Sociedad

EMERGENCIA ENERGÉTICA

Un crimen social en la periferia de Madrid: “No tenemos luz y nos congelamos”

Más de 4000 personas, entre ellas 1800 niños, ya llevan más de tres meses sin luz y sin calefacción en La Cañada real de Madrid. Los Gobiernos y la empresa Naturgy miran para otro lado.

Miércoles 6 de enero | 10:14

Foto: Twitter Asociación Tabadol

Para recibir la noche de reyes y visibilizar la tragedia que están viviendo las familias en el barrio La Cañada, la asociación Boa Mistura y los grupos vecinales como Tabadol encendieron miles de velas con un mensaje muy claro: “Nos están apagando”.

Mientras los medios anuncian que está llegando a Madrid la tormenta de nieve más importante de las últimas décadas, las familias de La Cañada siguen sin luz, después de haber protestado varias veces frente a la empresa Naturgy y frente a la sede del Gobierno madrileño.

“Hartos de sobrevivir, queremos vivir”, decía una pancarta en una de las concentraciones que hicieron las mujeres de La Cañada, pero nadie quiere escucharlas. “Si tenemos frío nos ponemos malitos… Yo necesito la luz para hacer los deberes y ducharme con agua caliente…” escribía en una carta uno de los niños de La Cañada hace unas semanas atrás.

En estos meses sin luz, se han multiplicado los casos de intoxicaciones respiratorias por encender productos tóxicos para calentarse, además de varios casos de hipotermia entre bebés y niños. Estamos ante un crimen social y abandono de personas por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en primer lugar, pero también por el Gobierno español, que no ha hecho nada para revertir esta situación hasta ahora.

Desde la Comunidad de Madrid y la empresa Naturgy, solo se han lanzado campañas de criminalización de los habitantes de La Cañada, diciendo que se trata de “narcotraficantes y ladrones”, personas que por sus “actividades ilegales” se merecerían pasar por esta situación.

La realidad es que La Cañada es uno de los asentamientos más pobres de la periferia madrileña, con una mayoría de población migrante y sin papeles, que sobreviven, como decían en su pancarta, con trabajos precarios, cuando pueden conseguirlos.

En vez de dar una solución urgente a esta cuestión, desde el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, solo hacen declaraciones en los medios culpabilizando al Gobierno de Ayuso, el que obviamente es responsable en primera instancia. Pero ¿por qué no intervienen de forma decidida desde el Gobierno español? ¿Acaso esta no es una situación de emergencia tal que justificaría una política social de urgencia? ¿Cómo puede ser que se intervenga con medidas extraordinarias para limitar movimientos en medio de una pandemia y no se pueda intervenir para resolver esta situación aguda después de tres meses?

Y mientras se siguen destinando miles de millones de euros para salvar las cuentas de las grandes empresas, entre ellas Naturgy, no están dispuestos a poner lo que hace falta para que los niños de la Cañada no se congelen. De hecho, Naturgy ya ha adelantado decenas de solicitudes para quedarse con una parte importante del pastel de los fondos europeos de reconstrucción post-Covid, con ayudas de miles de millones. Una empresa multinacional que ha sacado ganancias millonarias en el negocio de la energía, desde la privatización del servicio, y que tiene una enorme presencia en América Latina. El crimen social que están llevando adelante en Madrid debería bastar para mostrar que la única salida progresiva es la nacionalización, sin indemnización, de las empresas de energía.

Hasta el relator Especial sobre Vivienda ante la ONU, Balakrishnan Rajagopal, ha pedido al Gobierno de Madrid y al Gobierno central soluciones urgentes. “La falta de electricidad no solo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, al agua, al saneamiento y a la educación”, señalan en su informe nueve relatores el pasado 22 de diciembre. También han exigido a las autoridades que “dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza”.

La regularización inmediata del servicio eléctrico en La Cañada real es una cuestión de emergencia social y es criminal seguir mirando para otro lado. Junto con esto, hace falta seguir la lucha por el derecho a una vivienda digna para todos, subsidios de emergencia para los parados y regularización de todas las personas migrantes. Solo así se podrá empezar a ofrecer una solución a las familias de la Cañada. Pero, para eso, hay que poner la vida por delante de las ganancias de las empresas.






Temas relacionados

Isabel Díaz Ayuso    /   Gobierno de coalición PSOE-UP   /   Energía   /   Madrid   /   Sociedad

Comentarios

DEJAR COMENTARIO