Política Estado Español

CRISIS VIVIENDA

Un decreto que frena temporalmente los desahucios, pero recompensa a los fondos buitres

Después de meses de postergaciones, el gobierno de coalición ha anunciado este martes el decreto de paralización de desahucios, con importantes concesiones a los grandes tenedores.

Martes 22 de diciembre de 2020 | 18:15

Después de meses de pandemia y crisis, durante los cuales miles de familias fueron expulsadas de sus viviendas, sin alternativa habitacional de ningún tipo, el Gobierno ha anunciado el decreto para frenar los desahucios provisionalmente hasta mayo, mientras dure el Estado de alarma. Junto con esto, se prohibirá el corte de suministro a las familias más vulnerables.

Evidentemente, para muchas familias que se encuentran en una situación límite, esto abre una esperanza de no ser expulsados de su vivienda en los próximos meses. Y desde el gobierno lo han anunciado como gran medida social en una especie de “campaña de navidades”.

Sin embargo, la realidad es mucho más limitada, y el propio decreto trae trampa. Lo primero es que se acota a la duración del Estado de alarma. Después de eso, volverá la “normalidad” de la expulsión de familias pobres que no puedan pagar el alquiler.
Pero además, se recompensará a los grandes tenedores y fondos buitres, mientras se paralice el desahucio, con dinero público que ira a alimentar sus arcas, en vez de ser invertido en sanidad, educación o servicios sociales.

Estas ayudas a los grandes propietarios serán iguales al precio medio de los alquileres de la zona en que se encuentre el piso, y se prolongará durante los meses en que esté paralizado el desahucio. Si prestamos atención a quiénes son los grandes tenedores en el Estado español nos encontramos, fundamentalmente, con bancos y fondos buitre.

“Si eres un fondo buitre y te obligan a parar un desahucio, el Estado te paga. Si eres un autónomo y te obligan a cerrar el bar, te fastidias. Parar los desahucios, sí. Pero no a costa de rescatar con dinero público a quien especula en plena pandemia” decía en un hilo de tuit Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos.

“No había ninguna necesidad de dar nuestro dinero a quien especula en plena pandemia, solo porque *aplaza 5 meses* los desahucios de familias en situación crítica. Volver a rescatar a bancos, fondos y grandes rentistas mientras tanta gente pierde su trabajo es una vergüenza”.

En el mismo sentido, Javier Gil del Sindicato de Inquilinos sostenía: “Hoy es un día muy importante porque se van a paralizar los desahucios. Pero no es suficiente. Ahora toca: regular el precio de los alquileres, sancionar la vivienda vacía, eliminar los privilegios de los fondos buitre. Necesitamos ya una Ley de Vivienda”.

Durante estos meses, miles de desahucios se han aplicado, mientras que otros han sido suspendidos, solo gracias a la acción de grupos vecinales y plataformas antidesahucios. ¿Qué pasará con todas esas familias que perdieron su casa?

Por otro lado, en lo que hace a frenar el corte de suministros de familias vulnerables, no está del todo claro quiénes se podrán acoger a esta normativa, y se teme desde diferentes organizaciones que el decreto vaya a dejar a muchas familias pobres por fuera. De hecho, se viven situaciones muy graves como la de las familias de Cañada del Real, sin electricidad, que hace semanas vienen exigiendo una solución a una situación que ya es extrema, en pleno invierno.

Pablo Iglesias decía en sus redes sociales: “Este decreto no es la panacea, pero va a ayudar a muchas familias a pasar este año tan duro y tan difícil”.

El líder de Podemos pretende presentar este decreto como lo mejor que se podía conseguir, y además construye el relato de que esto demuestra lo valioso de su rol en el gobierno con el PSOE, presionando para tomar más medidas sociales.
Sin embargo, la realidad es otra. Por un lado, porque para las familias solo representa un parche temporal, sin solucionar su situación de miseria y vulnerabilidad. Pero, por el otro, porque representa una enorme concesión a los grandes propietarios fondos de inversión, los únicos que pueden entender esta ley como una “panacea”, ya que el Estado les garantizará sus fondos.

Los grandes tenedores habían cuestionado en estas semanas la posibilidad de que “el Gobierno traslade al sector privado un problema cuya resolución debe partir del ámbito público”, según el diario El Mundo. La realidad es que el sector público socializa las pérdidas del sector privado, asegurando los beneficios de bancos y fondos. Estos particulares con ingresos millonarios no sólo no pierden ni un céntimo, sino que son rescatados de forma indirecta a través de estas ayudas pagadas por los contribuyentes: la clase trabajadora y los pequeños autónomos, los cuales ya llevan padeciendo la crisis durante meses.

El Gobierno del PSOE-Podemos solo está dispuesto a poner parches cosméticos frente a la grave crisis social que afecta a miles de familias trabajadoras, porque no piensa traspasar ni un milímetro los sagrados derechos de la propiedad capitalista. Para dar una salida de fondo a la cuestión de la vivienda es necesario empezar por expropiar las viviendas vacías e imponer la recuperación de todo el dinero que se ha llevado la banca. O pagan ellos, o seguirá pagando el pueblo trabajador.






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