Política Estado Español

CORRUPCIÓN

Un cuadro de Goya y el penúltimo caso de corrupción del PP

Continúa la historia de corrupción que gira en torno al fraude cometido por Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro, con la venta de un cuadro de Goya.

Lunes 13 de septiembre | 14:44

Esta vez, la cuñada de Aguirre, como un personaje de una novela de terror romántica dispuesta a confesar un crimen, le relata a sus sobrinos la «bonita historia» que envuelve el retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero.

Para quienes lleguen tarde, ponemos en antecedentes. El matrimonio Ramírez-Aguirre vendió en 2015 este cuadro de Goya perteneciente a la familia Conde de Bornos.

El cuadro había pertenecido al suegro de Aguirre, que murió antes de poder donar todo su patrimonio. La Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de Aguirre, había rebajado los impuestos por donación hasta un 99%. Esto sirvió para que el fallecido Conde de Bornos pudiera traspasar su más que millonario patrimonio, fruto de generaciones de terratenientes y empresarios, a sus respectivos hijos eludiendo tener que pagar a Hacienda.

El problema, como dijimos, es que no dio tiempo a donarlo todo. Esperanza Aguirre y Ramírez, lejos de asumir los impuestos, engañaron a la familia y estafaron a la Agencia Tributaria. Tras verificar la autoría del cuadro y alegar deudas, lograron venderlo al Banco Santander a través de una retorcida red de influencias y corrupción.

Aguirre, por entonces presidenta de Madrid, bloqueó toda posibilidad de las instituciones de Patrimonio, como el Museo del Prado, para hacerse con él y, gracias a un conocido en las redes corruptas del PP, Villar Mir, consiguió rentabilizar la venta del Goya.

El problema es que la familia, igual de aristócratas y podridos que ellos, se dieron cuenta de la falta del cuadro, que era un tesoro para la familia. El hermano de Fernando se querelló contra el matrimonio por el cuadro. Esto hizo saltar la libre y Haciendo puso en el punto de mira de Aguirre y su marido.

Para eludir el impuesto de sucesiones, con los intereses añadidos, además de evitar la querella, el matrimonio alegó una hipotética «donación verbal» por parte del antiguo Conde de Bornos, cuya firma notarial es de dos años después de la muerte del mismo.

Llegados a este punto, el matrimonio estaba intentando tapar con nuevos fraudes un fraude ya cometido, un fraude que implica una evasión millonaria y la especulación con un cuadro con interés histórico y cultural. El total de delitos cometidos incluyen estafa, blanqueo, apropiación indebida, delito contra Patrimonio histórico, falsedad documental y fraude fiscal.

A este tropel de malversaciones y delitos hay que sumar, ahora, un audio de la hermana de Fernando. Esta grabación fue enviada a sus sobrinos, los hijos de éste, con el objetivo de que conozcan la verdad del caso.

En esta grabación relata cómo Aguirre, abordada por deudas, requería el patrimonio de su suegro para saldarlas, y cómo el cuadro de Goya, que supuestamente valía unos pocos miles de euros pasó a ser valorado en millones.

Inflaron la cuenta de la donación para encubrir el cuadro de Goya, empleando para ello objetos ya en propiedad de Fernando. Con la complacencia del notario y antiguo albacea del suegro de Aguirre, se inventaron la donación que los ha conducido a los tribunales.

Lo más interesante del caso no es el culebrón familiar. Después de todo no son más que aristócratas peleando por un patrimonio que no han conseguido, precisamente, trabajando. Lo es, en cambio, la cooperación de todos los agentes, tanto familiares, como empresas e instituciones.

Si valoramos las condiciones del fraude, nos damos cuenta que la ley ampara a los ricos, a los empresarios y familias pudientes a poder evadir las pocas obligaciones que tienen para con la ciudadanía (como pagar impuestos). La grabación de la cuñada de Aguirre demuestra a la perfección que todos los pasos por los que hay que pasar para evitar a la ley son posibles si consideramos una familia poseedora de grandes propiedades, una nuera metida en política que puede hacer y deshacer en cuanto a legislación de impuestos se refiere y las consecuentes negligencias del juicio.

Con esto último nos referimos a que el caso se está limitando a un juicio sobre evasiones fiscales, pero no se habla de cómo empresas e instituciones actúan siempre en beneficio de las grandes fortunas. Por medio de Aguirre tenemos un albacea, una casa de subastas, un mediador empresario que blanquea el cuadro para que acabe propiedad de un banco, y sus propios cargos políticos.

Tampoco se habla de la especulación del patrimonio, un negocio que cada vez infla más los bolsillos de los más ricos. Y no nos referimos sólo a los contrabandos de cuadros, sino a cesiones para construir sobre lugares protegidos, la explotación de reservas naturales o culturales (recordemos el Palacio Romano de Córdoba, destruido para dejar paso al AVE, o las Tablas de Daimiel, cada vez más mermadas por la agricultura intensiva de los campos colindantes).

El caso de Aguirre es ejemplo de esta destrucción pública (y de las pérdidas fraudulentas que sufren las arcas por el camino) en pos de los beneficios de los grandes terratenientes y empresarios; un mal que no acabará mientras el capitalismo impere como orden social y económico.






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