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Un 7% menos de poder adquisitivo: La propuesta del Gobierno a los funcionarios

El Gobierno ha convocado la mesa de negociación con el fin de acordar la subida salarial de los empleados públicos con los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF), la cual se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Ainhoa Jiménez

Miércoles 28 de septiembre
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Foto: EFE

En este encuentro Hacienda propondrá una subida salarial del 3,5% que no tendrá una aplicación directa, sino que estará ligada a condiciones como el crecimiento económico o la tasa del IPC. Podría plantear, asimismo, para intentar lograr un acuerdo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración central, con la posibilidad de extenderla a toda la Administración General del Estado.

Esta medida de aumento salarial del 3,5% a los funcionarios es, sin embargo, del todo insuficiente si tenemos en cuenta que la tasa inflacionaria fue del 10,5% en agosto, y se prevé que a final de año pueda rondar en torno al 8,5% en el mejor de los escenarios.

Cifras que se encuentran muy por encima de la revalorización salarial del 2% que tuvieron los empleados públicos a comienzos de 2022 y que con la tímida subida del 3,5% que pretende proporcionarles el gobierno con el beneplácito de los sindicatos seguiría dejando a estos trabajadores públicos con una reducción de su poder adquisitivo entorno al 7%.

Pero no solo se queda corta la subida prevista de los salarios de los trabajadores públicos, sino que el SMI sólo subió un 1,6% cuando la inflación aún estaba en el 5,5% y ahora que la tasa inflacionaria se ha duplicado, el gobierno se encuentra negociando una subida que, en el mejor de los casos, podría acercarse a los 1.100 euros, atendiendo a la demanda de los sindicatos UGT y CCOO de un aumento del 3,5%.

A este respecto, la ministra de Trabajo tampoco propone una subida que se ajuste a la inflación para que los 8,8 millones de trabajadores que cobran el SMI dejen de perder poder adquisitivo, sino que se queda en sugerir una subida del 7,8%, todavía 2,5 puntos por debajo de la inflación. Lo mismo ocurre con las pensiones, que, a comienzos de este año, con todavía un 6,1% de inflación, experimentaron una subida del 2,5% las contributivas y un 3% las no contributivas.

Nada más que migajas que lejos de buscar poner remedio al empobrecimiento de la clase trabajadora, solo tienen la función de tratar de aplicar un barniz progresista al gobierno que ha demostrado en incontables ocasiones que solo es la junta que administra los negocios de los grandes capitalistas y que busca blindarse, en colaboración con las burocracias sindicales, frente a la posibilidad de un otoño e invierno del descontento con su consecuente conflictividad social.

Por ello es que ni están ni se esperan en la agenda del Ejecutivo, ni en la del ministerio de Trabajo, ni en las direcciones de CCOO y UGT medidas elementales para defender el poder adquisitivo de la clase trabajadora y no condenarla a la miseria, como el ajuste de salarios y pensiones al nivel del IPC o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 1.500€, complementadas con la escala móvil de salarios que pase por la inclusión de cláusulas de revisión salarial automáticas y mensuales en todos los convenios y contratos por fuera de convenio de acuerdo al aumento del IPC.

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Por si fuera poco, esta caída en picado hacia el pozo de la miseria de las condiciones materiales de la clase trabajadora se produce en un marco en el que los grandes capitalistas han aumentado con creces sus ganancias.

En primer lugar, las medidas que ha anunciado el Gobierno de PSOE-UP para intentar paliar la crisis, como el impuesto irrisorio y temporal impuesto a los bancos y compañías las eléctricas, son una burla para las mayorías sociales, puesto que no han afectado lo más mínimo a las grandes empresas del IBEX, cuyos beneficios en 2021 fueron de 21 mil millones en el caso de los 5 mayores bancos y 11 mil para las 4 principales eléctricas, mientras que el impuesto del gobierno solo supone una recaudación de 1500 y 2000 millones anuales respectivamente.

Pero, además, no es que no se hayan tocado los beneficios de los grandes capitalistas, que se están enriqueciendo con la crisis, como de costumbre, sino que los sueldos de los consejeros ejecutivos del IBEX aumentaron un 13,2% en 2021. Parece que la gran mentira neoliberal de que ajustar los salarios de acuerdo con la inflación genera más inflación tiene sus excepciones.

Si algo está claro, es que somos la clase trabajadora y los sectores populares quienes estamos pagando la subida de precios, lo que ha ocasionado la mayor pérdida de poder adquisitivo de la clase obrera en 20 años.

Ni en las burocracias sindicales, ni en las propuestas reformistas de Unidas Podemos, podemos encontrar los y las trabajadoras quien defienda nuestros intereses. Necesitamos pelear por subidas salariales que retornen lo perdido con la inflación, la actualización de los salarios y pensiones según el IPC, un SMI acorde al coste de la vida y el control de precios y registros contables públicos, o la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial para terminar con el paro, exigiendo a las direcciones sindicales un plan de lucha coordinado por estas demandas con la convocatoria inmediata de asambleas en los centros de trabajo y una huelga general como punto de arranque.

Pero para poner freno a este empobrecimiento de la clase trabajadora es necesario también acabar con la escalada militarista que constituye la razón de fondo de esta crisis, frenando el aumento presupuestario en Defensa ¡Abajo los presupuestos militares, arriba los salarios!


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