las exceptuara del cierre, y que pidieron poder seguir funcionando para entregar pedidos hechos en el exterior.

Montero, para tratar de defender la gestión del Gobierno ante la crisis sanitaria, destacó la reciente llegada del material médico, y señaló que seguirían llegando otros. También se refirió a la reconversión que estaba realizando la Industria nacional para fabricar bienes sanitarios -respiradores, mascarillas, geles, etc.- indispensables para hacer frente al Covid-19. Pero esta es una “colaboración” que las empresas hacen de forma interesada, recibiendo cuantiosos créditos y facilidades a cambio, mientras millones de trabajadores ven reducidos sus salarios o van directamente al paro.

El gobierno se niega sin embargo a tomar una medida urgente, como es la intervención efectiva del sector sanitario, industrial, logístico y tecnológico, para ponerlo a producir bienes y servicios destinados a la lucha contra la pandemia del Covid-19. Todo lo que no sea eso resulta de facto un comportamiento capitalista criminal, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y el fallecimiento diario de cientos de personas, muchas de ellas abandonadas a su suerte al no poder ser atendidas por falta de camas en las UCI. Recordemos los últimos datos oficiales de este martes: 94.417 contagios registrados; 8.189 muertes y 5.607 personas ingresadas en UCI, siendo 1.652 en Cataluña y 1.514 en la Comunidad de Madrid. Cifras que suponen un colapso absoluto del sistema sanitario y el abandono a su suerte de muchos de los afectados en función de su edad o de sus patologías previas.

Los elogios al Ejército y a la Constitución de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias aseguró que se iba a centrar en las medidas de carácter social aprobadas, pero, en cambio, comenzó lanzando elogios a la tropa y la marinería del ejército imperialista español. Ejército que está realizando funciones de orden público en nuestras calles, y que solo puede tener como intención el amedrentamiento de la población, frente a la posibilidad de que se produjeran disturbios o resistencias sociales ante la crisis social, tal y como comienza a haber destellos en Italia.

Pero no quedó ahí la cosa, sino que además se embarrancó en elogios desorbitados, como viene haciendo durante las pasadas campañas electorales, a la Constitución española como garante de los derechos sociales sobre “bases democráticas para abordar esta crisis”. Defendiendo una vez más el Régimen del 78 como valedor por izquierda. Régimen que está afectado por la herencia franquista que le dio origen y por una crisis orgánica a gran escala del conjunto de sus instituciones, incluyendo a su máximo exponente, la monarquía que nada en la corrupción de las comisiones y las evasiones fiscales del rey emérito, de las que hizo partícipe al actual monarca Felipe VI.

A continuación, abordó las medidas concretas. Entre esas destacan las relativas al pago de los alquileres de los inquilinos. Señalando que lo que el Ejecutivo ofrece es la suspensión de todos los desahucios durante 6 meses para las personas que no tienen alternativa habitacional y la ampliación de los contratos de alquiler durante ese mismo período, para evitar subidas. Es decir, que ha tenido que producirse una emergencia sanitaria de consecuencias catastróficas para que el Gobierno “progresista” de coalición, haya aprobado la medida de prohibición de los desahucios, pero solo durante 6 meses (¡!), que vienen solicitando las organizaciones sociales. Además, ha informado de que se van a facilitar microcréditos al 0% de interés y a pagar en un plazo de 6 años, ampliables a 10 años, para aquellos que no puedan hacer frente al pago de sus alquileres. Lo que no deja de ser un endeudamiento, aunque ha señalado muy enfáticamente qué si no pueden pagar al final del tiempo establecido: “se hará cargo el Estado del pago del alquiler”. Este derecho irá dirigido a los trabajadores en proceso de ERTE, autónomos con reducción de ingresos o cese de actividad, despedidos, etc.

Asimismo, señaló que los grandes tenedores de propiedades inmobiliarias tendrán que sufrir, si se acogen a las ayudas, un 50% de quita de la deuda o aceptar una reestructuración de la deuda a 3 años. Pero eso sí, nada de exigirles, ni siquiera a los fondos buitre que se hicieron ilegítimamente con miles de viviendas públicas a precio de saldo, o a las famosas viviendas en manos de la SAREB, banco malo, cuyos activos tóxicos compramos entre todos, algún tipo de condonación directo de la deuda para los sectores más desfavorecidos y perjudicado por la crisis social generada por el Covid-19.

También destacó la ampliación de la moratoria del pago de las hipotecas, incluyendo el pago de los locales y oficinas de los autónomos. Y que los suministros básicos del hogar-luz, agua, gas, telecomunicaciones- no podrán ser cortados a nadie mientras dure la crisis sanitaria.

Por último, lo más destacado de su intervención, fue la miseria de 440 euros, 80% del IPREM, que serían los ingresos que van a recibir los trabajadores despedidos sin derecho a paro, y sin ningún tipo de subsidio. Ingresos que no se referencian ni tan siquiera al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), recién incrementado a 950 euros brutos.

También las trabajadoras del hogar recibirán el pago del desempleo, del que hasta ahora no tenían derecho, aunque lo venían reivindicando sus organizaciones representativas. Si bien la dificultad operativa de esta medida es evidente, porque la mayoría no tienen cotización de sus empleadores, son economía sumergida, y será difícil demostrar, incluso para las que lo tienen justificar las casas que les han rescindido o suspendido el contrato, que nunca es por escrito.

Posteriormente, habló la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se centró en los aspectos más económicos, demostrando más a las claras, las evidentes intenciones neoliberales del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en esta crisis. Así, ratificó que la decisión final sobre lo que se detiene o no en la producción está en manos de las grandes empresas. Señaló que no se podían perder clientes externos, con pedidos ya comprometidos, ni desde luego el mínimo de actividad para mantener las estructuras productivas, ni, en general lo que fuera necesario según criterio de los empresarios.

Y, por supuesto, nada de exigir que se ponga toda su capacidad productiva de manera inmediata al servicio de los bienes necesarios para atacar la crisis sanitaria del Covid-19. Terminó desgranando más ayudas, moratorias y apoyos a las empresas.

En definitiva, las medidas aprobadas siguen sin responder a las necesidades urgentes de una crisis sanitaria, económica y social muy grave, que ya amenaza con hundir a millones en el desempleo y la pobreza.

La crisis exige un programa de orientación anticapitalista que coloque como eje de actuación central la defensa de los intereses de la clase obrera y las clases populares, y no los beneficios de las grandes empresas.






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