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Una Diada que confirma el rechazo a los partidos procesistas

La Diada de este 11 de septiembre deja en claro el descontento de amplios sectores del movimiento independentista con la hoja de ruta autonomista de los partidos procesistas. Hay que poner en marcha una izquierda con independencia de clase e impulsar grandes movilizaciones para lograr la autodeterminación y la amnistía.

Arsen Sabaté

Martes 13 de septiembre
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La Diada 2022 ya ha pasado, y con ella la manifestación de la tarde convocada por la Asamblea Nacional Catalana, todo sin dejar indiferente a nadie y de la que se pueden sacar numerosas conclusiones.

La primera es, seguramente, que si bien este año no se ha llegado a lograr números aproximados a las diadas de los años 2017 o 2018 en las que la asistencia llegó al millón de personas, o menos aún las de 2012 o 2014, en las que se rebasó el millón y medio de manifestantes, este 11 de septiembre se han superado las previsiones incluso más pesimistas, superando los 700.000 participantes, según los propios organizadores.

La conclusión más significativa de la jornada de este 11 de septiembre, pero, es que en la manifestación de la Diada muchos sectores de la misma expresaron de forma profunda su descontento con la dirección del “processisme”. Durante la multitudinaria manifestación, miles de personas hicieron explícito este rechazo con pancartas y carteles contrarios a ERC y Junts, así como silbidos y gritos contra a la hoja de ruta pactista para una salida negociada con el Estado español.

Bien es verdad que más allá de acusaciones irrelevantes entre los propios partidos procesistas como las que se han cruzando en las semanas previas a la Diada o declaraciones en las que los mismos se autodefinen como expresión del "independentismo mayoritario", el propio gobierno catalán evidenciando más que nunca el retorno al autonomismo, negociando traspasos de competencias e infraestructuras a cambio de vender las aspiraciones independentistas del movimiento democrático catalán en tablas de diálogo o reuniones bilaterales con el gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

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Todo esto, además, en un contexto de crisis mundial a seis meses del inicio de la guerra en Ucrania, una crisis energética galopante y una inflación desbocada que se está comiendo los jornales en toda Europa y que en el Estado español se eleva hasta un 10,4% de la subida de precios, frente a poco más del 2,5% de los salarios.

A todo esto, los mismos partidos procesistas no han negado que participarán de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que vienen firmados por adelantado desde el gobierno del PSOE y Podemos como los presupuestos del aumento del gasto militar para conseguir el 2% del PIB en 2030, duplicando la partida actual de acuerdo con las exigencias de los Estados Unidos y el OTAN.

El verdadero objetivo tanto de ERC como de Junts, por mucho que se llenen la boca en los días especiales de la defensa del derecho a la autodeterminación y la amnistía, no es más aquello que tanto el Cercle d’Economia y Foment anhelan recuperar y que sus representantes políticos no han parado de buscar desde las últimas dos legislaturas de deriva autonomista.

Por otro lado, desde ANC se volvió a determinar al finalizar la manifestación de la Diada, la posibilidad de una lista cívica que participe de las próximas elecciones catalanas, al decir su presidenta Dolors Feliu que "hace diez años que estamos en la calle. Si este gobierno y este parlamento se giran de espaldas, hay bastante grosor en este país para hacer una lista cívica que sirva para hacer la independencia. La haremos democráticamente. Está en nuestras manos de cambiar”.

No obstante, una lista impulsada por ANC en ningún caso significaría que la dirección del movimiento independentista diera un giro de 180° respecto a la hoja de ruta “processista” de los últimos años. Como máximo esta lista podría servir para presionar todavía más a los partidos porque estos sigan velando sus propios objetivos. Y es que desde los inicios del “processisme”, ahora hace diez años, tanto ANC como Òmnium Cultural han actuado como transmisión en las calles de la misma hoja de ruta de los partidos.

Y por su parte, la CUP, después de haber votado en contra de los presupuestos del gobierno del 2022, se ha reubicado como una fuerza política a la oposición. No obstante, se ha negado también en todo momento a romper el acuerdo de investidura con ERC y que da estabilidad en el gobierno catalán. Más allá de la política parlamentaria, de los discursos de crítica hacia el gobierno de ERC y Junts, la formación cupaire no ha articulado una verdadera oposición a la hoja de ruta “processista” que pase para movilizar las calles que pueda revitalizar el movimiento independentista.

La hoja de ruta de los partidos “processistes” solo sirve a los intereses de la burguesía catalana en busca de una renovada relación fluida con los círculos de poder y económicos del Estado español, preparando el terreno para ayudar también a descargar la próxima crisis sobre la clase trabajadora.

Frente a esta situación, la única salida para un verdadero embate con el Estado español es poner en pie una izquierda fuerte que levante el derecho a la autodeterminación y la amnistía ligados a un programa anticapitalista y anti-imperialista contra la crisis económica y energética bajo una perspectiva de independencia de clase, impulsar movilizaciones en las calles que no estén controladas por los mismos partidos “processistes” y enfrentar el Régimen del 78.


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